Paraguay, Un nuevo Informe Chokokue denuncia los indiscriminados asesinatos de líderes campesinos

Manifestación contra la inseguridad que viven los campesinos. Codehupy

La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), una organización que nuclea a 26 organizaciones sociales y no gubernamentales titulares y a 5 organizaciones adherentes, presentará el próximo 6 de agosto una nueva edición del informe Chokokue, en el que denuncia la muerte todavía impune de 115 campesinos paraguayos entre los años 1989 y 2013. Si bien el detalle del informe aún se desconoce, sus investigadores adelantan que "existe un plan sistemático de ejecuciones en el país. Desde el año 1989 al 2013, suman 115 los campesinos e indígenas asesinados".
El informe Chokokue será presentado frente al Panteón de los Héroes, en Asunción, para documentar públicamente la espiral de violencia que ha segado la vida de 115 campesinos paraguayos en los últimos años. La cifra aumenta dramáticamente si se tiene en cuenta el primer informe de este estilo presentado el 28 de junio de 2007, cuando se informaba sobre las ejecuciones arbitrarias de 77 dirigentes y militantes de las organizaciones campesinas. En 7 años, el crecimiento de víctimas ha sido exponencial y no ha cesado en este 2014.
"Los datos obtenidos demuestran la existencia de un inaceptable patrón de violaciones de derechos humanos en contra de un sector social organizado, caracterizado por su gran capacidad de incidencia para la transformación de la injusta e inequitativa estructura de la tenencia de la tierra.
Estas organizaciones exigen el cumplimiento efectivo por parte del Estado de una reforma agraria integral que facilite la distribución de lotes agrícolas a la gran proporción de población rural que no accede por sus propios medios a ese recurso, necesario para la protección de sus derechos al trabajo, a la alimentación y a la vivienda adecuada, entre otros", decía el primer informe Chokokue.
El estudio registra, caso a caso, los asesinatos registrados por distintas vías y modus operandi en el territorio paraguayo, afectando especialmente al campesinado en su lucha por la tierra.
"Se documenta el patrón de violencia estatal e impunidad judicial en contra de organizaciones campesinas en el marco de la lucha por la tierra", se indica desde Codehupy. Esta edición a presentarse este mes de agosto comprende una actualización de los casos, con el objetivo de dar seguimiento a esa investigación, abarcando el periodo de 1989 a 2013.
Todas las muertes están impunes, asegura el informe Chokokue, y es la principal conclusión de un texto que supera el centenar de páginas y de víctimas. El informe recoge datos y recrea la historia y los posibles móviles de la muerte de estas personas, sus reparaciones, casos llevados a la Justicia y la movilización de esos actores sociales hoy desaparecidos físicamente.
"Muchos dirigentes campesinos (Mariano Jara, Toto Lezcano, Vidal Vega, por citar a algunos emblemáticos, líderes de sus comunidades) fueron víctimas ya del modelo sicario. Personas jóvenes que van, preguntan por la personas y, al salir éstas, llenan sus cuerpos de balas", se adelanta. En diferentes capítulos se expone el escenario en el cual se registran las muertes, como el avance de las empresas agro industriales en el campo paraguayo, la presión de las grandes corporaciones para frenar el modelo de agricultura familiar, la insensibilidad estatal y su sometimiento al poder económico trasnacional. La investigación llega más lejos aún al denunciar un "plan sistemático de ejecuciones en la lucha por el territorio campesino". El equipo de investigación de este informe estuvo encabezado por el abogado Hugo Valiente.
