República Dominicana, El Gobierno abre, tímidamente, las puertas a los hijos de los haitianos nacidos en el país

"Mi papá vino con contrato de trabajo, le dieron una finca en la cual yo nací. Tengo todos mis documentos de estudio, mi acta de nacimiento... pero a la hora de ir por la cédula me han dicho que no me la pueden entregar porque soy hijo de inmigrantes haitianos".

Con acento dominicano, Wendy Benoit Yan, un joven de 22 años nacido en Bayaguana, provincia de Monte Plata, República Dominicana, describía así, en declaraciones a BBC Mundo, una situación que comparte con decenas de miles de compatriotas que se vieron afectados por una sentencia dictada el año pasado por el Tribunal Constitucional (TC) que niega la nacionalidad a los hijos de extranjeros que viven de manera irregular en el país.

Sin embargo nuevos aires de esperanza parecen alcanzar a los miles de hijos de hatianos que viven en la República Dominicana.

"Me van a entregar la cédula y va a cambiar todo en mi vida: inmediatamente voy a poder ingresar a la universidad, voy a poder trabajar, voy a tener seguro médico..." Ese futuro que con entusiasmo describe Pamela José Vicente a BBC Mundo es una aspiración que comparte con decenas de miles de hijos de haitianos que han vivido durante décadas en un limbo legal en República Dominicana.

Pese a haber nacido hace 23 años en esa porción oriental de la isla de La Española, a Vicente las autoridades dominicanas siempre le negaron los documentos porque sus padres, que llegaron hace más de tres décadas "para trabajar en la caña, como todos", dice, no podían demostrar que vivían de manera legal en el país.

Captura de la web de la BBC.

