Banqueros, empresarios y políticos - Segunda parte

Ayer hablabamos de las actividades irregulares de entidades financieras, banqueros y otros cargos, hoy lo haremos de las empresas y cargos directivos.
Que la corrupción y el aprovechamiento existe en las empresas españolas es una realidad que cualquier persona que haya trabajado en alguna empresa de grandes dimensiones o multinacional -salvo que no quiera verlo- sabe perfectamente. A veces no dejan de ser pequeños actos, gastos recurrentes que no existen -por ejemplo personal con coche de la empresa con gastos de taxis semanales, comidas o cenas de empresa que no se corresponden exactamente con actividades de negocios- y un extenso etcétera. Tenemos casos mayores en departamentos de compras u otros donde existe relación con clientes o proveedores. Esos casos, mayores o menores, afectan directamente a la rentabilidad de la empresa y a su productividad.
Pero existen otros casos mucho más importantes y que pueden llegar a producir la quiebra de la empresa. La mala administración es un caso habitual para que una empresa se vea obligada a cerrar sus puertas y despedir a sus trabajadores, casi nunca se exigen responsabilidades a los administradores de las mismas por su incompetencia o fraude en la gestión. Son pocos los casos que llegan a aparecer en los medios de comunicación, sólo tenemos conocimiento de aquellos que afectan a un gran número de trabajadores, importancia de la empresa -caso Enron- y algún otro en el que se ven envueltos personajes públicos.
Ahora mismo en España dos casos están teniendo repercusión pública: la quiebra de la fundación sanitaria IAT (Instituto de Alta Tecnología) o el de la SGAE en el cual el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha citado como imputado al cantante José Ramón Márquez -Ramoncín- por haber facturado supuestamente a esta entidad 170.552 euros de manera irregular o por servicios inexistentes durante el período en el que fue consejero de esa sociedad. Según la agencia EFE, el juez cita a Ramoncín, que fue consejero de la SGAE entre 2000 y 2007, imputado de los delitos de apropiación indebida y/o administración desleal, así como falsedad documental, basándose en un informe aportado por la Guardia Civil, han informado fuentes jurídicas.
En el caso de IAT -según informa El País- "4,64 millones de euros es el dinero que les costará la desastrosa —y culposa, según el administrador concursal— gestión del holding privado CRC al frente de IAT, según el informe del administrador en poder del Juzgado de Primera Instancia 46 de Barcelona".
Pocos días atrás tomábamos conocimiento de la detención del ex presidente de la CEOE Díaz Ferrán, imputado por delitos como alzamiento de bienes e insolvencia punible, estafa procesal, falsedad documental y blanqueo de capitales. Junto a él están implicadas otras personas.
En el mes de Octubre la portada en este tipo de actividades delictivas fue para el conocido empresario de los 'todo a cien' Gao Ping; su esposa Yang Lizhen; sus dos segundos, Wei Lin y Haibo Li y el abogado español José Luis Cuervo, junto otros seis supuestos miembros de la cúpula de la organización.  Todos han sido recientemente liberados aduciendo un error judicial para su puesta en libertad. La denominada "operación Emperador" colocó a disposición judicial más de 80 personas y demostró además -según publicaba el diario ABC- "hay casi 400 cuentas bloqueadas, entre personas físicas y sociedades y 200 vehículos intervenidos. La operación «Emperador» ha demostrado que empresarios españoles se financiaban a través de estos grupos criminales y por tanto de forma opaca para el estado, a través del sistema de compensación. Estos industriales tienen parte de su patrimonio fuera de España, en paraísos fiscales, y si quieren disponer de él en nuestro país tendrían que declararlo a Hacienda".
En esta trama -no voy aburrirles con una lista interminable de nombres que están en todos los medios de comunicación- están envueltas empresas, empresarios y personajes públicos que utilizaban la red para blanquear sus patrimonios, además de algún político y funcionario público que facilitaba sus actividades ilegales.
