Sudán: El oro sangriento de Darfur, la violencia tribal y la represión gubernamental

Reuters

"Con sus matorrales, caminos sin pavimentar y chozas de adobe, la zona de Jebel Amer en Darfur, al Oeste de Sudán, puede parecer un lugar pobre y desolado. Bajo su suelo sin embargo se encuentra un metal muy valioso, buscado por la gente en todas partes: Oro. En el último año ese metal precioso ha comenzado a alterar la naturaleza del conflicto en Darfur, transformándolo de lucha étnica y política en, un lucha por ese metal precioso", así comienza un artículo de la agencia Reuters del pasado mes de octubre.
El cierre de una mina de oro en el norte de Darfur (región al oeste de Sudán) está causando un auténtico baño de sangre. Desde principios de año, son más de 800 los muertos y 150.000 los desplazados en los conflictos entre guerrillas y tribus que luchan por el control de la mina de oro Jebel Amer.
El conflicto se profundizó tras la decisión del gobierno de clausurar la mina, el pasado mes de octubre, tras un derrumbe parcial, que dejó más de cien muertos el pasado mes de mayo.
Durante varias semanas, varios equipos de bomberos y profesionales de rescates trabajaron para rescatar con vida a los mineros atrapados en los pozos hundidos.
La decisión del gobierno de cerrar la mina ha sido la nueva chispa que ha encendido la mecha en una región asolada por las guerras desde hace varias décadas. Darfur es el símbolo de las matanzas y limpiezas étnicas, dando lugar a terribles guerras y sucesivas hambrunas. Hasta el año pasado, el conflicto estaba protagonizado por el ejército del presidente Omar Hassan al-Bashir y tribus de corte islamista.
Tras el abandono por parte del gobierno de la mina los diferentes grupos étnicos comenzaron las hostilidades para hacerse con el control de la misma y apropiarse de la riqueza. 

Foto Marcus Bleasdale/Human Right Watch, vía Allafrica.

Desde 2003, los muertos en Darfur ascienden a 200.000 personas y cerca de dos millones de personas han huido de sus casas. Según el Derecho internacional, estas acciones son crímenes contra la humanidad y así lo considera el Tribunal Internacional de La Haya, el cual acusó a Hassan al-Bashir de delitos de genocidio. En 2009 fueron rechazadas estas acusaciones, dejando cerrado el frente judicial pero no el político.
Estos sucesos ponen en tela de juicio a los objetivos del régimen militar gobernante, cuyo objetivo era producir hasta 50 toneladas de oro en 2013, convirtiéndose en el tercer mayor productor de oro del continente africano e introducirse dentro de los quince mayores países productores de oro del mundo. Con este planteamiento, Sudán quería compensar la pérdida de riqueza natural que supuso la independencia de Sudán del Sur hace dos años, quedando en la región independiente más de las tres cuartas partes de la riqueza de petróleo del país.
Los choques internos entre miembros de la tribu árabe de los Abbalas y entre estos y los de la de Beni Hussein han causado más de 800 muertos y desplazado a más de 150.000 personas desde el pasado enero. En los mismos han muerto hombres, mujeres y nños indiscriminadamente. Siempre con un objetivo: el control del oro.
La cifra de muertos en las luchas por el control de las minas de oro representaron más del doble del número de los muertos por los enfrentamientos entre el ejército, los rebeldes y las tribus rivales en Darfur en 2012, según dijo el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, al Consejo de Seguridad en su informe trimestral el pasado mes de octubre, informaba la agencia Reuters.

Adolescentes desplazados realizan sus tareas en el campamento de El-Fashir. Reuters