Por eso, cuando acabó el bachillerato no pudo seguir estudiando y tuvo que dedicarse a trabajar como asistenta doméstica: "No podía hacer nada: ni seguro médico, ni licencia, nada...", explica.
Pero ahora los hijos y nietos de inmigrantes haitianos que, como ella, no tenían acceso a documentos por no poder demostrar la estancia legal en el país de sus padres, parecen tener un motivo de esperanza en una ley recién aprobada por el Congreso y promulgada por el presidente dominicano, Danilo Medina.
Aunque el número de los posibles beneficiados por la norma varía en función de quién haga la cuenta, se estima que más de 20.000 personas podrán pasar a ser dominicanas en una primera instancia gracias a la ley, si bien las organizaciones de derechos humanos apuntan que el total los afectados por esa situación roza el medio millón.
La norma que puede cambiar sus vidas vio la luz verde tras un largo proceso de consultas del gobierno dominicano con diferentes sectores sociales, después de que en septiembre una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) al respecto desatase una fuerte polémica con repercusiones internacionales, que llevó a la ONU a condenar el fallo del TC.
La resolución que fue tildada por ONGs de racista y criticada por la ONU, negaba la nacionalidad a los hijos de extranjeros que vivían en el país de manera irregular.
Pero para otros, dentro de República Dominicana, se trataba del paso definitivo para concretar las leyes y regular a los ciudadanos en esa situación.
En esa línea es como el gobierno ha interpretado la norma recién aprobada. Para el ministro de la Presidencia dominicano, Gustavo Montalvo, la ley "es un gran paso en la solución de las debilidades históricas en el registro y documentación de ciudadanos".
La norma "vela y preserva nuestro ordenamiento jurídico y garantiza los derechos fundamentales de los que nacieron en el país", dijo el ministro en las redes sociales tras su aprobación.
Concretamente, la nueva ley establece un régimen especial para los hijos de inmigrantes -haitianos en su mayoría- inscritos irregularmente en el registro civil y abre una puerta a la naturalización a quienes nunca tuvieron documentos o a quienes tuvieron que inscribirse como extranjeros pese a haber nacido en suelo dominicano.
Pero, ¿es la solución definitiva para los ciudadanos que han vivido durante décadas en el limbo?
Solo parcialmente, responden algunos expertos y asociaciones afectadas consultadas por BBC Mundo.
En el caso de quienes, como Pamela José Vicente, fueron registrados de manera irregular en el censo al nacer, con la nueva norma pueden adquirir sus documentos dominicanos de manera directa.
Sin embargo, no todos los nacidos en República Dominicana de padres haitianos lo tendrán tan fácil como ella.
Algunos deberán acogerse al Plan de Regularización de Extranjeros en condición irregular para tratar de obtener la ciudadanía. Es el caso que nunca fueron inscritos en el registro civil o que fueron inscritos como extranjeros pese a haber nacido en República Dominicana.
Y ahí es donde han surgido las críticas. Como la de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, que, pese a alabar la ley, lamentó que no incluya a este grupo que, a su juicio, "son la mayoría de los afectados".
El primer ministro haitiano, Laurent Lamothe, a través de Twitter, aseguró que si bien el gobierno de su país "da la bienvenida a la ley", aún está evaluando su impacto y matiza que "hasta ahora parece que sólo beneficiará al 25% de los dominicanos afectados".
"La ley sólo resuelve, en principio, automáticamente y de manera clara y correcta, la situación de unas 22.000 personas, menos del 10%", dice en ese sentido Santiago A. Cantón, del Centro para la Justicia y los Derechos Humanos Robert F. Kennedy, con sede en Washington D.C.
"Una forma de plantearlo es que de un día para otro tiraron por la borda de un barco a mil personas y ahora están tirando un par de salvavidas en lugar de enviar 500 botes", apunta en declaraciones a BBC Mundo el experto, quien fue secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En ese sentido, William Charpantier, coordinador de la ONG Mesa Nacional Para las Migraciones y Refugiados en República Dominicana (Menamird), recuerda que la mayoría de la gente que podría ser beneficiada por la ley nunca fue registrada oficialmente.
Según el censo oficial publicado en mayo de 2013, más de 450.000 migrantes haitianos vivían en República Dominicana, la mayoría en situación irregular.
Desde la década de los 90 se han presentado denuncias ante organismos de derechos humanos por el trato que se da a la minoría de origen haitiano en el país.
Wendy Benoit Yan que, aunque dice entender algo del idioma de sus padres porque se crió en un batey -como se denominan a las comunidades de trabajadores que se formaron alrededor de los ingenios azucareros- no domina la lengua ni ha pisado nunca Haití, es un joven que trabaja en el sector informal como conductor de mototaxis. El mismo asegura sentirse desconfiado y con miedo de que en algún momento le pare la policía y le pida los papeles que no tiene. Además, dice que esa situación le impide conseguir un trabajo mejor.
"Terminé la secundaria y aunque algunos amigos podían conseguirme trabajo, no tenía cédula. Podía estar yo trabajando en un hotel, estudiar, pero lamentablemente, habiéndome denegado la cédula no puedo seguir".
"Si llegaran a expulsarme, debería adaptarme a eso por obligación. Me vería en la obligación de adaptarme a otro país. Pero no espero eso porque yo me siento, soy y seré siempre dominicano", concluye.

Protesta de dominicanos de origen haitiano. / Juan Carlos González.

En 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado dominicano por la violación del derecho al nombre, a la nacionalidad y a la igualdad ante la ley, al negarse a emitir las actas de nacimiento de las niñas Dilcia Yean y Violeta Bosico, nacidas en República Dominicana de padres haitianos.
El pasado mes de febrero el Departamento de Estado de EE.UU. denunció la "discriminación" contra los inmigrantes haitianos y sus descendientes en la República Dominicana, en su informe anual sobre derechos humanos en el mundo. El documento destacaba la sentencia del Tribunal Constitucional dominicano que niega la nacionalidad a las personas nacidas en el país de padres sin documentos y que afecta especialmente a los hijos de inmigrantes haitianos.
Otros aspectos que también se registraban en el informe eran la violencia contra las mujeres, el hacinamiento en las cárceles, las detenciones arbitrarias, la trata de personas y las discriminaciones basadas en la orientación sexual.