México, los tribunales populares, ¿una alternativa a la justicia oficial?

Imagen tomada en Ayutla de Guerrero donde se efectuó un juicio popular de la Policía Comunitaria contra 54 presuntos criminales (Cuartoscuro).

En México está proliferando una alternativa a la demorada, y no siempre aplicada, justicia oficial: Los tribunales populares.
La Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), un grupo de autodefensa surgido en el sur de México y que tiene por objetivo combatir el crimen organizado con sus propios medios, celebró el último día de enero los primeros tribunales populares. Unas 54 personas detenidas, por la policía popular o policía comunitaria, se presentaron en grupos de cinco para ser juzgados el pasado 31 de Enero en la plaza central de la localidad de El Mesón, en el municipio de Ayutla.
Estos presuntos delicuentes fueron presentados por diferentes personas afectadas por sus delitos como los responsables de haber cometido “asesinatos, cobro de cuotas, secuestros, violaciones, robos, asaltos, halconeo, venta de drogas y hasta un descuartizador”, según indica la prensa local.
El juicio duró unas 3 horas y asistieron al mismo cerca de un millar de personas. Durante el tribunal popular, vecinos y familiares de los detenidos y de las víctimas fueron testigos de la presentación de los imputados, juzgados por delitos relacionados con el crimen organizado, incluido el asesinato, el secuestro, la extorsión y la venta y el consumo de drogas.  El próximo 22 de febrero continuará el proceso para revisar las pruebas y analizar el castigo al que serán sometidos los acusados tras una votación a mano alzada.
No se trata de la esporádica “justicia por propia mano”, como aislada práctica de linchamiento; lo que en el estado de Guerrero parece emerger es distinto: "Ya son decenas de comunidades guerrerenses las que, de manera coordinada, han decidido conformar el autonombrado “Tribunal Popular”, de propia reglamentación y método para atrapar a supuestos delincuentes y someterlos, no a la discrecional paliza –y en casos extremos conocidos, al fuego-, sino a la “reeducación” publica la página web mexicana La Policíaca.
Según fuentes de la UPOEG tan sólo del 5 de enero pasado hasta el día 31 se ha logrado abatir la delincuencia en un 80 por ciento gracias a la policía comunitaria.
Esta práctica se originó en el municipio de Ayutla de los Libres, en el estado de Guerrero, de donde se ha extendido a otros seis municipios sureños ante la pasividad del estado en la lucha contra el crimen organizado, según informa la mencionada organización.
Durante la presentación de las personas bajo resguardo ante la Asamblea Popular, el párroco de Tlapa, Mario Campos Hernández, comentó que el hecho de que pueblos y comunidades enteras estén tomando las armas para defenderse de la delincuencia “no es llamarada, ni una cuestión mágica, ni mero azar, llevamos años y años organizándonos, preparándonos y en este momento tan delicado que vive la nación y el descrédito de las autoridades, hemos decidido movilizarnos para restituir el estado de derecho y hacer justicia con base en nuestros usos y costumbres".
Por su parte la Comisión Nacional de los Derechos Humanos comentó que la policía comunitaria es anticonstitucional, pues va en contra del Artículo 17 de la Constitución que establece que ninguna persona puede hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho, por lo que solicitó al gobierno del estado de Guerrero la aplicación de medidas cautelares para salvaguardar los derechos humanos, integridad física, seguridad jurídica y legalidad de las personas retenidas por los grupos de autodefensa. Por su parte, los responsables de estas comunidades manifiestan "su interés por garantizar la salvaguarda de los derechos humanos de los detenidos". A diferencia de lo que sucede con las instituciones armadas oficiales, como lo constata el informe anual de la ONG Human Rights Watch, la cual informa que en México siguen siendo prácticas corrientes y generalizadas de las fuerzas policiales y militares: amenazas, detenciones arbitrarias, violaciones a las garantías individuales, ejecuciones, desapariciones, y torturas generalizadas y arbitrarias.
