Venezuela, Human Rights Watch denuncia represión de los derechos y libertades en el país

Imagen de los incidentes de ayer.

La organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) acusó al gobierno de Nicolás Maduro de usar de manera "sistemática" la represión y de llevar a cabo detenciones ilegales y cometer abusos contra manifestantes de oposición que han estado saliendo a las calles desde el pasado mes de febrero.

HRW también culpó al gobierno venezolano de hacer uso excesivo de la fuerza y en algunos casos de implementar la tortura y amenazar con violar o ejecutar a detenidos.
El informe habla del uso ilegítimo y desproporcionado de la fuerza para dispersar a los manifestantes opositores del Gobierno.
También habla de abusos físicos, incluidos casos de tortura y abusos psicológicos, y cuestiona el desempeño de funcionarios judiciales al asistir a los detenidos para garantizarles sus derechos.
Human Rights Watch dice que no son casos aislados y que por el contrario se demuestra un patrón "alarmante" de abusos.
"Castigados por protestar" es el título del documento de la organización no gubernamental.
El informe difundido ayer lunes también denunció que las autoridades judiciales del país "no velaron porque se garantizaran los derechos al debido proceso de los detenidos".
Las protestas contra la gestión de Maduro comenzaron el 4 de febrero en San Cristóbal y aún se mantienen en algunas localidades del país.
El grupo asegura que al menos 41 personas han muerto desde que comenzaron las manifestaciones, cerca de un millar han resultado heridas y más de 2.000 personas han sido arrestadas, de las que cerca de 200 continúan en prisión.
HRW asegura que la Policía y otros cuerpos de seguridad han permitido que pandillas oficialistas agredieran a civiles desarmados.
En entrevista con Patricia Janiot, José Miguel Vivanco, director para las Américas de esa organización, dijo que la investigación se hizo sin notificación al gobierno de Maduro, debido a la posición de esa administración en contra de ese tipo de reportes, señaló.
"El gobierno de Venezuela no acepta investigaciones sobre derechos humanos", indicó Vivanco.
Quien añadió que los abusos de agentes de seguridad se hacen con complicidad de funcionarios del Ministerio Público. Además, expresó que es "difícil creerle" a la fiscal general Luisa Ortega Díaz.
El grupo entrevistó a más de 90 personas, incluyendo a las víctimas, sus familiares y más de una docena de abogados defensores.
"En la mayoría de los casos que documentamos, las fuerzas de seguridad emplearon fuerza ilegal, incluyendo disparos a personas desarmadas", dice el informe. "Casi todas las víctimas también fueron arrestadas y, mientras se encontraban detenidas, fueron sometidas a abusos físicos y psicológicos".
El grupo denunció 10 casos de tortura, con incidentes de descargas eléctricas, quemaduras y amenazas de violación o violaciones.
Aunque el gobierno venezolano no se ha pronunciado sobre el reporte en particular, hace una semana condenó los informes que supuestamente tergiversan la realidad venezolana.
El ministro del Interior, Miguel Rodríguez Torres, dijo el viernes que estas denuncias son parte de una campaña mediática para desprestigiar al gobierno de Nicolás Maduro.
No obstante, el Ministerio Público venezolano investiga algunos de los casos de abusos que se reportan en el informe de HRW, aunque con cifras diferentes.
Por ejemplo, mientras HRW habla de que hay al menos diez casos de tortura, la Fiscalía dice estar investigando apenas uno.
Torres dice, sin embargo, que los informes de organizaciones no gubernamentales que critican los derechos humanos en Venezuela son escritos desde el Departamento de Estado de EE.UU.
También Amnistía Internacional considera que "Venezuela corre el riesgo de caer en una espiral de violencia" a menos que las partes se sienten a dialogar, comprometidas con "el respeto a los derechos humanos y el estado de derecho", afirma un informe de la ONG Amnistía Internacional (AI) dado a conocer a principios del mes de abril.
Según la mencionada organización 17 funcionarios de diferentes cuerpos de seguridad habían sido arrestados por acusaciones vinculadas a violaciones de los derechos humanos. Además la Fiscalía ha abierto 142 investigaciones de violaciones de derechos humanos, entre ellas una de tortura.
Durante semanas, manifestantes armados con piedras y bombas molotov han levantado barricadas en las calles y se han enfrentado a la policía antimotines, que los dispersa con cañones de agua y gases lacrimógenos.
Las manifestaciones comenzaron en reclamo por la delincuencia, la inflación y la escasez de productos básicos. Pero las acusaciones de abuso policial durante los disturbios rápidamente se convirtieron en una motivación para las protestas, que han menguado, sin embargo, en las últimas semanas.
Ayer en una nueva jornada de incidentes se registró hoy en Venezuela donde al menos dos vehículos, uno en Caracas y otro en la occidental San Cristóbal, fueron incendiados. Además, una universidad en Barquisimeto resultó con daños tras las manifestaciones.
Para el ministro venezolano del Interior, Miguel Rodríguez, "Lo que está viviendo Venezuela es sin duda alguna un plan de conspiración insurreccional, con fines claros de derrocar al Gobierno legítimamente instaurado en el país, y que ese plan obedece a un objetivo estratégico permanente del Departamento de Estado de EE.UU., eso está clarito".

Imagen de las protestas.