Las agencias de rating y su papel en la crisis financiera ante la justicia

Desde Washington la agencia Reuters transmitía ayer una noticia que puede significar el inicio de una serie de procesos civiles y criminales contra las agencias de calificación de riesgos, en la mira de todos, especialmente los especialistas en materia económica, desde el inicio de la crisis financiera de 2008. El Gobierno de Estados Unidos puso en marcha una demanda civil en contra de Standard & Poor's y su matriz, The McGraw-Hill Companies, sobre las calificaciones de bonos hipotecarios, la primera medida punitiva federal contra una agencia de calificación por su supuesto comportamiento ilegal en la reciente crisis financiera.
El Gobierno dijo en una presentación judicial que espera obtener sanciones monetarias civiles contra S&P y McGraw Hill.
"Esta demanda es significativa porque podría augurar futuras medidas del Gobierno, o incluso peor para las agencias, más litigios de los inversores", dijo Jeffrey Manns, un profesor de derecho en George Washington University en Washington, D.C.
Aunque esta medida inicial está tomada contra Standard & Poor's, no es descartable que se inicien en breve acciones contra Fitch o Moody’s, las cuales, junto a S&P, se reparten el 90% del negocio de la calificación.
Para Ethic, un medio de comunicación que nace con el objetivo de generar valor en torno al debate sobre el desarrollo sostenible, principalmente en España y Latinoamérica, “Los fallos de las agencias de calificación crediticia fueron engranajes esenciales en la maquinaria de destrucción financiera. Las tres agencias fueron herramientas claves en el caos financiero”.
Las agencias de calificación de riesgo tienen un histórico de fracasos extenso a la hora de poner nota a determinados activos financieros. Así, estas agencias demostraron sus graves carencias con las crisis bancarias de 2007 y 2008 en las que no reaccionaron hasta que la catástrofe era un hecho. Otro caso a tener en cuenta lo encontramos en el rating dado a la empresa Enron; su calificación permaneció en niveles normales cuatro días antes de que la empresa se declarara en bancarrota, pues habían recibido fuertes presiones para mantener la calificación crediticia de Enron hasta que Dynegy completara la adquisición. En el caso de Lehman Brothers tenemos otro ejemplo de ineficiencia, pues mantuvo una buena calificación justo antes de su debacle. Encontramos, quizás, el mayor caso de negligencia profesional de estas agencias en el llamado “problema de la deuda pública” que se inició en Grecia cuando el Presidente Papandreu anunció que la deuda pública griega era mayor que la anunciada por el gobierno anterior, a pesar de que la falta de credibilidad de las cuentas griegas era ya algo muy conocido por los mercados.

Según publica hoy el diario El País "El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha analizado millones de correos electrónicos para la demanda que presentó este martes en California contra la agencia de calificación de riesgos por la manera en la que infló la nota de los paquetes de deuda estructurados con hipotecas basura". En uno de ellos se puede leer “Espero que ya seamos ricos y estemos retirados cuando se caiga este castillo de naipes”, escribió en 2006 un empleado de Standard & Poor’s (S&P) en respuesta a otro mensaje recibido.
Recientes informaciones aparecidas en el Financial Times parecen poner de manifiesto que las agencias de rating fueron cómplices y no víctimas del engaño. 
Demandas anteriores de Connecticut e Illinois acusaron a S&P de violar las leyes de fraude a los consumidores al declarar que sus calificaciones eran objetivas, aún cuando ignoró los crecientes riesgos de los valores para servir a los bancos de inversión que brindaban ingresos a la compañía.
El grave error, desde mi punto de vista, y que puede llevar a diversas interpretaciones, es que en el actual sistema las agencias de rating, normalmente, cobran de aquellas entidades a las que tienen que calificar (issuer pays –el emisor paga), lo que, evidentemente, les quita independencia a la hora de calificar las emisiones. Por ese motivo, es bastante simple traspasar las barreras entre las tareas de control y las de asesoramiento. Por otro lado, se potencia que la agencia que tenga una opinión más favorable de una empresa sea al final la responsable de la calificación de sus títulos, pudiendo intervenir otros factores ajenos a los puramente estados financieros o económico-contables de las mismas.
Como bien nos explica José A. Estévez Araujo, catedrático de la Universidad de Barcelona, desde la web www.attacmadrid.org, en este sentido, "conviene recordar lo que una agencia de calificación crediticia comentó a un periodista del Financial Times y se publicó el 17 de mayo de 2007 en 'How S&P put the triple A into CPDO': 'los bancos vienen a nosotros con una propuesta de transacción y nosotros les explicamos cómo pueden ser calificados de acuerdo con nuestros criterios… No hay nada siniestro en este proceso', algo que sonó y suena como una especie de sofisticado timo de la estampita. A la luz de estos datos, resulta obvio que la existencia de conflictos de interés por parte de las propias agencias de calificación crediticia, dada su relación con los originadores de los créditos o activos subyacentes, ha sido y continúa siendo una de las causas de su mal funcionamiento".
Este tema nos deja un interrogante: ¿Cómo los Estados van a exigir responsabilidades a estas agencias cuando, aparentemente, las grandes agencias de rating controlan la actividad de los propios Estados a través de las calificaciones de su deuda emitida? Lo cual nos lleva a una alternativa: la creación de agencias de calificación de riesgos en Europa y USA, mejorando su marco de actuación, su transparencia y responsabilidad, con una regulación internacional y el control o supervisión de entidades u organismos como el SEC (Securities and Exchange Commission) en los EEUU u otros similares en el resto del mundo.