Dia de la Constitución: 34 años después recibe la extremaunción

El 6 de Diciembre de 1978 el pueblo español, mayoritariamente, aprobó el texto de la Constitución española sometida a referéndum ese día. La votación popular exigía a los futuros gobernantes del país que cumplieran las reglas socio económicas que en ella se implementaban. Sin embargo parece que, con el paso del tiempo, algunos de sus artículos se han ido quedando vacíos de contenido y no dejan de ser más que una esperanza de futuro con el permiso de los personajes que gestionan nuestro país.
La Constitución española de 1978.
Título I. De los derechos y deberes fundamentales.
Capítulo 2º Derechos y libertados
Sección 1ª De los derechos fundamentales y de las libertades públicas.
Artículo 24. Apartado 1.
Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.
El copago judicial vulnera totalmente el mismo pudiendo llegar a provocar casos de absoluta indefensión por falta de medios económicos.
Artículo 27. Apartado 1.
Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.
Principal -junto a la sanidad- apartado de los recortes económicos. Evidentemente los mismos sólo perjudican a determinado sector social, lo que provocará una sociedad totalmente desequilibrada a nivel profesional y cultural.
Sección 2ª. De los derechos y deberes y de los ciudadanos.
Artículo 31. 1º Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.
Este artículo no se refiere a todos los españoles, es exclusivo para aquellos que obtienen sus rentas a través de su trabajo o su pequeña empresa, en consecuencia no es válido para la "élite económica y política" que está exento del mismo o se esconde -con total libertad- en cuentas offshore, paraísos fiscales, y otros artilugios para librarse de su contribución y en consecuencia de su deber constitucional de participar en el sostenimiento de los gastos públicos.
                   2º El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.
El déficit público es el resultado de la ineficiencia, incapacidad, corrupción, falta de profesionalismo de nuestros cargos públicos, en casi todas las instituciones, y su irresponsabilidad social al no dimitir de los mismos.
Artículo 35. Apartado 1.
Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.
Este hace mucho tiempo que lo usan como papel toalla, así que sin comentarios.
Capítulo 3º. De los principios rectores de la política social y económica.
En el artículo 39 apartado uno dice:
Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.
Poco nos están ofreciendo los poderes públicos a la mayoría de ciudadanos en España en estos momentos, mientras se permite que otros actúen con total impunidad transgrediendo sus deberes y despreciando los derechos ajenos.
En su artículo 40 apartado 1º la misma dice:
Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo.

La antítesis de toda la política que se está realizando en la actualidad. La verdad es que no existe política, nos vamos arrastrando detrás de los reales conductores de una situación generada por políticos y empresarios corruptos, ineficientes y carentes de ética y profesionalismo en muchas esferas, y juntando todos esos factores a una falta de competitividad generalizada en nuestra economía.

En el apartado segundo del mismo artículo se dice:

Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y readaptación profesionales; velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados.

La falta de fiscalización, las trangresiones a los derechos de los trabajadores, la falta de programas para la actualización de los mismos, las políticas contra el desempleo, nos muestran la total falta de respeto hacia la Carta Magna por parte de aquellos que tienen la obligación de cumplir con lo establecido por el voto popular.

El artículo 43 menciona:

1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud.

2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.

El copago sanitario vulnera el derecho de los ciudadanos, dado que dificulta el acceso a la sanidad de los más desfavorecidos. En cuanto nuestro gobernantes se adhieren a un proceso hacia la medicina privada dejan la pública en una lastimosa situación.

Creo que ya nos hemos extendido lo suficiente para percibir donde está en estos momentos la Constitución aprobada por el voto popular hace hoy 34 años.
A todos los que creíamos en ella, alcemos nuestras voces y plegarias en sus últimos momentos. 

D.E.P.