México, Tolerancia e impunidad frente a la tortura

"En todo el mundo hay gobiernos hipócritas ante la tortura: la prohíben en la ley, pero la facilitan en la práctica", son palabras de Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional, que engloban el mensaje de la nueva campaña Stop Tortura en la que se denuncian las décadas de mentiras de países que se han comprometido a desterrarla de sus prácticas.
En México, por ejemplo, las graves violaciones de derechos humanos ponen de manifiesto que, hasta el momento, los compromisos asumidos por el Gobierno mexicano de aplicar los tratados y normas internacionales en este ámbito no se están cumpliendo. La impunidad por violaciones de derechos humanos sigue siendo un problema endémico y el respeto, la protección y la realización de los derechos humanos en el país continúa vetado para numerosos sectores de la población.
En los últimos años ha habido varios casos de homicidios ilegítimos, torturas, violaciones y detenciones arbitrarias perpetrados por agentes de la policía municipal, estatal y federal. A pesar de la aprobación de reformas constitucionales sobre la seguridad pública y la justicia penal en el país, algunas de las cuales deberían servir para la protección de los derechos de las personas detenidas, en la práctica se siguen cometiendo violaciones de derechos humanos.  Además, el número de abusos a manos de agentes de seguridad ha aumentado durante las operaciones emprendidas para combatir a las bandas criminales violentas, según se desprende del último informe de Amnistía Internacional.
Esa organización pidió a las autoridades mexicanas una "investigación inmediata" de los abusos cometidos la semana pasada durante la detención de 291 indocumentados centroamericanos en el estado de Tabasco, en el sudeste del país.

Bárbara Italia Méndez.

"A las seis de la mañana comenzó un operativo realmente aterrador donde fui detenida en un domicilio particular en San Salvador Atenco, en el estado de México, que fue allanado por la policía federal".
"Me subieron a un camión donde fui torturada por agentes, fui desnudada, hicieron uso de la tortura sexual en contra mía, de golpes con toletes y demás en genitales, introducción de objetos en la vagina, pellizcos y mordidas en genitales y senos, además de sofocación y palizas. Esto no sólo lo viví yo, escuchaba otras mujeres que gritaban", denunciaba una mujer torturada por la policía mexicana.

Bárbara Italia Méndez llegó hasta Londres para relatar su caso, uno de los incluidos por Amnistía Internacional en el informe que lanzó este martes en la capital británica, titulado "Tortura en 2014: 30 años de promesas rotas".
El documento, publicado a tres décadas de la adopción de la Convención de la ONU contra la Tortura, señala que la práctica "está floreciendo" en muchas partes del mundo y apunta cinco países en los que "la tortura es generalizada y tolerada". De América Latina, el país seleccionado es México.
"Estamos conscientes de que en otros países como Venezuela y Colombia hay casos de tortura, pero México es ilustrativo de toda la región", dijo a BBC Mundo Rupert Knox, investigador sobre México de AI y uno de los autores del informe.
"Es el país donde documentamos un patrón de uso generalizado de tortura y malos tratos tolerados por el gobierno, que tiene todas las posibilidades de corregir la situación. Hay una impunidad total". AI señala que los casos aumentaron desde que el gobierno declaró la guerra a los carteles en 2006.
"En enero de este año la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, CNDH, nos informó que recibió más de 7.000 reportes de tortura y malos tratos desde 2010 y hay que recordar que la comisión sólo atiende casos del fuero federal".
Ese mismo mes "la Suprema Corte nos dijo que ha habido sólo siete sentencias de tortura en toda la existencia de la ley contra la tortura que fue aprobada en el 91".
De acuerdo al investigador de AI, "hay un desnivel total entre denuncias y condenas y es una cuestión de voluntad política".

En el D de la Madre, en México, madres tomaron las calles y protestaron contra las desapariciones.

La organización también exhortó a las autoridades a divulgar el paradero y condición de las personas detenidas el 30 de abril pasado cerca de la comunidad de Chacamac, y a garantizar que estas tengan acceso a abogados y a organismos no gubernamentales de derechos humanos.

Durante el operativo "se documentaron agresiones a migrantes y personas defensoras de migrantes", entre ellos Rubén Figueroa, del albergue La 72 de Tenosique (Tabasco), y los sacerdotes Tomás González y Aurelio Montero Vásquez, apuntó en un comunicado.

Los incidentes ocurrieron cuando los activistas intentaban dar asistencia humanitaria a unos 320 indocumentados, entre ellos menores de edad y mujeres embarazadas, que habían intentado sin éxito abordar un tren de mercancías que viajaba hacia el norte del país, añadió Amnistía Internacional.

Para Amnistía Internacional, "Activistas políticos y sociales, periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos son de los colectivos más afectados por la falta de acceso efectivo a la justicia, e incluso hay casos de presos de conciencia. Las comunidades indígenas o que sufren cualquier otro tipo de marginación son a menudo víctimas de acoso por oponerse a proyectos de desarrollo que afectan a sus medios de vida, mientras que los y las migrantes irregulares que atraviesan México son sometidos a malos tratos por agentes del Estado, y a violencia sexual y de otro tipo por bandas criminales".
Otro caso de torturas expuesto en Londres fue el de Miriam López Vargas, una madre de cuatro hijos, "(Ella) fue detenida en 2011 mientras conducía su vehículo en Ensenada por dos soldados con pasamontañas vestidos de civil. La mantuvieron cautiva durante una semana, la violaron tres veces, fue asfixiada con un trapo mojado y recibió choques eléctricos, para obligarla a firmar una confesión falsa relacionada con crímenes de drogas", según recoge el informe presentado por AI.
Para el miembro de AI Rupert Knox, casos como el de Bárbara Italia Méndez o Miriam López Vargas dejan en evidencia que "el Estado básicamente tolera el uso de la tortura por sus militares y policías para la obtención de información y para implicar a otras personas o lograr confesiones".