Perú, El conflicto por la minería informal en Huepetuhe

Mineros informales se manifiestan en Lima. EFE.

El conflicto por la minería informal e ilegal mantiene en tensión a Perú. Según cifras de la Defensoría del Pueblo, en el país andino practican esta labor unas 100.000 personas, aunque Daniel Urresti –general del Ejército retirado y en la actualidad ministro del Interior- elevó ese número a unos 300.000 el pasado mes de abril y a 29.000 millones de dólares el negocio de una actividad que tiene incluso dos representantes en el Congreso.
El Gobierno asegura que esta práctica deforesta bosques, contamina ríos, depreda reservas naturales y evade impuestos. En 2011 aprobó sanciones e inició un proceso de formalización pero hasta abril solo había admitido al 10% de los 70.000 mineros que habían iniciado los trámites para legalizarse. Las protestas, bloqueos de carretera y movilizaciones en varias ciudades llevaron a la administración a postergar dos veces los plazos de presentación de documentos.
La minería ilegal ha depredado más de 60 mil hectáreas de bosques en el distrito de Huepetuhe, ubicado en la provincia de Manu, en la región Madre de Dios, según una estimación de Daniel Urresti Elera, alto comisionado de Formalización e Interdicción Minera de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
Ante ello, el funcionario indicó que personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de las Fuerzas Armadas realizarán operaciones dos veces al mes con el fin de combatir y eliminar la minería ilegal a tajo abierto, lo que provoca destrucción de bosques e inhabilitación de tierra para el cultivo.
"Si no paramos esto, dentro de un par de años el que se pare aquí ya no va a ver un bosque sino un hueco como el que existe en Ananea, en Puno. Esto es tierra de nadie", sostuvo.
La región más afectada por la minería ilegal es Madre de Dios, también la de mayor biodiversidad en el país. Las operaciones contra esta actividad emprendidas en la localidad de Huepetuhe por Urresti entre abril y junio supusieron el despliegue de más de 1.500 efectivos de policía y soldados, y el uso de explosivos, helicópteros y gas lacrimógeno. El Gobierno también aprobó una norma para disminuir la cantidad de combustible que podía entrar a Madre de Dios, usado en su mayor parte para la minería, y ello produjo movilizaciones frenadas por la policía con el saldo de un muerto y varios heridos.

La población de Huepetuhe, donde la extracción aluvial se da hace 40 años al pie de los ríos, señala que el Gobierno realiza estas operaciones porque a fin de año la empresa texana Hunt Oil empezará a hacer perforaciones en el Lote 76, una concesión de gas que logró del Estado sin realizar un proceso de consulta previa a las comunidades, es decir, incumpliendo el Convenio 169 de la OIT del cual Perú es signatario. El lote se superpone a la Reserva Comunal Amarakaire, donde viven indígenas harakmbut y matsiguenga. Hunt Oil dividió a las autoridades comunales y federaciones indígenas -mediante el pago de dinero en efectivo- para que cambiaran de opinión y autorizaran la entrada de la empresa en sus territorios.
El pasado mes de abril más de cuatro mil mineros –artesanales, pequeños e informales- se fueron hasta Lima para exigir al Ejecutivo cambios en las normas, dado que el 19 de ese mes vencía el plazo para presentar un documento denominado Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo, una especie de diagnóstico de daños y compromiso de cambio. Era el quinto y último requisito que debían cumplir para cerrar su trámite de formalización, pero el Gobierno nuevamente cedió ante la presión en calles y carreteras bloqueadas por los miles de manifestantes y extendió el plazo para hacer efectiva la regularización.
Paralelamente a la concentración en Lima se produjeron diversos enfrentamientos, que se saldaron con decenas de heridos entre policías y civiles en la costa de Arequipa (al sur del país), cuando la policía despejó la carretera Panamericana Sur, bloqueada por los mineros durante 48 horas.
En esta acción, para retirar a los mineros de la carretera, la policía actuó con disparo de perdigones, sobrevuelo de helicópteros, gas lacrimógeno y violenta entrada de mimebros de las fuerzas del orden a domicilios de personas comunes y corrientes. Un pequeño comerciante de Chala, Sandro Montesinos, en una llamada telefónica a Radioprogramas, dijo que unos 1.000 policías participaban de las acciones.
En Lima, durante un enfrentamiento en la plaza San Martín, hubo cuatro heridos y 24 manifestantes detenidos, entre ellos cuatro mujeres, que luego fueron recluidos en la división policial de Seguridad del Estado.
La minería informal e ilegal se desarrolla en 21 de los 25 departamentos del país.
Según el Gobierno, unos 70.000 mineros han presentado su declaración de compromiso para formalizarse, pero los analistas estiman que son menos del 10% de la cantidad de trabajadores dedicados a la minería informal e ilegal en el país.

En estas 50.000 hectáreas incrustadas en la selva de Madre de Dios, al sureste de Perú, todos trabajan en turnos de hasta 28 horas seguidas.
Al principio, el sueño se vence masticando hojas de coca, un estimulante ligero para sacudirse de la fatiga, lo que puede provocar accidentes fatales con la maquinaria pesada que manipulan los trabajadores. Luego, la costumbre vence al cansancio.
"¿Acaso dormimos ocho horas como en otros países?", dijo a The Associated Press un trabajador minero que se negó a dar su nombre por temor a ser perseguido. "Sabemos que depredamos el bosque, pero qué vamos a hacer, si el gobierno no nos da alternativas. Estamos dispuestos a reforestar si nos piden que lo hagamos. La minería es un refugio para todos nosotros", según recoge la web Diario Libre.
Cuando emplea la palabra "refugio" se refiere a una cadena económica que vive de la minería que incluye cocineras, ferreteros, taxistas, mecánicos, farmacéuticos y mujeres que trabajan en prostíbulos del lugar.
Los mineros también desafían deslaves, enfermedades, y el riesgo de que sus miembros sean triturados al menor descuido. Y todo para conseguir algunos gramos de oro que les permitan subsistir.
Ahora una nueva amenaza se cierne sobre los aproximadamente 20.000 mineros, incluidos niños y mujeres, que trabajan desde 2008 en este terreno de la deforestada selva tropical del Amazonas, conocida como La Pampa, para trabajar necesitan formalizarse y el nuevo plazo está cerca de expirar.
Según la web Diario Libre, "Es casi imposible que un minero artesanal obtenga un título de éstos, que son concedidos o pertenecen ya a empresas mineras o petroleras. Generalmente, los mineros trabajan en zonas donde la minería está prohibida por ser áreas de reserva natural por su alta biodiversidad, como ocurre en La Pampa".