Tampoco podemos olvidar casos como:
Operación Pitiusa: 150 imputados, y no se descartan nuevas detenciones. Entre los detenidos hay numerosos empleados públicos y altos directivos de empresas privadas, especialmente de telefonía, en una red de robo y tráfico de datos confidenciales de la administración, con centro en Barcelona y actividades extendidas por 11 comunidades autónomas. La información se vendía a empresas privadas, muy singularmente bancos y operadoras de telecomunicaciones, a través de agencias de detectives privados.
Caso Dívar: El presidente del Poder Judicial, Carlos Dívar, costeó con dinero público 30 viajes a la Costa del Sol, con estancias en hoteles de cuatro estrellas. Tras ser exonerado por sus pares, y después de dos semanas de fuerte presión parlamentaria y mediática, Dívar presentó su dimisión, siendo el primer presidente del Poder Judicial que deja el cargo.
Trama urbanística de Sant Josep (Eivissa): Trama urbanística del ex arquitecto de Sant Josep, Antonio Huerta Briz. Fueron detenidos Antonio Huerta Chamorro, hijo del ex arquitecto, y Pilar Fernández, nuera del mismo, ambos de 37 años. Antonio Huerta Briz, y su esposa, Rosario Chamorro -que llegó a ser presidenta del PP de Sant Josep-, se encontraban de viaje fuera de Eivissa, por lo que no se pudo materializar su arresto, como estaba previsto. Las mismas fuentes indicaron que ahora podría dictarse una orden de busca y captura contra ambos. Los cargos que se les imputan, a falta de confirmación oficial, serían los de malversación, cohecho, falsificación de documentos, unos supuestos delitos de corrupción urbanística ocurridos entre los años 1998 y 2007 en la localidad de Sant Josep (Eivissa), entre otros.
El Diario de Ibiza publicaba el 26 de abril del presente año bajo el titular: Caso Huerta: ¿camino de la impunidad? "Tres años y medio después de que el exarquitecto municipal de Sant Josep, Antonio Huerta Briz, fuera detenido por la Guardia Civil, las diligencias abiertas por el juzgado número 3 de Ibiza, que dirige Carmen Martín, permanecen prácticamente atascadas y sin que se atisbe su pronta reactivación. Ello es debido, especialmente, a la falta del informe que debe elaborar la Guardia Civil de Balears sobre el material incautado en octubre de 2008 en los registros efectuados en el Ayuntamiento de Sant Josep y las empresas de la familia Huerta".
Caso Malaya: Según publicó ABC en un especial sobre el mismo estaban envueltos más de 40 empresarios -entre otros personajes conocidos o políticos- a diferentes niveles y grados de participación en el esquema de cohecho, lavado de dinero, corrupción urbanística, etc. Al menos en este caso que provocó la disolución del Ayuntamiento de Marbella, algunos de los principales implicados están cumpliendo pena.
Hace pocos días fue publicado el informe: Flujos financieros ilícitos de países en desarrollo. 2001-2010 por la organización Global Financial Integrity que cifra en seis billones de dólares el ‘dinero sucio’ desviado a paraísos fiscales y grandes bancos de países ricos.
http://iff.gfintegrity.org/documents/dec2012Update/Illicit_Financial_Flows_from_Developing_Countries_2001-2010-HighRes.pdf

Estos son unos pocos ejemplos, pero que permiten que cada uno saque sus propias conclusiones y además nos deja los mismos interrogantes que en el comentario de ayer respecto a los bancos, banqueros y sus responsabilidades civiles y penales. Parece que en este caso -excepto a los más débiles de la red posiblemente- la impunidad será el resultado final de todas las actuaciones. No sólo en éste, sino en los que ocurren diariamente en muchas empresas e instituciones por negligencia, falta de profesionalidad,  incompetencia y mala fe aunque impliquen un coste laboral y social importante.
Con estas actuaciones nos demuestran -en general- que la ecuación dinero = impunidad es una realidad aplicada todos los días.