La mayoría oficialista del Parlamento venezolano aprobó el pasado martes la retirada de la inmunidad parlamentaria a la diputada opositora María Aranguren, acusada de corrupción, lo que la oposición ha denunciado como una maniobra que abría la puerta a la aprobación de la 'Ley Habilitante' que otorga al presidente Nicolás Maduro poderes especiales para legislar.
"Aprobado el allanamiento a la inmunidad parlamentaria a la diputada María Mercedes Aranguren", ha anunciado el oficialista Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, después de pedir a los legisladores que votaran a favor o en contra de la medida para que "continúe la investigación en los distintos niveles del Estado venezolano".
De esta manera, Aranguren, una chavista disidente, fue sustituida, hoy, por su suplente, Carlos Flores, definido por el oficialismo como un "chavista", lo que abría el camino para que el oficialismo sumase el voto que le faltaba y lograse la mayoría de tres quintos requerida (99 de los 165 diputados) para aprobar los poderes especiales solicitados por Maduro para luchar contra la corrupción.
La primera votación ya finalizó, resta una segunda votación la próxima semana. El oficialismo impuso la Ley Habilitante con 99 votos a favor y 60 en contra. Varios opositores abandonaron el plenario antes de emitir el voto.
Diosdado Cabello interrumpió la sesión para forzar la votación. Decidió, además, que se iba a hacer a viva voz para "que todos conozcan la cara de quienes apoyan a los corruptos". La discusión estuvo todo el tiempo a punto de terminar en incidentes. Desde el comienzo, se trató de un acalorado debate.
Los chavistas llegaron enfundados en camisetas con las incripción "#YoSoyel99", en referencia al voto que necesitaba el chavismo para llegar a los tres quintos que exige la Constitución.
Para la oposición, se trata de la "judicialización de la política" en Venezuela, y que el allanamiento a la inmunidad de Aranguren fue una maniobra del gobierno para obtener el voto del diputado 99 que necesitaba el oficialismo para aprobar la ley.
El diputado chavista Pedro Carreño, presidente de la Comisión de Controlaría, aseguró que la legisladora cometió actos de corrupción entre 2004 y 2010, año en el que precisamente fue elegida como diputada chavista.
Carreño explicó que en 2009, en la Gobernación del estado oriental de Monagas, donde Aranguren era directora del Instituto de Vialidad y Transporte, se realizaron contrataciones sin que hubiera una licitación previa.
Otro caso en el que se involucra a la ya ex diputada es la constitución, por parte del entonces gobernador de Monagas, José Gregorio Briceño, de una empresa administradora inmobiliaria que dirigía Aranguren y que habría realizado pagos a compañías internacionales con moneda extranjera de forma irregular.
Además, ha señalado que la empresa fue supuestamente liquidada ocho meses después de su fundación, tras realizar estos y otros supuestos actos ilícitos.
La decisión de otorgar poderes legislativos a Nicolás Maduro, el mismo podrá gobernar a golpe de decreto, es un tema muy polémico y cuestionado incluso por el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, un habitual valedor del gobierno bolivariano. La oposición considera que no es necesaria porque asegura que el Ejecutivo ya cuenta con suficiente poder entre sus manos para lograr sus propósitos y que sólo ha faltado voluntad política para combatir los delitos de cuello blanco. El propósito encubierto parece ser otro. Maduro pretende profundizar en el modelo económico de control de precios impuesto hace algunos años por su antecesor, Hugo Chávez.
Aranguren ha declarado que la bancada oficialista estaba "desesperada" por allanar su inmunidad, con el objetivo de conseguir la mayoría suficiente para aprobar la denominada Ley Habilitante.
"Mi suplente, el que se va a sentar probablemente en ese puesto más tarde, les digo, ni es revolucionario, ni practica, ni mucho menos predica. Tendrán el voto 99, sí, lo tendrán, pero no tendrán a un militante comprometido con lo que ellos proponen", ha dicho al referirse al legislador Carlos Flores.
Asimismo, ha asegurado que las acusaciones en su contra "son falsas" y que todo se trata de "una retaliación política" porque desde febrero de 2012 "no comulga" con las ideas del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), organización por la que fue elegida diputada.
"Le juro al pueblo de Venezuela que no tengo un centavo que haya pertenecido al estado venezolano", ha dicho, tras lo que se ha dirigido a los diputados chavistas: "Es despreciable que ustedes obtengan respeto solamente a punta de miedo, a punta de amenazas".
La denominada Ley Habilitante otorgará a Maduro la capacidad de legislar sin contar con el control parlamentario. Esta ley le otorga al mandatario poderes especiales para gobernar por decreto durante un año y así hacer frente a una "guerra económica" que asegura le ha declarado el sector empresarial y la oposición.
El Presidente anunció que con los poderes especiales aprobará una ley de precios, costos y ganancias que pondrá límites "objetivos y razonables" a las ganancias.
"Yo voy a sacar por Ley Habilitante, voy a sacar, la tengo lista ya, la ley de precios, costos y ganancias, voy a poner límites razonables y objetivos para las ganancias y los precios de los productos en Venezuela",aseguró el mismo.
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