Francis Sowateye, en el sofá del piso del que ya le han intentado desahuciar, en la calle de Perafita, en Ciutat Meridiana, ayer. El Periódico de Catalunya. |
Francis Sowateye está enfermo. Tiene 55 años, pero debido a sus múltiples males aparenta bastantes más. Anda muy lento, con la ayuda de una muleta y de la mano de un compatriota ghanés, quien le ayuda también con el idioma. Llegó a España en 1998, pero apenas habla castellano. "Era marinero, pasaba mucho tiempo en el mar", explica en inglés este señor de mirada triste. La afasia tampoco ayuda en la comunicación. Con una incapacidad del 82%, una pensión de 340 euros y sin ninguna red familiar en Barcelona, Francis, vecino de Ciutat Meridiana, tiene una orden de desahucio para finales de este mes, y será la tercera en un año. A principios del año pasado fue desalojado de un piso que compartía con su propietario en la calle de Pedraforca, al no poder hacer este frente a la hipoteca. Tras ese desalojo se instaló en el piso en el que todavía vive en la calle de Perafita, famosa por ser la calle con más desahucios de España, de donde la semana pasada le intentaron desalojar sin éxito y sin ofrecerle ninguna alternativa. Tuvo la suerte de que la comitiva judicial se encontró en el piso con una asistenta social, que logró parar el despropósito y arrancó un margen hasta final de mes.
El sangrante caso de Francis no es aislado. En Ciutat Meridiana, el barrio con una renta familiar más baja en la capital catalana –con un 37,5 siendo 100 la media de la ciudad–, según los datos que hizo públicos el municipio la semana pasada, se viven historias similares a diario. "Ese 37,5 sale de las personas empadronadas. Si el cálculo fuera real, con las personas como Francis, que están en una situación de marginalidad extrema, esa cifra bajaría todavía más", apunta Manuel Cubero, secretario de la asociación de vecinos de Ciutat Meridiana.
Precisamente, el hecho de no estar empadronado en la vivienda de la que está a punto de ser desalojado ha llevado a Francis al limbo en el que se halla. Tenía un contrato verbal con la inquilina oficial del piso, a nombre de quien está el contrato de alquiler, que se marchó este verano del mismo junto a sus dos hijas. Ahora Francis no dispone de ningún contrato de alquiler ni factura de servicios que le ligue a esa vivienda por lo que, según le comunicaron en la Oficina d’Habitatge, no puede entrar en un piso de emergencia. "¿Si esta situación no es de emergencia, cuál lo es?", pregunta Cubero.
Pese a sus dificultades para expresarse, Francis es paciente y amable respondiendo a las preguntas que se le hacen. Explica que sí tiene hijos, pero que están en Ghana. Cuenta también que llegó a España en 1998. Primero estuvo en Almería. Después en Huelva y en Vigo, trabajando en un barco pesquero y en otro mercante. Trabajó también en Sabadell, en una fábrica de Sony, explica.
PRIMER INTENTO / El primer intento de este segundo desahucio llegó el día 29 de enero. La comitiva judicial se presentó en su vivienda sin previo aviso, según denuncia, con la buena fortuna de que pilló en casa a la asistenta social que le visita con regularidad, quien logró parar el desalojo y que le dieran 10 días de margen para encontrar una solución, que después se convirtieron en 30. Es decir, hasta finales de este mes de febrero.
La ficha de Francis es una de las 790 abiertas en la asociación de vecinos de Ciutat Meridiana, que lleva años centralizando la lucha contra la pobreza en el barrio, con dos ejes tan claros como básicos: la vivienda y la alimentación. "Es una vergüenza que Francis haya llegado hasta aquí sin que la Administración le haya ofrecido todavía una vivienda en la que pueda vivir en condiciones", insiste Cubero.
Fuentes municipales apuntan que los servicios sociales atienden a Francis a través del Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) con los programas Àpats a domicili – comida y cena cada día– y una trabajadora familiar también a domicilio. "Ante el desalojo se le ofrecerá la posibilidad de ir a un recurso puente, donde seguiría recibiendo SAD y una trabajadora familiar, mientras se sigue trabajando con él para encontrar la solución que más se adapte a sus necesidades, con la seguridad de que no se quedará en la calle", concluyen esas mismas fuentes.
Para la atareada asociación de vecinos del tan pobre como combativo y organizado barrio, esta respuesta llega tarde y fruto de la presión. "Si el día del primer desahucio no llega a estar allí la asistenta social, se hubiera producido; de eso han pasado ya muchos días y todavía no tiene un lugar alternativo donde ir", explica Filiberto Bravo, presidente de la entidad. Cree que la presión, tanto en la calle como en los medios, es básica para dar la vuelta a la situación.
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