Chile, el conflicto entre indígenas y propietarios

La sureña región chilena de La Araucanía está viviendo episodios de violencia inusitada en muchos años. El conflicto mapuche, que tiene su inicio en 1990, como está siendo conocido, está enfrentando por un lado a las organizaciones en representación de las comunidades mapuches de esta región y la del Biobío -que reclaman por una serie de reivindicaciones étnicas centrando sus demandas en una autonomía jurisdiccional, la recuperación de tierras ancestrales, beneficios económicos y el reconocimiento de su identidad cultural- y por otro los propietarios de tierras que reclaman los mapuches como históricamente suyas.
El problema se remonta a 1906 cuando el colono suizo Adán Luchsinger adquirió 60 hectáreas de un inmigrante alemán y se fue apropiando de otras vecinas, hasta poseer en la actualidad unas 1.200 que son las que reclaman las comunidades mapuches vecinas.
En el primer ataque -sucedido hace unas horas- cuatro encapuchados incendiaron dos camiones cerca de la localidad de Capitán Pastene. Posteriormente, en una localidad cercana, se produjeron nuevos incidentes entre indígenas y propietarios durante los cuales se cruzaron disparos y se prendió fuego a una bodega y a varios vehículos de maquinaria agrícola.
Los incidentes están teniendo lugar después de que el presidente, Sebastián Piñera, anunciara -tras la muerte, ayer, en un incendio provocado del empresario agrícola de ascendencia suiza, Werner Luchsinger, de 75 años, y su mujer, de 69- que la seguridad en la zona sería reforzada. Este atentado mortal fue el más grave ocurrido en el marco del conflicto tras el fallecimiento -por disparados de un carabinero (policía chilena de carácter militar)- el 3 de enero de 2008 del estudiante universitario Matías Catrileo mientras participaba en la toma de una de las tierras agrícolas reivindicadas.
Aunque la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) anunció en 2009 que compraría las 458 hectáreas del agricultor Jorge Luchsinger -ante la sucesión de ataques a su propiedad- por unos 4 millones de euros, hasta la fecha no se ha producido la operación mencionada.
Por otra parte, la cobertura que está efectuando la televisión chilena del conflicto está recibiendo numerosas críticas debido a su supuesta parcialidad al no mostrar el gran número de antecedentes judiciales que favorecen a los mapuche en su reivindicación de estas tierras, así como "tampoco en relación al sobreseimiento, por unanimidad de los jueces, de todos los imputados en el caso Hugo Albornoz, ni de la absoluta falta de pruebas para inculparlos en un viciado juicio que los mantuvo encarcelados casi dos años, y en huelga de hambre casi 90 días en 2010. Tampoco se refiere a las irregularidades que llevaron a expulsar del caso al Ministerio Público, por faltas en el proceso como 'desacato' y 'vicios formales', además de que lo que permitió que fueran acusados fue únicamente el uso de la Ley Antiterrorista, con un 'testigo protegido'. Ni que el único querellante terminara siendo el Ministerio del Interior, en un politizado juicio que buscó hasta última instancia, a pesar de la absoluta falta de pruebas, el encarcelamiento de los Mapuche de Temucuicui”, según escribió Gerardo Berrocal en su columna del medio alternativo Adkimvn.
Los mapuches, que representan un 4 % de la población chilena, se concentran en La Araucanía, la región más pobre del país, situada a unos 700 kilómetros al sur de Santiago.