Si las policías comunitarias en el estado de Guerrero están siendo toleradas por las autoridades mexicanas, la celebración de este tipo de juicios, que suponen un salto adelante importante, ha generado una importante controversia a nivel nacional, al mismo tiempo que ha atraído la atención sobre esta zona de México, una de las más pobres del país, habitada por indígenas.
Aunque el gobierno admite el derecho de esas comunidades a su autodefensa, expresa su inquietud  por la iniciativa de la UPOEG de aplicar justicia, dado que considera que ese tema es una competencia exclusiva del estado.
El asunto ha levantado una fuerte polémica en el país. Pocos niegan el derecho de estas comunidades a defenderse pero se recuerda que es el Estado quien debe monopolizar determinadas atribuciones, entre ellas la de impartir justicia, y que estas iniciativas de autodefensa son una salida falsa que no resuelve los problemas e incluso puede agravarlos.
En medio de las presiones de quienes exigen hacer valer el estado de Derecho, las brigadas de autodefensa liberaron a 11 de sus detenidos este fin de semana, pero reiteran que no depondrán ni armas ni actitud y que se emitirán las sentencias de los todavía detenidos el próximo día 22 de este mes.
Para el diario del Estado de Jalisco, La Jornada "se ha propalado históricamente la concepción de que el Estado es una instancia por encima de los intereses de clase y de grupo. Se le presenta como un árbitro que cuida los intereses de la colectividad. Nada más alejado de la realidad. El Estado realmente es una institución que responde a los intereses de las clases y grupos dominantes. Para operar echa mano tanto de cuerpos coercitivos como policía y ejército, y de instancias legitimadoras como presidentes, parlamentos, instancias jurídicas y medios de comunicación. Sin embargo, en México, actualmente, está ocurriendo que el Estado ya no viene cumpliendo esas funciones que se le asignaron. Además, progresivamente, va perdiendo legitimidad ante los ciudadanos. Ven a un Estado incapaz de tener la autonomía suficiente para mantener la soberanía y la seguridad que requieren sus habitantes; y a un Estado que toma decisiones subordinando los intereses colectivos a las exigencias de clases y grupos fácticos de poder".
Por este motivo surgen iniciativas como la que estamos comentando, siendo de destacar la finalidad de la misma. Según diversos comentarios, en caso de ser encontrados culpables, estos presuntos delincuentes, serán sometidos a un proceso de reeducación en base a trabajos en contacto con las diferentes comunidades que integran estos tribunales.
Para entender este movimiento es importante conocer la situación de los moradores de esa zona, cuna de la insurgencia armada (ahí surgió el Ejército Popular Revolucionario (EPR), un grupo guerrillero mexicano).
Desde la década de 1990 se hizo común que, bajo el pretexto de perseguir guerrilleros, los militares hostigaran, detuvieran y amenazaran a los indígenas que tenían una lucha contra el gobierno, pero no armada. Ese asedio, junto a la pobreza histórica en la que vive la región -según el último reporte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), de 2010, en Ayutla de los Libres el 88% de los habitantes vive en pobreza y la mitad de sus habitantes no tiene recursos suficientes ni siquiera para comer-, actuó como detonante para la separación de las estruturas del Estado en la región de Guerrero, creando sus propias fuerzas de seguridad, policía comunitaria, con el objetivo de combatir la inseguridad que ocasionaban asaltantes, asesinos y violadores.
Para el antropólogo mexicano Abel Barrera, estudioso del desarrollo de la población de esa zona, "Hay un asedio histórico hacia esta región, porque siempre ha sido de algún modo rebelde, resistente, hay un desprecio hacia los indígenas, un trasfondo de abusos por parte de los caciques, de los grupos políticos, del Ejército, de la Policía Ministerial que ha sido cómplice de los delincuentes. Es un pueblo que históricamente ha sido lastimado y ha resistido, a la par", concluyendo su opinión respecto a este tema "Lo que vemos es que los grupos de la delincuencia hacen el trabajo sucio contra organizaciones y defensores de la cultura indígena de la zona, y sus crímenes se mantienen impunes", por ese motivo son los propios habitantes de la región que deben garantizar su seguridad y desarrollo, independientemente de las estructuras oficiales del Estado.