Por otra parte, la misión de paz conformada por la Unión Africana y las Naciones Unidas señalaron que 300.000 personas han sido desplazadas por enfrentamientos entre grupos étnicos en los últimos cinco meses.
"En los últimos tres meses, MSF ha tratado a más de 80 pacientes heridos de bala. El nivel de violencia es extremadamente preocupante y nuestro equipo suele trabajar contrarreloj las 24 horas para estabilizar y referir a los pacientes con heridas de consideración" explica Jason Mills, Jefe de Misión de MSF en Chad, en la página web de esa organización.
La crisis humanitaria es el resultado directo del deterioro de la situación de seguridad en algunas zonas del centro de Darfur, que ha provocado el desplazamiento de unas 50.000 personas a Chad desde principios del año, según expresa la organización Médicos Sin Fronteras.
Funcionarios y diplomáticos de la ONU dijeron a Reuters que el gobierno es cómplice de la violencia, alentando al menos a un grupo de la milicia para tomar el control de las minas, una acusación que el gobierno niega.
Según un informe editado por Simon Robinson y Richard Woods, el actual repunte de violencia en la región se debe, en gran parte, a la proclamación de la independencia de Sudán del Sur en 2011, acto que llevó a que Sudán perdiera gran parte de su producción de petróleo y que su economía sufriera una pérdida estimada en 7.000 millones de dólares, lo que representa, según el Banco Mundial, una reducción de un 10% de su Producto Interior Bruto (PIB).
Para sustituir al petróleo, el gobierno de Jartum ha animado a la gente a cavar en busca de oro. Ahora, medio millón de buscadores recorren Darfur, en el norte del país, con detectores de minas, u otras herramientas más rústicas, según el Ministerio de Minería. La fiebre del oro ayudó a aumentar la producción en un 50 por ciento el año pasado a alrededor de 50 toneladas, por lo que Sudán ha pasado a ser el tercer productor más grande de África, equiparándose con Malí, después de Sudáfrica y Ghana, según los datos oficiales y las estimaciones de los expertos.
"El gobierno está tan desesperado por el oro que ellos están dispuestos a avivar los conflictos para conseguir las minas artesanales bajo su control", dijo Magdi El Gizouli , miembro del Instituto del Valle del Rift , un think tank con sede en Londres y Nairobi.
Por otra parte, al menos cien personas murieron en enfrentamientos entre dos tribus árabes en la región sudanesa de Darfur, donde las distintas tribus mantienen disputas por las zonas de pasto y los recursos hídricos. Los hechos ocurrieron durante el pasado mes de agosto en la zona de Adila, en el estado occidental de Darfur del Sur, donde miembros de la tribu rizaigat lucharon contra miembros de la tribu ma'liya, según informó una fuente de los rizaigat, tras los enfrentamientos, a la agencia de noticias china Xinhua, y recogía la agencia Europa Press.
Los conflictos por ganado o terrenos de pastos también son habituales en algunas zonas de Darfur.
También la represión hacia la población en sus protestas antigubernamentales son una constante en el país, teniendo su punto álgido, de unas protestas que se iniciaron el 23 de septiembre pasado, durante la noche de 30 de septiembre al 1 de octubre.

La International Federation for Human Rights (FIDH) y Amnistía Internacional denunciaron el pasado mes octubre la "represión sangrienta" de las protestas por parte de las fuerzas de seguridad de Sudán, donde en la última semana de septiembre, al menos, 170 personas murieron, centenares resultaron heridas y más de 800 fueron arrestadas.

Por ello, solicitaron a la Unión Africana que enviase una misión urgente para investigar las acciones de las fuerzas de seguridad sudanesas sobre la población civil.

También denunciaron que periódicos y medios de comunicación fueron suspendidos o censurados, al tiempo que miembros de la oposición política, activistas y periodistas fueron detenidos sin garantías judiciales.

La FIDH y su filial en Sudán, African Centre for Justice and Peace Studies (ACJPS), condenaron estos "asesinatos y serias restricciones a los derechos y libertades fundamentales por parte de las autoridades sudanesas".

La organización instó a la Unión Africana a investigar estas "violaciones de los derechos humanos".

"La comunidad internacional con frecuencia ha dado respuestas inadecuadas a las serias violaciones de los derechos humanos en Sudán. La Unión Africana debe dar un paso adelante y responder a la crisis actual enviando urgentemente una misión de investigación", declaró el presidente de FIDH, Karim Lahidji.

Tras la represión AI emitió un comunicado, en su página web, en el que expresaba su temor por la vida de los detenidos. "Tememos que los cientos de personas detenidas o en paradero desconocido corran grave peligro de sufrir tortura u otras formas de malos tratos. Los detenidos permanecen en régimen de incomunicación, sin acceso a abogados o familiares", se podía leer en el mismo.

En el vídeo se pueden observar un conjunto de fotografías capturadas a lo largo de los años en esa zona, algunas son de una gran crudeza, por su fiel reflejo de la realidad de esa región de Sudán, uno de los países más pobres del mundo, y que además tiene que convivir con los conflictos tribales y la represión contra la población.