España, El Partido Popular impone su coacción a los jueces limitando la ley de jurisdicción internacional

La historia ha demostrado que habitualmente cuando se cometen atrocidades vinculadas a crímenes de lesa humanidad y se usa la intimidación y la violencia para evitar un castigo, los delitos quedan impunes en las naciones donde se cometieron.

Desde hace dos décadas, sin embargo, comenzó a utilizarse un procedimiento para intentar romper esa impunidad de dictadores y criminales de guerra. Se trata de un sistema de justicia internacional para llevar a los tribunales los casos más graves de crímenes contra la humanidad: la llamada ley de jurisdicción internacional.

La ley permite que jueces de cualquier nación puedan perseguir esos casos incluso cuando el crimen no fue cometido en el territorio nacional o cuando fue supuestamente perpetrado por quienes han ocupado cargos importantes o gobernado otros países.
Y unos que, hasta la fecha, utilizaban más activamente este instrumento eran los jueces españoles.
En estos momentos gracias a la legislación española sobre la justicia universal se tramitan en la Audiencia Nacional casos como el asesinato del cámara de televisión José Couso en Irak; los vuelos de la CIA; el genocidio en Ruanda; las masacres en el Tibet, los asesinatos de los españoles Carmelo Soria e Ignacio Ellacuria, casos de atropello de los derechos humanos a activistas saharauis y una querella contra guardianes nazis. Estos casos quedarán archivados cuando entre en vigor como ley la proposición de ley, defendida por el Grupo Popular para restringir la aplicación de la norma de 1985 que ha sido modelo para toda Europa, que ayer fue votada, por la vía rápida, con el único objetivo de limitar la capacidad de los jueces españoles de investigar y procesar delitos bajo la ley de jurisdicción universal. Ahora empieza la tramitación y en menos de cuatro meses entrará en vigor. Una vez más, durante el gobierno del Partido Popular, España da un paso atrás en la búsqueda de la justicia y la igualdad.
La proposición de ley del PP que limita la justicia universal fue aprobada con los únicos votos a favor de los diputados "populares" (179) y con toda la oposición en contra (163).
La nueva ley limita la competencia de la justicia española a casos en los que los responsables del delito sean españoles o extranjeros residentes en nuestro país tras la comisión del mismo.
Una vez más la independencia del poder judicial queda cercenada, durante el mandato del Partido Popular, por la invasión del poder legislativo.

El juez Baltazar Garzón utilizó la ley de jurisdicción internacional en 1998 para procesar y extraditar al gobernante de facto Augusto Pinochet desde Reino Unido. El caso nunca llegó a la corte pero tuvo un amplio impacto legal y público.
Más recientemente la jurisdicción universal se aplicó para presentar una querella ante la Audiencia Nacional de España contra varios funcionarios del gobierno de Israel por su presunta responsabilidad en el lanzamiento de una bomba sobre el barrio palestino de Al Daraj donde murieron 15 personas.
También en España se presentaron querellas contra funcionarios y abogados estadounidenses por el supuesto entramado jurídico de Guantánamo.
Y este lunes un juez dictó una orden de captura contra dirigentes chinos, incluido el expresidente Jiang Zemin, por supuestos delitos de tortura y genocidio cometidos contra el pueblo tibetano durante los años 80 y 90.

Recientemente un juez español ordenó la captura del expresidente chino Jiang Zemin por supuestos delitos de tortura y genocidio.

Aunque en 2009 ya se había aprobado una reforma a la ley, quedaban algunos resquicios legales que permitieron presentar las últimas querellas.
Pero la nueva reforma aprobada este martes con la ayuda de los votos del oficialista Partido Popular, se acaba con el concepto de la jurisdicción universal, según le dijo a BBC Mundo la abogada Lydia Vicente Márquez, consultora internacional de derechos humanos y directora ejecutiva de la organización Rights International Spain:
"La nueva reforma significa que ya no habrá jurisdicción universal, que los casos que han sido presentados hasta ahora deberán cerrarse y que será imposible presentar nuevas querellas".
"La reforma cerrará las puertas de las cortes españolas a quienes han sido víctimas de violaciones graves de derechos humanos y que no han podido obtener justicia dentro de las jurisdicciones de sus propios países".

El Partido Popular justifica los cambios propuestos indicando que las actuales leyes de jurisdicción universal se están utilizando de forma exagerada e inapropiada.
Pero tal como le explica a BBC Mundo el profesor Antonio Remiro Brotons, catedrático de Derecho Internacional Público en la Universidad Autónoma de Madrid, detrás de las reformas presentadas por el PP hay muchos intereses diplomáticos, políticos y económicos: "No hay duda de que esta reforma tiene como razón sustancial y de fondo la presión tanto de China, como de Israel y Estados Unidos".
La reforma se presentó poco después de que la Audiencia Nacional solicitara la orden de captura de altos dirigentes chinos, incluido Jiang Zemin. El lunes un juez ordenó su arresto.
"Lo mismo ocurrió en 2009, durante la primera reforma que ocurrió poco después de que se pidió el arresto de militares israelíes por el bombardeo en Al Daraj", explica Lydia Vicente, "y la presión de Estados Unidos fue similar cuando se presentó la querella de Guantánamo".
Hasta ahora la cruzada de los jueces españoles para aplicar la justicia internacional no ha resultado, en la práctica, en que los casos sean llevados a juicio en España, sin embargo el instrumento ha tenido amplias repercusiones legales y ha tenido influencia en el procesamiento de casos en otros países, particularmente en América Latina, como explica el profesor Antonio Remiro Brotons.
"España durante dos decenios ha sido modelo en la persecución de los derechos internacionales. Y el instrumento de jurisdicción universal ha sido muy útil, como ocurrió en Argentina".

