El Emperador Rajoy, sus vasallos del PP y las medidas de gracia

Cuando leemos la definición de democracia percibimos que España camina a pasos agigantados hacia una organización social diferente e inclusive que en algunos momentos el gobierno decide incorporar para sí los 3 poderes que definen la estructura de un Estado. Dentro de los estilos democráticos existentes la democracia indirecta en la cual vivimos está perdiendo paulatinamente todos sus derechos -excepto el de votar cada 4 años- debido a las actitudes totalitarias de los políticos que se alternan en el poder desde hace años.
En una actitud de soberbia y prepotencia digna de cualquier Emperador, el Sr. Rajoy y el Sr. Ruiz Gallardón, cuando cuestionados por los indultos que se están concediendo durante su gobierno, se amparan en una ley de 1870 -aprobada pocos días antes de la abdicación de la Reina de España Isabel II- para justificarlos. A pesar de las críticas desde el poder judicial sobre los indultos que está aprobando el gobierno en los últimos meses, el Sr. Ruiz Gallardón no sólo las desprecia sinó que, en un acto de total ignorancia hacia el sistema judicial, dice que es una potestad del gobierno legitimada por la ley de 1870. No importa si a través de la política del indulto son liberados políticos corruptos -evidentemente del PP u organizaciones cercanas ideológicamente-, policías condenados por torturas o empresarios que dejaron a trabajadores en la calle con sus corruptas gestiones. Desde 1975 se han celebrado 4 referéndums en España, dos relativos a la actual Constitución, uno sobre la permanencia en la OTAN y otro sobre la Comunidad Europea -no incluyo los efectuados a nivel de las autonomías para la aprobación de los diferentes estatutos-. Realmente no podemos hablar de democracia cuando asuntos de absoluta importancia para la población son lastimosamente tratados sin consulta popular. ¿Acaso piensan que el pueblo es tan idiota que no es capaz de decidir sobre cuestiones de interés nacional? Esta ley debería ser motivo de un referéndum y que sea la voz popular la que dictamine si el Gobierno debe entrometerse en cuestiones del sistema judicial ignorando con absoluto desprecio sus sugerencias, sentencias y comentarios . Si analizamos los indultos del gobierno Rajoy observaremos que no es de interés este la independencia absoluta del gobierno respecto del aparato judicial, como el concepto de democracia establece.
Entre los agraciados por los indultos están, el actual consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz y los ex directivos de Banesto -Miguel Ángel Calama Teixeira y Rafael Jiménez de Parga-, condenados en 2010 por falsas acusaciones. Aunque el propio Tribunal Supremo se manifestó en contra de esta medida de gracia, el gobierno, haciendo uso de su omnipresente poder, decidió aplicarla. Otros indultados fueron Aniceto Martín y Nicolás Valero de Bernabé, los dos pertenecientes al grupo de directivos de Azucarera Ebro que fueron condenados con sentencias entre los nueves meses y los diez años por falsedad documental y fraude en las ayudas que habían recibido de la Comisión Europea. Fueron condenados además a una multa total de 27 millones -dinero que vendría muy bien a las arcas españolas- pero la sanción económica fue conmutada por el gobierno por otra por la astronómica cifra de 79.000 euros. Eso si, funcionarios y jubilados que sigan sufriendo la crisis.
Cuando analizamos en profundidad los indultos y las personas afectadas por estos, percibimos que al gobierno no le interesa de ninguna manera acabar con esta fórmula que atenta directamente contra la independecia del poder judicial y supone un atentado contra la separación de poderes de la democracia representando un resquicio de los antiguos regímenes absolutistas. Aunque tampoco otros están exentos de responsabilidad en este tema pues no debemos olvidar el último indulto del gobierno Zapatero, con todas las fuerzas sociales oponiéndose al mismo -incluido el PSE (Partido Socialista de Euskadi)- dado que la medida afectaba a un acusado y condenado por tres delitos de agresión sexual, hijo de una importante familia de empresarios vizcaínos.
Como comenta Ignacio Escolar en su artículo del pasado domingo día 25 en El Periódico titulado "El indulto: abuso de poder cotidiano", en este país una medida de gracia ocasional y puntual se ha convertido en un acto cotidiano con claro color ideológico poniendo en peligro la separación de los 3 poderes de cualquier estado democrático.