Chile, La comunidad mapuche un pueblo empobrecido y marginado

Los mapuches en las comunidades rurales tienen en promedio una hectárea y media por familia.  Técnicamente se dice que una familia no puede vivir con menos de 20 hectáreas de tierra para poder hacer de esta algo medianamente rentable. Entonces con esa cantidad de tierras por familia, sería  técnicamente imposible que existan las comunidades mapuches hoy en día, porque con esa cantidad de tierras es imposible. Su existencia hoy en día solo se explica porque las comunidades indígenas tienen una forma de vivir en solidaridad. 
Un desafío fundamental, de los colectivos indígenas, es la recuperación de la cultura y la lengua, sobre todo entre los jóvenes miembros de estas comunidades, el volver a tener dignidad y orgullo de pertenencia de una cultura milenaria, de valorizar su herencia cultural y su historia.
En promedio los trabajadores pertenecientes a la comunidad mapuche perciben sueldos más bajos que una persona con el mismo nivel educacional no perteneciente alguna etnia. 
Con casi 40 días sin comer y 15 kilos menos de peso, un grupo de chilenos presos en el sur del país protagonizaron una de las protestas más radicales llevada a cabo por la comunidad mapuche desde hace años.
Un cuarto preso mapuche se unió a la huelga de hambre que desde hacía 35 días realizaban otros tres reos indígenas en una cárcel del sur de Chile para reclamar la revisión de sus penas, entre otras demandas, así como un indulto humanitario para José Mariano Llanca Tori, que sufre un cáncer terminal.
"El peñi (hermano en idioma mapuche) Cristian Curinao ha decidido sumarse a la huelga de hambre en apoyo a nuestros peñis", indicaba un comunicado de la portavoz de los mapuches en huelga en la cárcel de la ciudad de Angol, 580 km al sur de Santiago.
Curinao se unía a la huelga de Cristian Levinao, condenado a 10 años por robo con intimidación, además de Luis Marileo y Leonardo Quijón, condenados por homicidio, todos vinculados al conflicto mapuche.
En este antiguo conflicto, cerca de una docena de mapuches se han enfrentado con la policía y un centenar de ellos han sido enjuiciados bajo una severa ley terrorista acusados de ataques a propiedades privadas y a vehículos de empresas madereras.
El conflicto nace porque los mapuche reivindican tierras ubicadas en el sur del país que consideran suyas por derecho ancestral, y que en principio fueron arrebatadas por la ocupación española y luego por el estado chileno que, a su vez, las entregó a empresas privadas mayormente forestales.
Los tres mapuches demandan la revisión de sus condenas, además del traslado a un Centro de Educación y Trabajo para indígenas encarcelados.
Alegan además que, en los juicios en que fueron condenados, se utilizaron testigos secretos, una medida que sólo se emplea en los procesos bajo una severa ley terrorista.
Los mapuches se quejan de que el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet ha tenido "nula voluntad de diálogo", luego de que el martes pasado fracasara una negociación sobre sus demandas entre representantes de los huelguistas y el ministro de Justicia, José Antonio Gómez.
"Los presos políticos mapuche reafirman la postura de la huelga de hambre hasta las últimas consecuencias", agregó el comunicado de los indígenas.
Después de más de un mes de huelga, la salud de los tres reos se deterioró considerablemente, por lo cual sus familiares y portavoces instalaron un campamento fuera de la cárcel de Angol ante un posible traslado a un hospital.
Los mapuche, la mayor etnia de Chile, son unos 700.000 sobre una población de 16, 5 millones, y viven en comunidades ubicadas mayormente en el sur del país. Esta comunidad, que representa a un 9% de la población chilena, está afectada por altos niveles de pobreza y discriminación.
"La movilización iniciada en la cárcel de Angol por cuatro presos políticos Mapuche y que fue apoyada con gran fuerza por las comunidades en resistencia en Wallmapu y hogares mapuche redes de apoyo y organizaciones sociales en Temuco, Concepción y Santiago, llego a su fin este Jueves luego que el gobierno chileno accediera a revisar la Ley Antiterrorista y la Ley Civil que ha utilizado a los testigos sin rostro, a trasladar a los detenidos al centro de educación y trabajo de Victoria, y enviar Mariano Llanca Tori a tratamiento y exámenes a un hospital, mientras se inicia el trámite para su indulto por razones humanitarias debido a su grave estado de salud", anunciaba la web País Mapuche el pasado 16 de mayo.
La huelga de hambre de los indígenas mapuches era la mayor desde la cadena de huelgas de hambre de 2010 y 2011. Y se trataba además del primer gran desafío para la política indígena de la nueva presidenta del país, Michelle Bachelet, que había prometido un nuevo acercamiento a los pueblos originarios.
Durante la huelga de hambre los comuneros reclamaron la revisión de sus causas judiciales y el traslado a otro centro con régimen abierto, donde pudiesen trabajar. El grupo también denunciaba que se produjo una injusticia al ser condenados con mecanismos de la Ley Antiterrorista, una legislación con origen en los años 80, impulsada por el régimen de Augusto Pinochet, y criticada por organismos de Derechos Humanos y que según Naciones Unidas discrimina a los mapuches.
Una de las figuras más cuestionadas de esa norma es la del "testigo protegido", que se puede utilizar en los procesos judiciales amparados bajo la severa Ley Antiterrorista.
Los mapuches denuncian que fueron condenados por la participación de testigos "secretos y sin rostro".

Movilización de la comunidad mapuche.

Entre las promesas de Bachelet para sus primeros meses de gestión está la creación de un Ministerio de Asuntos Indígenas y el envío al Congreso de un proyecto de ley para formar un Consejo de Pueblos Indígenas, que representará a las diferentes comunidades originarias del país.
Además, Bachelet expresó en el pasado que fue "un error" haber aplicado la Ley Antiterrorista durante su primer mandato y dijo que no debe volver a aplicarse.
"No hay invocación antiterrorista en este periodo mientras no se modernice la ley, mientras no se haga un nuevo proyecto de ley", dijo su subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy.
El pasado mes de mayo pusieron fin a la huelga de hambre, tras haber llegar a un acuerdo entre el ministerio de Justicia, representado por el director Regional de Gendarmería  y los familiares o portavoces de los huelguistas.
El acuerdo se resume en tres puntos: establecer una mesa que estudie la ley antiterrorista, trasladar a los comuneros a un centro abierto que tiene Gendarmería al norte de Temuco, y la evaluación del indulto presidencial solicitado por José Mariano Llanca Tori.