Estados Unidos, Johnson & Johnson pagará una multa de más de 2.000 millones de dólares por publicidad engañosa y sobornos

La multinacional Johnson & Johnson acordó ayer con el Departamento de Justicia de EEUU el pago de una multa de más de 2.200 millones de dólares (unos 1.630 millones de euros) por promocionar tres medicamentos para usos distintos para los que fueron autorizados.
El acuerdo, uno de los más onerosos de la historia de Estados Unidos contra una empresa del sector sanitario por fraude, implica el pago de multas por conducta criminal y violación del Código Civil.
Johnson & Johnson pagará esa cantidad para resolver los cargos de que la empresa comercializó medicamentos para usos no aprobados y pagó "comisiones" a los médicos y a hogares de ancianos.
El Departamento de Justicia anunció ayer lunes las sanciones que incluyen multas y confiscación en el gobierno federal y varios estados. Se trata de los medicamentos para el tratamiento de la esquizofrenia Risperdal e Invega y para el tratamiento de la insuficiencia cardiaca Natrecor, dijeron la empresa y el Fiscal General Eric Holder.
En concreto, el acuerdo incluye el pago de multas criminales y decomisos por importe de cerca de 360 millones (485 millones de dólares) y acuerdos civiles con el Gobierno federal y varios estados por valor de 1.273 millones (1.720 millones de dólares).
La empresa y dos subsidiarias "se forraron los bolsillos a expensas de los contribuyentes y pacientes norteamericanos y de la industria privada de los seguros", dijo Holder durante el anuncio del convenio de 2.200 millones de dólares, según informa la CNN.
La sanción asciende a uno de los acuerdos más altos relacionados con la asistencia sanitaria en el país, dijo el Departamento de Justicia.
En 2011, Johnson & Johnson pagó al estado de Arkansas 1.200 millones de dólares millardos en multas por 239.000 violaciones a la Ley de reclamos falsos y 4.600 violaciones a la Ley de prácticas comerciales fraudulentas por la comercialización de Risperdal.
Johnson & Johnson defendió a Risperdal como "segura y efectiva en sus indicaciones aprobadas" y dijo que dos décadas de investigación demuestran que es "una opción importante de tratamiento a las personas con enfermedades mentales serias".
Risperdal fue aprobada para el tratamiento de la esquizofrenia, pero fue comercializada a los médicos como tratamiento para la demencia en los pacientes ancianos. La empresa también sabía que los pacientes que tomaban el medicamento tenían un riesgo mayor de desarrollar diabetes, pero no reconoció públicamente este riesgo.
La empresa promovió en parte el medicamento en los hogares de ancianos al enviar farmacéuticos pagados para revisar los registros de los pacientes.
"Aunque los farmacéuticos consultores pretendían proporcionar recomendaciones 'independientes' en base a su juicio clínico, J&J veía a los farmacéuticos como una 'extensión del equipo de ventas' (de la propia empresa)", comunicó el Departamento de Justicia.
Johnson & Johnson y otra subsidiaria también comercializaron Risperdal e Invega como seguras para los pacientes ancianos, una afirmación que la FDA considera "engañosa". Esto se realizó en parte por medio de un "equipo de ventas de ElderCare (cuidado de las personas de edad avanzada)", según dijeron funcionarios federales.
El medicamento para el tratamiento de la insuficiencia cardiaca, Natrecor, fue comercializado como tratamiento a pacientes con insuficiencia cardiaca menos severa que la que se menciona en su aprobación de la FDA, de acuerdo con la declaración del Departamento de Justicia.
El acuerdo incluye los pagos de Johnson & Johnson, así como los de sus subsidiarias Janssen Pharmaceuticals y Scios, al gobierno federal y a varios estados. Janssen también se defenderá por un delito menor de promoción errónea de marca.
Desde 1999 a 2005, J&J y su subsidiaria Janssen Pharmaceuticals promocionaron el Risperdal para usos no aprobados, entre ellos el control de la agresión y la ansiedad en pacientes mayores con demencia y en el tratamiento de trastornos del comportamiento en niños y en personas con discapacidades, según la demanda.
La queja agrega que la comercialización de productos para usos no indicados en sus etiquetas llevó a que los programas de seguros del Gobierno estadounidense tuvieran que pagar cientos de millones de dólares por solicitudes no cubiertas.
El fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, ha asegurado que la conducta denunciada en este caso "pone en peligro la salud y la seguridad de los pacientes" y daña la confianza de los ciudadanos.
"Esta resolución multimillonaria demuestra el firme compromiso del Departamento de Justicia para evitar y combatir todas las formas de fraude sanitario. Y prueba nuestra determinación de hacer rendir cuentas a cualquier empresa que incumpla la ley y se enriquezca a costa de los ciudadanos estadounidenses", ha añadido.
El comportamiento de J&J "puso en peligro temerariamente" la salud de niños, pacientes con demencia y otros a los que se les había prescrito el medicamento cuando solo estaba aprobado por los reguladores para tratar la esquizofrenia, según Holder.