Egipto, El gobierno quiere acallar las protestas restringiendo el derecho de manifestación

Imagen de la manifestación ayer contra la nueva ley. EFE

El presidente egipcio, Adli Mansur, ratificó el pasado domingo una nueva ley para regular las protestas que, de haber estado vigente en enero de 2011, habría prohibido de facto la revolución que tumbó a Hosni Mubarak o las protestas del pasado verano que acabaron con el gobierno de Mohamed Mursi.

La restrictiva norma, denunciada por activistas y grupos defensores de los derechos humanos, ha sido aprobada una semana después de que se levantara el estado de emergencia y el toque de queda en el país.

Mansur ha ratificado una versión modificada del borrador que se dio a conocer a finales de octubre, aunque los cambios apenas han alterado el espíritu represivo de la ley. Otorga a la Policía "libertad para prohibir las protestas", ya que el Ministerio del Interior tendrá "poder absoluto para prohibir cualquier manifestación" o reunión pública si ésta supuestamente amenaza la seguridad o la paz, denunció el domingo la directora de Human Rights Watch en Egipto, Heba Morayef, a través de las redes sociales.

A pesar de que las autoridades en Egipto aseguran que llegaron al poder a través de una revolución popular y no de un golpe de Estado, el pasado domingo aprobaron una ley que introduce severas limitaciones al derecho a manifestarse. Tanto las organizaciones de derechos humanos como los movimientos revolucionarios han tachado la ley de represiva, pues otorga al Ministerio del Interior la potestad de prohibir cualquier concentración en espacios públicos de más de 10 personas.

La norma impone duras sanciones económicas para las congregaciones de manifestantes no autorizadas. Además, habilita a las fuerzas de seguridad a emplear balas de goma "sin condiciones" contra los manifestantes.
La ley fue remitida por el Gobierno hace dos semanas al presidente y ha sido muy criticada por los grupos de defensa de los Derechos Humanos, que no han dudado en calificarla de "represiva" puesto que no protege el derecho a la libertad de reunión.
"El hecho de que la legislación criminalice actos de los manifestantes que puedan romper 'la seguridad y el orden público' sin definir claramente esos términos deja la puerta abierta a una interpretación muy restrictiva y represiva", ha valorado  Navy Pillay, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
"Nuestra principal preocupación son las provisiones sobre el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y las sanciones excesivas, incluyendo multas masivas y sentencias de prisión", ha agregado.
Así, ha indicado que Egipto "es un país cuyo pueblo ha proclamado claramente, con valentía y en reiteradas ocasiones su deseo de poder manifestarse pacíficamente en línea con sus derechos, internacionalmente reconocidos".
La nueva ley también permite el uso de la fuerza para dispersar las protestas "ilegales". Las fuerzas de seguridad podrán utilizar para este fin gases lacrimógenos, cañones de agua y escopetas de perdigones.
"El borrador de la ley criminaliza todas las formas de reunión pacífica, incluyendo manifestaciones y concentraciones públicas, y le otorga al Estado vía libre para dispersarlas por la fuerza", expresan en un comunicado un colectivo de 19 organizaciones de derechos humanos del país, que denuncian el riesgo de que Egipto vuelva a convertirse en un Estado policial como durante la era Mubarak, el dictador destronado en febrero del 2011.
La policía egipcia dispersó ayer por la fuerza en El Cairo una manifestación contra la nueva ley que restringe las protestas, cuando los participantes trataban de alcanzar la sede de la Cámara Baja del Parlamento.
Según informaron testigos, las fuerzas de seguridad utilizaron cañones de agua y lanzaron gases lacrimógenos, lo que obligó a los manifestantes a retroceder hacia las inmediaciones de la plaza Tahrir, donde se concentraron entonando consignas contra el Ministerio del Interior.
"Lo que quiere esta nueva ley es silenciar a los manifestantes", aseguró el activista Ahmed Magdi, que considera que "la situación actual es mucho peor que la vivida durante el régimen del expresidente Hosni Mubarak".

 La aprobación de esta ley es especialmente sensible en Egipto, donde desde 2011 las movilizaciones populares y las manifestaciones en las calles han propiciado la caída del Gobierno del expresidente Hosni Mubarak tras décadas en el poder y el derrocamiento del expresidente islamista Mohamed Mursi tras intensas protestas y un golpe de Estado que puso fin a su presidencia el 3 de julio de este año.
"Hemos condenado la ley de forma inequívoca. Es muy restrictiva con las libertades, y supone un retroceso respecto a los derechos por los que luchamos durante la revolución", declaró a EL PAÍS Ahmed Maher, cofundador del movimiento revolucionario 6 de Abril. Si bien los medios de comunicación han justificado la legislación en la necesidad de confrontar las manifestaciones periódicas de los Hermanos Musulmanes, los activistas advierten de que se aplicará contra cualquier voz disidente. "Ellos no quieren permitir la expresión de voces críticas, de cualquier tipo de protesta", añadió la activista para el diario español.
Las acampadas públicas -como la que mantuvo en la plaza Tahrir a miles de egipcios durante 18 días hasta forzar la dimisión de Mubarak- han sido prohibidas, así como las protestas que "entorpezcan la producción", algo que muchos interpretan como un veto a las huelgas. Tampoco se permiten las manifestaciones en los lugares de culto, un artículo hecho a medida, según los críticos, para frenar las concentraciones de grupos islamistas como los Hermanos Musulmanes, que siguen protestando casi a diario en las calles del país.
Desde el pasado 3 de julio, cuando el Ejército derrocó al antiguo presidente islamista Mohamed Morsi, su movimiento político, los Hermanos Musulmanes, y sus aliados han organizado manifestaciones de forma periódica. Su represión por parte de las fuerzas de seguridad ha provocado más de 800 muertos y el arresto de al menos 2.000 personas.