Victoire Ingabire, luchadora por la democracia silenciada en Ruanda

A finales del pasado año, la líder de la oposición al actual presidente ruandés Paul Kagame, fue condenada a 8 años de cárcel acusada de diversos delitos contra la seguridad nacional y de minimizar el genocidio de 1994, intento de exterminación de la población tutsi por parte del gobierno ruandés, cuyos miembros pertenecía a la etnia hutu. Aunque en realidad fue un intento de diezmar no sólo a los tutsis, sino a los hutus que convivían con ellos, los hutus moderados, y a cualquier detractor del gobierno. El Presidente de Ruanda, Juvenal Habyarimana, asesinado en abril de 1994, chispa que provocó la explosión que dió inicio al período de genocidio, había creado sus propias milicias, conocidas como “interahamwe”, que también tuvieron un papel destacado en los numerosos ataques a la población tutsi del país. En unos cien días de matanza indiscriminada fueron asesinadas, según diversas fuentes, más de 800 mil personas -mayoritariamente tutsis-, incluidas mujeres y niños, así como se produjeron violaciones masivas de mujeres de la etnia tutsi. Según algunas referencias del genocidio, casi todas las mujeres tutsis que sobrevivieron a la masacre fueron violadas. De éstas se calcula que nacieron más de 4.000 niños que, muchos de ellos, fueron asesinados en el momento posterior al nacimiento.
Pero volviendo a los días de hoy, Paul Kagame, Presidente del país desde el año 2000, y sus partidarios están sometiendo a un incesante acoso a los partidos de oposición y especialmente a sus líderes; varios de los mismos se encuentran encarcelados tras sufrir juicios irregulares. 
Por otro lado, Kagame, ha sido formalmente acusado por tribunales españoles y franceses como promotor del asesinato de Juvenal Habyarimana, así como de la muerte de religiosos -entre ellos el Obispo de Kabgayi y de varios delitos de genocidio contra la población hutu (fuente: JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚM. CUATRO. AUDIENCIA NACIONAL - Madrid)-.
Aunque Kagame ha recibido numerosos elogios por sus esfuerzos para levantar económicamente el país desde el genocidio, teniendo como principal objetivo instalar a Ruanda entre los países con ingresos medios en el año 2020, sus opositores y otros organismos lo acusan de mantener una forma de gobierno autoritaria, despreciando las libertades políticas y privando del derecho de expresión a los medios de comunicación. 
Victoire Ingabire era la presidenta de las Fuerzas Democráticas Unificadas (FDU-Inkingi) en el momento de su detención en Abril de 2010, poco después de regresar a Ruanda tras 16 años en el exilio. Ella tenía como objetivo inscribir la FDU-Inkingi para participar en el proceso electoral en las elecciones presidenciales de agosto de 2010.
Para la directora del programa de Amnistía Internacional en África, Sarah Jackson, "El juicio se vio enturbiado por el hecho de que el tribunal no garantizó la verificación adecuada de testimonios, y la fiscalía mostró en ocasiones desprecio hacia el proceso debido".
Para Phil Clark, profesor de la Universidad de la Escuela de Londres de Estudios Orientales y Africanos, en declaraciones al NYT, periódico que consideró este juicio como un test para ver los límites democráticos de la nación y la separación entre el poder político y el judicial, dijo: "la acusación de la Sra. Ingabire envia un mensaje a otros grupos políticos ruandeses. Creo que este veredicto sin duda generará una gran preocupación, ya que avisa a otros líderes políticos que quieran participar en futuras elecciones, que en caso de que se presenten pueden ser imputados de acusaciones muy graves también". 
La organización UMOYA (Comités de Solidaridad con el África Negra) ha iniciado una campaña, en colaboración con otras entidades, para que se le otorgue el renombrado Premio Sájarov para la Libertad de Conciencia (premio ya obtenido por Nelson Mandela, o el Grupo de las Madres de la Plaza de Mayo -Argentina-, entre otros destacados defensores de los derechos humanos) que es un reconocimiento que otorga el Parlamento Europeo a personalidades excepcionales que luchan contra la intolerancia, el fanatismo y la opresión, y que defienden los derechos humanos y la libertad de expresión.