Israel contra la ONU

El pasado 29 de Noviembre la ONU, por amplia mayoría, aprobó una resolución por la que reconocía a Palestina como Estado observador de la organización, elevando el estatus de la ANP (Autoridad Nacional Palestina) de "entidad observadora" a "Estado observador no miembro" a pesar de las recomendaciones en contra de Estados Unidos e Israel, además de otros 7 países que votaron en contra de la proposición. La resolución además "reafirma el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación e independencia en un Estado de Palestina a partir de las fronteras de 1967", y expresa además la urgente necesidad de reanudar y acelerar las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz justo y duradero entre las partes en conflicto. Las represalias de Israel -ante esta derrota internacional- contra el pueblo palestino no se han hecho esperar y colocan en riesgo la posibilidad de diálogo y la paz en el futuro.
La primera actitud contra los intereses palestinos y acuerdos establecidos ha sido la decisión de construir 3.000 viviendas en Jerusalén Oriental y Cisjordania -territorios ocupados durante "la guerra de los seis días" en 1967-, según declaró el primer ministro Benjamín Netanyahu en la asamblea del gobierno. Las autoridades palestinas habían declarado con anterioridad que la suspensión de la construcción de viviendas en zonas ocupadas, que perjudicasen la unificación del pueblo palestino, era condición obligatoria para cualquier negociación de paz.
La siguiente acción, que marca el camino de la venganza por parte de Israel, ha sido retener unos 93 millones de euros en impuestos y otros fondos que recauda en nombre de los palestinos. Ese dinero será empleado en su lugar para saldar la deuda que la Autoridad Palestina mantiene con la empresa estatal de energía, la Israel Electric Corporation, según informó el ministro de Economía israelí, Yuval Steinitz. En virtud del protocolo de París de 1994, Israel suele ejercer funciones de recaudación de impuestos para el Gobierno palestino, obteniendo cantidades aproximadas de unos ochenta millones de euros mensuales que envía posteriormente a la Autoridad Palestina.

En 2011, el Gobierno israelí congeló la transferencia de setenta y siete millones de euros en concepto de impuestos en respuesta a una iniciativa palestina para garantizar su reconocimiento como Estado independiente, y tras la entrada de Palestina en la UNESCO. Esa cifra fue transferida posteriormente pero ya se habían ocasionado graves perjuicios a la economía palestina, ya bastante debilitada.

Por último, el gabinete de ministros israelí rechazó la resolución de la Asamblea General de la ONU de admitir a Palestina como país observador y declaró que no cederá a la presión ejercida por los países europeos después de ser citados los embajadores israelíes, en Francia, Dinamarca, España, Suecia y Gran Bretaña, para mostrarles su repulsa por las construcciones en las zonas ocupadas.

Aunque la críticas al proyecto de construcciones y el embargo de los fondos continúan, ningún país ha tomado ninguna medida efectiva contra Israel. Así, las nuevas construcciones en las zonas ocupadas y el bloqueo económico pueden significar el tiro de gracia para la creación del futuro Estado Palestino.