En 1988, el juez español Baltazar Garzón utilizó este instrumento para procesar y extraditar a Augusto Pinochet.

"Cuando los jueces españoles comienzan a solicitar el procesamiento de supuestos criminales latinoamericanos la justicia local muchas veces aplicaba legislaciones protectoras a esos supuestos criminales", señala el experto.
"Pero la aplicación española de la jurisdicción universal hizo que con esa legislación los jueces locales asumieran un papel protagonista".
Además, la legislación también implica una enorme molestia para cualquier persona que sea nombrada en una querella bajo la jurisdicción universal.
"Impide el libre desplazamiento de la persona fuera de las fronteras del país en que se encuentra", dice el experto.
"Ahora que un juez español ordenó el arresto de exdirigentes chinos, es evidente que será muy dificil, o hasta imposible, que esos individuos acaben en un juicio ante un juez español, pero está claro que esas personas no podrán salir de su país sin temor de que sean detenidos o implicados en un proceso de extradición", agrega.
Los críticos dicen, sin embargo, que España con sus propios problemas no es la nación más indicada para elevar los estándares de la ley internacional y los derechos humanos.
En octubre de 2013 Naciones Unidas recordó a la nación el antiguo reclamo sobre la supuesta impunidad en los casos de desapariciones forzadas durante la guerra civil y el régimen franquista.

Y ahora bajo la ley de jurisdicción universal una jueza argentina investiga desde 2010 lo que pasó en España.
"Es cierto que se ha acusado a España de ver la paja en el ojo ajeno y no verla en el propio. Pero también es cierto que la única forma de que prospere la justicia universal es que un país pueda aplicarla sin costes políticos o económicos", dice Antonio Ramiro Brotons.
"Y si no son los países desarrollados o democráticos los que pueden encargarse de que prospere ¿quién lo va a hacer?".
"Ahora parece que la persecución de criminales o delincuentes de cuello blanco en países desarrollados quedará en las manos de los países de bajos o medianos recursos donde los costos políticos, económicos y diplomáticos serán sin duda enormes".
Según Lydia Vicente de Rights International Spain, "también se ha acusado a España de gastar recursos excesivos en la persecución de estos casos. Pero eso es un mito, porque siempre han sido las víctimas o las asociaciones de derechos humanos las que han asumido el coste y las que pagan los viajes u otros gastos cuando hay que trasladarse".

El de Augusto Pinochet fue uno de los casos emblemáticos del principio de justicia universal.

Y agrega que también es un "mito" decir que la jurisdicción universal no es necesaria porque ya hay organismos como la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya para encargarse de estos casos.

"La CPI se creó para procesar delitos específicos, de genocidio, crímenes de guerra y lesa humanidad. Y sólo reconoce aquellos casos ocurridos después de 2002 cuando fue creada".
"La Corte además se basa en el principio de la complementariedad, que significa que cada Estado debe investigar también sus casos. Y ¿qué ocurre cuando el propio Estado es el supuesto perpetrador?", plantea la abogada.
Lo cierto, afirma el profesor Remiro Brotons de la Universidad Autónoma de Madrid, es que si se aprueba esta reforma, España y el resto del mundo quedarán sin un valioso instrumento de derecho internacional.
"La jurisdicción universal mantiene viva la esperanza y la capacidad de crear justicia para las víctimas y sus familiares", afirma el experto. Así como, "También implica que los valores de solidaridad y cooperación frente al crimen prevalecen sobre los intereses comerciales y políticos", añade el mismo.
Sin embargo, continúa diciendo, "Estamos viviendo un proceso de regresión en la defensa de los valores universales, de los derechos y las libertades humanas".
"Esta reforma demuestra que estamos de acuerdo con países como China, Israel, Rusia y Estados Unidos a quienes les perjudica y les perturba el principio de jurisdicción universal y quienes no están dispuestos a que otros países sometan a sus nacionales, que quizás no siempre han actuado debidamente, a procedimientos legales en otros países", concluye Brotons.
Amnistía Internacional (AI), junto con otras dieciséis organizaciones, ha entregado una carta en el Congreso de los Diputados para exigir a los grupos parlamentarios que rechacen la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial relativa a la jurisdicción universal propuesta por el PP.  
"Dado que el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas son crímenes contra el derecho internacional, todos los Estados tienen la obligación de investigarlos y juzgarlos en sus tribunales nacionales.
Habida cuenta de que la impunidad existe principalmente cuando las autoridades del país en el que se han cometido los delitos no actúan, es importante que los sistemas de justicia civil y penal de todos los demás países puedan intervenir para juzgar dichos delitos en nombre de la comunidad internacional y conceder reparaciones a las víctimas", publica en su web Amnistía Internacional.
En España la Audiencia Nacional tramita en este momento diversas causas bajo el principio de justicia universal, como la muerte del cámara de televisión José Couso en Irak, el genocidio en Guatemala, Ruanda o el Sáhara, los vuelos de la CIA, una querella contra cuatro guardias de la SS, la causa sobre el asesinato del diplomático español Carmelo Soria, o la más reciente y polémica de todas: la supuesta represión en Tíbet.

En declaraciones al diario El País, Thubten Wangchen, tibetano y director de la casa del Tibet en Madrid, ha sentenciado, "España tenía hasta ahora una consideración internacional de jueces fuertes, como no los tienen ni Estados Unidos ni Alemania. A partir de ahora España va a perder su valor internacional de defensa de los derechos humanos. Y lo va a hacer a cambio de dinero".

El Partido Popular ha conseguido su objetivo, apenas disimulado, archivar cuanto antes la causa abierta contra la cúpula del Partido Comunista chino en la Audiencia Nacional por el genocidio del Tíbet y evitar un conflicto diplomático con Pekín.