España, El país se moviliza contra la medidas de Rajoy

Imagen de la manifestación de Madrid. El País

Multitudinarias manifestaciones han recorrido este sábado las calles de 55 ciudades españolas, convocadas por la Cumbre Social contra los recortes del Gobierno, que han contado también con el apoyo de los partidos de la oposición. Las manifestaciones, encabezadas con el lema "Juicio a la banca, Salvemos lo público, Salvemos las pensiones, Salvemos a las personas", han concluido sin incidentes.
Miles de personas han salido a las calles para hacer un balance demoledor de los dos primeros años de gobierno del Partido Popular. Las mareas ciudadanas, los colectivos profesionales, espontáneos, junto a sindicatos y una representación moderada de los partidos de izquierda se han unido con un grito común: "tenemos que cambiar las cosas".
"Aunque hoy se ha desarrollado el grueso de las manifestaciones convocadas por la Cumbre Social, que aglutina a mas de un centenar de organizaciones entre las que están UGT, CCOO o USO, aun mañana domingo habrá otras. El centro de la protesta es el mismo en toda España: una enmienda a la totalidad de todas las acciones del Gobierno. Entre los manifestantes unos ven en peligro la sanidad pública, otros la investigación, muchos la cultura y todos el paro y la precariedad laboral", publicaba el diario El País en su página web.
La manifestación de Madrid, convocada por la Cumbre Social, en defensa de los servicios públicos y las pensiones, arrancó pasadas las doce y media del mediodía del Paseo del Prado, donde miles de personas se sumaron a la marcha, que culmina en la Puerta de Alcalá.
Miles de personas han secundado la movilización en Madrid, encabezada por trabajadores de la limpieza, profesores, personal sanitario y empleados de los servicios sociales, y a la que han asistido los secretarios generales de los sindicatos UGT, CCOO y USO, Cándido Méndez, Ignacio Fernández Toxo y Julio Salazar, respectivamente.
Además de Madrid, entre las ciudades que han registrado las marchas más numerosas -y que han transcurrido sin incidentes remarcables- destacan Bilbao, Valladolid, La Coruña, Toledo, Pamplona, Santander, Badajoz, Logroño y Palma de Mallorca.
A última hora de ayer, sábado, las movilizaciones continuaron en la Comunidad Valenciana, Aragón y la Región de Murcia, mientras que hoy, domingo, tomarán el relevo los manifestantes de Andalucía,
Cataluña y Asturias.

En todas las manifestaciones han estado presentes los recortes en los servicios públicos, como educación y sanidad, y los problemas laborales por los que atraviesan muchos trabajadores, amenazados por despidos y recortes salariales.
Las marchas han tenido lugar en el marco de la movilización promovida en toda Europa por la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y que en España convoca la Cumbre Social, integrada por UGT, CCOO, USO y plataformas sociales, profesionales y culturales.
"Es una manifestación que pretende denunciar que el Gobierno se ha saltado en dos años todas las líneas rojas que dijo que no traspasaría, como son la educación, la sanidad o las pensiones", ha explicado Mari Nieves Lozano, miembro de la Marea Blanca por la Sanidad y de la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública, durante la rueda de prensa convocada por las diferentes mareas para explicar las marchas.
En todas las manifestaciones partidos políticos y sindicatos se diluyeron entre la marea de colectivos que fueron los verdaderos protagonistas. Cientos de personas con pequeñas pancartas artesanales y con muchas banderas republicanas.
En estos momentos varios miles de personas se manifiestan desde poco antes de las 12:30 horas de hoy por el centro de Barcelona en contra de la austeridad y los nuevos recortes previstos en el Presupuesto del gobierno catalán para el 2014, que juzgan "antisocial", según informa el periódico catalán La Vanguardia.

Cabecera de la manifestación contra unos presupuestos "antisociales" en Barcelona ACN

"Paremos unos presupuestos antisociales" es el lema de la pancarta que abre la manifestación, a la que se van sumando diversos colectivos desde otras calles que confluyen con el paseo de Gràcia conforme los participantes descienden por el mismo, hacia la plaza Catalunya y el Pla de Palau, donde se prevé que finalice.
Gritos y lemas a favor de una nueva huelga general, de que se juzgue a representantes de los bancos y otras, como "Nos están hundiendo el país", son coreadas por parte de los participantes, muchos de ellos miembros de los sindicatos, vecinos de barrios barceloneses y yayoflautas (como se denominan a los manifestantes de más edad o adultos mayores).

España está viviendo una avalancha de protestas, concentraciones y manifestaciones que el Gobierno piensa atajar con la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que tiene previsto sacar del horno en el Consejo de Ministros de este viernes. La reforma impondrá elevadas multas y castigos a quienes protesten fuera del camino marcado por las autoridades. Y los expertos advierten de que bordea peligrosamente los límites que delimitan algunos derechos fundamentales.
Esa Ley representa un paso atrás en los derechos y libertades de los ciudadanos españoles, que recuerda más a los países autoritarios que a los democráticos. Quizás el reflejo de una nostalgia que, a pesar de los años pasados, algunos no quieren dejar para atrás.
"La propuesta convertirá los escraches, la grabación y difusión de imágenes de policías en acto de servicio, las protestas sin permiso ante el Congreso, el Senado, los parlamentos autonómicos y los tribunales en faltas administrativas “muy graves”, multadas con hasta 600.000 euros, de acuerdo con el borrador que manejaba esta semana el Ministerio del Interior. Alterar el orden público con capucha o insultar a un policía en el transcurso de una manifestación será considerado falta “grave” y conllevará una sanción de 1.000 a 30.000 euros", informa la web del diario El País.
"Es un absoluto disparate y parece un código disciplinario para militarizar la sociedad", resume el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín.
La ley tiene un único objetivo ahogar la protesta ciudadana, acallar las voces que, diariamente, se alzan contra la gestión gubernamental del Partido Popular.
"El Gobierno está utilizando la policía para protegerse de las acusaciones de corrupción. Una ley así les blinda más que un coche oficial", exclama Manuel Ballbé, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Manifestantes se sientan frente a un nutrido despliegue policial al lado de Congreso de los Diputados. / Bernardo Pérez