Caso Pallerols, la corrupción política y una promesa olvidada en el tiempo

 El pasado martes se corrió el velo a trece años de investigación en tan sólo diez minutos, el tiempo necesario para que las negociaciones con el fiscal del caso, de la Generalitat y la defensa de las partes imputadas cerrasen un acuerdo para evitar el escándalo de un juicio público. En el mismo, los acusados admitieron los hechos de los que eran imputados y UDC aceptó devolver a la Generalitat 388.483 euros, desviados de diversas subvenciones de la Unión Europea para la formación de parados y trabajadores, según fuentes judiciales.
Los hechos se remontan a los años noventa cuando el empresario andorrano Fidel Pallerols -que ha aceptado una pena de prisión de siete meses por un delito de fraude de subvenciones- pudo recibir, entre 1994 y 1999, más de 8,5 millones de euros procedentes de la Conselleria de Trabajo -entonces dirigida por el democristiano Ignasi Farreres- con el objetivo de utilizarlos en cursos de formación dentro de su empresa, pero con la presunta intención de financiar a UDC con casi un 7% del total.
El líder de Unió Democràtica (UDC), Josep Antoni Duran i Lleida, hizo las siguientes declaraciones el día 21 de noviembre del 2000 -en una entrevista en la Cadena Ser- a la pregunta sobre si dimitiría en el caso de la UDC tener responsabilidades en el caso de la financiación ilegal (Caso Pallerols):
Periodista: ¿Dimitiría entonces?
Duran Lleida: ¿Quién yo? Si fuese el responsable de esa financiación si, ¿por qué no?.
El día 29/10/2002 en una nueva entrevista en la misma cadena, declaraba respecto al mismo asunto:
"Si hubiera financiación irregular en Unió Democrática, aunque no la conociese, yo me sentiría responsable,  si ha habido una financiación irregular políticamente yo debería pedir perdón porque me debería sentir responsable de eso".
¿Qué ha cambiado algo más de 10 años después? Ha aparecido la verdad del caso y en consecuencia las supuestas irregularidades se han confirmado, las especulaciones se han convertido en hechos tangibles y las responsabilidades se han esfumado como niebla matutina.
¿Es este un caso aislado en la política? Desgraciadamente esta es la norma, la pauta, que rige la actitud y la ética de los políticos a nivel de Catalunya, España y el mundo en general. Son de corta memoria y de mínima capacidad para asumir responsabilidades.

La portavoz de UDC, Marta Llorens, pidió ayer disculpas por el caso Pallerols pero descartó dimisiones en la dirección del partido porque "desconocía" los hechos, en consecuencia los beneficios que recibió UDC se obtuvieron "sin conocimiento" de la cúpula de esta entidad política. De esta manera, el líder de esta organización y portavoz de CiU en el Congreso continuará en sus cargos públicos pese al reconocimiento de las actividades ilegales de su partido. Para la portavoz solo se asume la "responsabilidad civil" derivada de que algunos dirigentes, "ahora apartados del partido", sí cometieron "actos ilícitos" con los que se pudo financiar mobiliario, alquiler de sedes y -supuestamente- las nóminas de militantes del partido que, aunque no realizaban ningún trabajo, figuraban como empleados de las academias de Pallerols, pero "sin conocimiento en ningún momento de la dirección", para continuar con el eufemismo "Unió no está condenada por financiación irregular, de manera que no se cumple la premisa para que Josep Antoni Duran i Lleida cumpla con lo que afirmó en el año 2000".
Puede ser que comprar muebles, material de escritorio o pagar alquileres y nóminas mediante el dinero público destinado a otros conceptos no se considere financiación ilegal y sí "ayudas a través de fondos de dudosa procedencia" lo que para el Sr. Duran i Lleida no debe ser lo mismo.
UDC emitía asimismo un comunicado en el que subrayaba que si devuelve a la Administración los fondos recibidos es por "responsabilidad civil a título gratuito" y no por responsabilidad penal.
Es difícil entender este acuerdo cuando el ministerio público inicialmente pedía para los procesados penas de hasta 11 años de prisión e indemnizaciones de valor superior.
Por su parte, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, opinó que pactos como el de este caso "no se deberían producir en política" y que "el presidente de UDC, Josep Antoni Duran i Lleida, debería dimitir por coherencia y responsabilidad política". No podemos -en esta ocasión- estar más de acuerdo con su comentario, pero también considero que debería aplicar la misma ética política con todos los dirigentes del PP imputados por delitos similares u otros cometidos en el ejercicio de su función pública antes de apuntar su dedo acusador en otras direcciones.

Por su parte, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, aseguró ayer que el tiempo que ha tardado la instrucción del este proceso es "excesivo, escandaloso e inasumible en un Estado de derecho tardar 20 años en la tramitación de un proceso por mucho que tenga complejidad documental". Este no es más que el final de un capítulo de una historia política plagada de otros similares.