República Dominicana, el drama de los haitianos

La República Dominica se encuentra situada en la isla La Española, situada en el archipiélago de Las Antillas, y divide la misma con Haití. El primer estado se encuentra situado en la posición 98 del IDH, mientras su vecina ocupa la posición 158. En relación al PIB, mientras Haití ocupa la posición 138, la República Dominicana ocupa la 60 posición. Como pueden observar la diferencia es significativa.
La frontera entre la República Dominicana y Haití es un centro permanente de reunión de haitianos que, intentando huir de la situación económica y social de su país, buscan entrar en el país vecino. Por ese motivo se producen diariamente escenas de tensión por cuenta de los miles de haitianos, la mayoría indocumentados, que presionan para que se les permita ingresar en territorio dominicano, con el objetivo de trabajar en plantaciones agrícolas del país.
Bridget Wooding, coordinadora del Observatorio Migrantes del Caribe, afirmó que la migración haitiana a República Dominicana ha aumentado cinco veces más, con relación a las cifras registradas en 2010, después del terremeto de hace más de tres años y la epidemia de cólera de 2011.
El pasado mes de enero el conflicto se vivió en la zona de la isla perteneciente a Haití, donde grupos de haitianos enardecidos, aglomerados en el lado de su país del río Masacre que separa a las dos naciones caribeñas por el noroeste, impidieron la entrada de miembros de la seguridad del expresidente dominicano Leonel Fernández.
El otro punto de conflicto en la República Dominicana son los descendientes de haitianos que viven en ella y que, según explica Francisco Leonardo, abogado y técnico de incidencia política del Centro Pedro Francisco Bonó, "aunque no hay datos censales, el cálculo es de unas 300.000 personas descendientes de haitianos que están inscritas en el registro civil dominicano, que no pueden acceder a sus cédulas de identidad o a sus actas de nacimiento, o que se hallan en situación de subregistro".
Según publica el periódico dominicano Hoy, en su página web,  "la falta de un acta de nacimiento de familias de hasta cuatro generaciones (bisabuelo, abuelo, padre e hijo), mantiene inmersos a los protagonistas de esa tragedia social en el círculo vicioso de la pobreza, negadora de los derechos humanos fundamentales, como el tener registrado un nombre, el acceso a  la educación, a la salud, a la alimentación, a un empleo, a un techo y  a otros". El problema es que esta situación no es exclusiva de descendientes haitianos, pues también se encuentran familias, con varias generaciones nacidas en la República Dominicana, que habitan en zonas rurales fundamentalmente.
El motivo de los problemas actuales, y que se repiten año tras año, en la zona fronteriza es el desplazamiento de miles de trabajadores ilegales haitianos a su país para pasar las fiestas navideñas en compañía de su familia, pero que posteriormente encuentran graves problemas cuando quieren volver a entrar al país vecino.
Para la socióloga Bridget Wooding, "se hace necesario que las autoridades dominicanas encuentren una solución adecuada y conforme al estado de derecho, porque este problema continúa teniendo un impacto negativo en los derechos fundamentales de las personas", según explica en la página web del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (IGlobal).
Para el diario dominicano La Información "La falta de una política migratoria que le permita al país  adoptar medidas que le impidan  enfrentar cada año el drama que se produce en la frontera dominico-haitiana, con el retorno de cientos de nacionales haitianos, ha sido la causa principal por la cual se produce el caos que se vive en los actuales momentos en esa zona limítrofe", y solicita al gobierno que ponga un punto final a esta situación que puede perjudicar a la imagen de la República Dominicana a nivel internacional y "para evitar que ese drama humano, y por demás vergonzante, que se produce con el regreso de esos cientos de haitianos que cada año visitan sus familiares en Haití para pasarse las festividades navideñas, se continúe produciendo y llegue a convertirse en un conflicto social de imprevisibles consecuencias para las dos naciones".
Aunque no hay cifras oficiales, se estima que cerca de un millón de haitianos reside en República Dominicana, la mayoría en situación irregular, dedicados a trabajos que no realizan los residentes locales y recibiendo salarios muy inferiores a los aplicados a los dominicanos en sectores como el agrícola, de hostelería y la construcción fundamentalmente.
Aunque muchos dominicanos se muestran contrarios a la regularización de los hatianos ilegales, otras voces reclaman la definición de un situación que no favorece a nadie. Mientras, los dominicanos descendientes de haitianos lo califican como "Política xenófoba y racista con gravísimas consecuencias humanas". Ana María Belique relata a Otramérica como vivió “una gran depresión”. “No entendía por qué pasaba eso, no entendía por qué si ya estamos registrados desde nuestro nacimiento me negaban el documento, me sentía frustrada, perdida, negada, como si no tuviera dueño y como si no fuera de ningún lugar. No les puedo negar que lloré, lloré mucho cada noche y cada día… Sentí dolor, porque culpaban a mis padres... Sentía que trataban a mis padres como bagazos después de ellos haber dado todas sus fuerzas, su sangre y su sudor en los cañaverales dominicanos”.
En protesta por esta situación, el pasado martes día 12 decenas de hombres y mujeres, de ascendencia haitiana, se manifestaron, solicitando el reconocimiento a su derecho a la nacionalidad dominicana, con una cruz de madera para llamar la atención de los funcionarios de la Junta Central Electoral y la población en general en torno a su problemática.
Dos cuestiones singulares diferentes, los haitianos irregulares y los dominicanos descendientes de haitianos, que deberá resolver el Gobierno dominicano en el futuro más cercano ante la supervisión de diversos organismos internacionales de defensa de los Derechos Humanos, con la finalidad de impulsar una política migratoria que ponga fin a ese tipo de situaciones, que lo único que hacen es poner en cuestión la seguridad jurídica de la República Dominicana y, por otro lado, dificultan las prácticas explotadoras de un sector del empresariado nacional.