La pobreza se expande mientras la riqueza se contrae en menos manos, pero en mayor volumen.
Curiosamente, hoy dos importantes diarios en sus respectivos países -El País (España) y Clarín (Argentina)- dedican parte de sus portadas al problema de la expansión del número de personas en graves dificultades económicas.
Bajo el titular 'La crisis golpea la cesta de la compra' El País escribe: "El paro, las subidas de impuestos y las rebajas salariales se han
combinado en los últimos meses, no solo para contener el presupuesto que
los hogares españoles destinan a la alimentación, sino para reducir en
sí misma la cantidad de comida que entra en las casas". El diario continua comentando "Es decir, que no
solo el aceite de girasol gana terreno al de oliva, dentro de la
economía de guerra que muchas familias han tenido que adoptar como
régimen, sino que, en general, son menos los litros de aceite que se
meten en la cesta de la compra".
Cuando la cesta de la compra se ve afectada en el gasto familiar significa que antes de ella otras partidas -menos necesarias para la supervivencia- han disminuido o caído totalmente. Así, podríamos decir que ésta es el último baluarte del gasto familiar afectado por una crisis que va empobreciendo a miles de ciudadanos de forma continuada.
Por su parte en el Clarín, con el título: 'Pobreza e indigencia, once millones de personas viven con menos de $35 al día' (el equivalente a 5,45€) podemos leer; "El 30% de la población urbana de todo el país –cifra que equivale a más de 11,1 millones de personas– vive con menos de $35,50 por día o $1.067 por mes.
Estos
números surgen de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) elaborada por
el INDEC, que corresponde al tercer trimestre de 2012. Incluyen todo el dinero que ingresa en los hogares o familias
: ya sea del trabajo por cuenta propia (“changas”), profesional, en
relación de dependencia -en blanco o “en negro”-, jubilación, pensión,
rentas, prestaciones sociales o cualquier tipo de ayuda en dinero".
Ante esta realidad, el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) -organismo público, de carácter técnico, que unifica la orientación
y ejerce la dirección de todas las actividades estadísticas
oficiales que se realizan en la República Argentina, dependiendo del Ministerio de Economía y Producción- responsable de efectuar, mediante censos y encuestas, la elaboración de indicadores básicos de
orden social y económico y la producción de otras estadísticas básicas, ha modificado sus criterios y "considera que
una familia de 4 personas (matrimonio y dos chicos) no es pobre si cada
uno dispone de más de $13,30 por día o más de $1.600 de ingreso
familiar. Según las cifras del organismo, alcanzaría con 6 pesos diarios por persona para alimentarse y no ser indigente .
De
ahí que, para el INDEC, en el primer semestre de 2012 apenas el 6,5% de
la población habría sido pobre. Y con estos nuevos números, para el
cuestionado Instituto oficial, la pobreza ahora rondaría el 5% (menos de 2
millones de personas)".
La modificación de criterios según el resultado, es un buena política para eliminar de un plumazo unos 9 millones de pobres.
Las diferencias entre ricos y pobres han ido creciendo inexorablemente en los últimos años y en algunos países de la Unión Europea se vislumbra como una gran posibilidad la entrada de una figura impensable hace unos pocos años en nuestra sociedad consumista. Ante esta situación no son de sorprender noticias com la siguiente: "Grecia va a permitir la venta de alimentos caducados a un precio
inferior al original, en una medida que el Gobierno no ha sido capaz de
justificar pero que las asociaciones de consumidores han interpretado
como una prueba de su incapacidad para detener la escalada del coste de los productos básicos".
Seguramente alguna lúcida mente habrá pensado que vender alimentos -previsiblemente- deteriorados sea una forma de combatir la pobreza en el país y evitar las colas de recogida de comida ante las grandes superficies y otros establecimientos de productos alimenticios, pero lo cierto es que parece que nos dirigimos, ante la permisividad de las autoridades políticas y sociales, hacia la creación de la figura de los ciudadanos de segundo grado a los cuales es permitido vender productos vencidos y en supuestas malas condiciones o de dudosa calidad al menos.
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