"La protesta campesina durante la democracia sufrió la violenta represión de los organismos de seguridad del Estado y la criminalización de sus medios de expresión. Además de la prisión por el delito de invasión de inmueble ajeno, violentos desalojos, destrucción de viviendas y bases de supervivencia alimentaria, la acción represiva del Estado y de los propietarios implicó la eliminación física de activistas por parte de agentes del Estado y de civiles armados que habrían sido organizados por terratenientes que empezaron a operar en las zonas rurales". El texto citado es parte del primer informe Chokokue. Allí la Codehupy denuncia que en este contexto se produjeron al menos 75 ejecuciones arbitrarias y 2 desapariciones forzosas de dirigentes y miembros de organizaciones de trabajadores rurales, en el periodo comprendido entre el 3 de febrero de 1989 y el 26 de junio de 2005.
"Estas graves violaciones al derecho a la vida respondieron a un plan encaminado a detener espirales de protesta, atemorizar a comunidades y organizaciones campesinas y desalentar las ocupaciones. Las ejecuciones arbitrarias y desapariciones forzosas se concentran en las zonas geográcas del país en donde se dieron los principales focos de conflicto por el derecho a la tierra. Afectaron a las organizaciones de campesinos sin tierra, pobres en su lucha contra el latifundio y por la reforma agraria", señala el texto.
Una víctima de aquel informe, que se encuentra en el presente documento, es Gumercindo Pavón Díaz (CI N° 2.974.519), quien nació el 13 de enero de 1976 en Colonia Sargento José Félix López (Puentesiño), departamento de Concepción, hijo de Luis Pavón Gayoso y Santa Díaz.
Tenía 22 años cuando fue víctima de una ejecución arbitraria. Su padre trabajó como peón durante 35 años en la estancia Santa Sofía, establecimiento propiedad de la firma CIPASA; su madre era ama de casa, y había fallecido unos 5 años antes de la ejecución de Gumercindo, como consecuencia de una mordedura de una serpiente venenosa en el establecimiento. Al igual que su padre, trabajaba como peón por temporadas en la estancia Santa Sofía y como agricultor en la tierra propia que habían conseguido en la lucha por la expropiación del latifundio CIPASA, en el asentamiento Norte Pyahu, departamento de Concepción, donde vivía con su padre y hermanos cuando fue víctima de una ejecución arbitraria.
El martes 10 de noviembre de 1998, Gumercindo Pavón Díaz se encontraba en su casa, en el asentamiento Norte Pyahu, en compañía de su primo Víctor Fernández Tavares. Narra el documento que fueron emboscados por parapoliciales de la empresa, quienes les dispararon. Gumercindo cayó herido de bala y murió horas más tarde cuando sus familiares intentaban trasladarlo a un centro de salud.
"La protesta campesina en reclamo de una reforma agraria integral, que explotó vivamente después de la caída de la dictadura del general Alfredo Stroessner (1954-1989), fue objeto de una violenta represión durante los años de la democracia. La estrategia represiva conllevó la eliminación física de militantes por parte de agentes del Estado y de civiles armados que empezaron a operar en las zonas rurales, organizados por terratenientes.
Este contexto marca una preocupante continuidad con la política de violación flagrante de los derechos humanos en contra de disidentes políticos, como sucedía durante la dictadura", denuncia el informe.
Durante el periodo posterior al cubierto por el Informe Chokokue (2005 en adelante), los casos de ejecuciones arbitrarias, torturas y criminalización de la protesta social continuaron perpetrándose a medida que el conflicto agrario se desarrollaba. Estos hechos fueron recogidos en los informes "Derechos Humanos en Paraguay" correspondientes a los años 2005-2011 y demuestran que persistió el patrón de respuestas represivas al problema social derivado de la inequitativa estructura de tenencia de la tierra, incluso con posterioridad a la salida del partido Colorado del Poder Ejecutivo en el 2008.
Paraguay sigue arrastrando los efectos de las políticas sobre la propiedad de las tierras del siglo XIX, y según un estudio del Ministerio de Agricultura y  Ganadería de 1991, el 1% de las explotaciones de más de 1.000 hectáreas representan cerca del 80% de la superficie total, mientras que el 80,6% de las explotaciones agrícolas poseen menos de 20 hectáreas y ocupan el 6,1% de la superficie.
Según el informe Chokokue, una distribución de tierras con esa desigualdad no existe en otro país del mundo.

Campesinos paraguayos marchan en una protesta contra la política de tierras.

Uno de los casos más mediáticos de la lucha entre los latifundistas, las autoridades y los campesinos tuvo lugar en Campos Morombí, o Marina Kue, como se conoce comúnmente entre los vecinos de la ciudad de Curuguaty. Esa localidad fue el escenario del mortal enfrentamiento entre los labriegos y la policía. Posteriormente, la masacre sirvió como pretexto para destituir al presidente Fernando Lugo, democráticamente elegido, tras un juicio político enturbiado por falta de procedimientos adecuados y declaraciones infundadas.
Los campesinos afirmaron que la propiedad pertenece al estado y que el exdictador paraguayo
Alfredo Stroessner, la había cedido ilegalmente a Blas Riquelme. Exsenador del Partido Colorado, poderoso hombre de negocios y uno de los amigos íntimos del dictador, Riquelme había declarado que la tierra era de su propiedad.
Casos como este son frecuentes en Paraguay, uno de los países de Sudamérica con mayor desigualdad y donde, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura (FAO), más del 80% de la tierra está en manos de menos del 2% de la población.
Cuando 300 policías antidisturbios entraron en Marina Kué para desalojar a 50 campesinos que habían ocupado los campos, incluyendo mujeres y niños, se produjo un tiroteo que causó las muertes tanto de policías como de campesinos. Aunque no está claro quién ni cuándo empezó el tiroteo, el Fiscal del Estado se apresuró a presentar cargos contra once campesinos.
Para añadir ambigüedades al caso, la investigación judicial se ha centrado únicamente en las muertes de los policías, mientras que las de los campesinos, las denuncias de tortura, las ejecuciones sumariales y otras violaciones de los derechos que sufrieron los civiles han pasado desapercibidas.
El pasado mes de marzo Eusebio Torres, dirigente campesino paraguayo, que llevaba años luchando por recuperar tierras estatales ocupadas por latifundistas, fue asesinado a balazos por presuntos sicarios. Torres, de 67 años, recibió cinco disparos mientras conversaba con su hija sentado en la puerta de su casa en la colonia campesina Santa Lucía, distrito de Itakyry, departamento de Alto Paraná.
Según Codehupy, la violencia estatal e impunidad judicial actúan en un contexto de avance de los agronegocios, lo que representa una presión sobre la agricultura familiar y la sujeción del Estado a los poderes empresariales.
"Estas organizaciones (campesinas) exigen el cumplimiento efectivo por parte del Estado de una reforma agraria integral que facilite la distribución de lotes agrícolas a la gran proporción de población rural que no accede por sus propios medios a ese recurso, necesario para la protección de sus derechos al trabajo, a la alimentación y a la vivienda adecuada, entre otros", sostuvo Codehupy en el año 2010.
En noviembre del año pasado, un informe de una Misión Internacional de DDHH denunció que con el argumento de la "persecución al enemigo interno" – Ejército Popular Paraguayo- el Estado Nacional instauró un “estado de excepción” a través de cual profundizó la prácticas represivas.
"El Estado asocia las reivindicaciones por el acceso a la tierra y por un ambiente sano a una problemática de seguridad interna que legitima abusos de autoridad y la instalación de un estado de excepción permanente", destacó el documento elaborado por organizaciones de DDHH de países de todo el continente.

El año pasado la organización civil Servicio Paz y Justicia (Serpaj) de Paraguay denunciaba las vejaciones y violaciones de derechos humanos y civiles cometidas por la Policía Nacional sobre familias campesinas de la localidad de Tacuatí, en el central departamento de San Pedro.

La organización humanitaria visitó la localidad e hizo públicas las denuncias de los campesinos de la zona, quienes aseguran ser víctimas de constantes atropellos perpetrados por fuerzas policiales, e incluso sufrir arrestos arbitrarios sin la existencia de cargos penales en su contra.

En un informe divulgado en Asunción, el ONG denunciaba que al menos 400 familias campesinas son sometidas al acoso de elementos policiales, quienes "se introducen en sus domicilios y usan la violencia para incriminarles con falsedades", además de robarles pertenencias. También denunciaban maltratos y detenciones arbitrarias.

"Los trabajadores rurales son constantemente amenazados de detenciones y maltratados, con el objetivo de vincularlos con hechos de violencia", exponía el texto.
 

Campesinos acusados de la masacre de Curuguaty. Foto de Articulación Curuguaty.