Mujeres muestran fotos de desaparecidos en México. / Alex Cruz (EFE) |
El 29 de noviembre del pasado año el periódico The Washington Post publicaba una información, obtenida de documentos oficiales de la Procuraduría General de la República de México, nunca antes revelados. Funcionarios, que tuvieron acceso a diversos documentos, y frustrados por la parálisis y la inacción institucional, decidieron darla a conocer por esta vía. Se trataba de una lista con más de 25 mil personas adultas y menores de edad registradas como desaparecidas durante el sexenio de Felipe Calderón. Cuestión que siempre había negado éste, y que parecía determinar la implicación, y conocimiento, del Gobierno en estas acciones.
Un ejemplo repetitivo, según el diario estadounidense en estos casos, es la similitud de las declaraciones:
Su esposa fue a comprar medicina y desapareció. Otros:
Su hija fue forzada a entrar en un cocheo
El padre fue arrestado por hombres con uniformes y jamás fue visto de nuevo.
Pero, según publica hoy Univisión, la cadena de televisión en español más importante de Estados Unidos, en su página web "De acuerdo con una base de datos del gobierno de México, se contabilizaron 27 mil personas reportadas como desaparecidas, informó este miércoles la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, después de una reunión con representantes de Human Rights Watch". Para todos los medios de comunicación y analístas políticos esta información muestra definitivamente la participación de las autoridades, en el período de Felipe Calderón, en las desapariciones y la contabilización de las mismas.
Por su parte esta organización humanitaria ha documentado 249 desapariciones, en un informe -se puede encontrar en su página web- bajo el título "Los desaparecidos de México", durante el sexenio de Felipe Calderón. Según comenta la BBC "El documento señala que en 140 de los 249 casos estudiados hay "evidencias contundentes" de que "se trató de desapariciones forzadas", esto es, "que participaron en ellas actores estatales en forma directa o bien indirectamente mediante su colaboración o aquiescencia" con la delincuencia organizada". Anteriormente, el domingo 3 de abril de 2011, la misma cadena había publicado: Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), financiada con dinero federal, entre 2006 y 2011 se reportaron unas 5.397 personas como "extraviadas o ausentes". La información de la CNDH se conoció solo dos días después de la publicación de un estudio de Naciones Unidas que apuntaba como posibles responsables de un buen número de esas desapariciones a las Fuerzas Armadas, uno de los ejes centrales del ex presidente Felipe Calderón en su lucha contra el crimen organizado.
Human Rights Watch destaca, en su informe de 190 páginas, que la estrategia de Calderón "No sólo no logró contener a las poderosas organizaciones delictivas que operan en el país, sino que además generó un incremento dramático de las graves violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad a las cuales se encomendó la misión de enfrentar a esas organizaciones. En vez de reforzar la seguridad pública, estos abusos exacerbaron el clima de violencia, caos y temor".
El periódico mexicano Vanguardia publicaba el pasado 18 de enero "la cifra de casos de personas que continúan sin localizarse es de 1380, sólo en el Estado de Coahuila. Sin embargo, no se puede establecer un padrón de víctimas debido a que no todos los desaparecidos son civiles ajenos a cuestiones de delincuencia organizada", tras unas declaraciones respecto a los desaparecidos del titular de la Subprocuraduría para la Búsqueda de Personas No Localizadas en Coahuila, Juan José Yáñez Arreola, el cual informó que hasta el momento 513 personas han sido localizadas en el Estado, de las cuales 81 son menores de edad.
HRW critica la falta de acción de los gobiernos ante esta grave violación de los derechos humanos, afirmando que en "casi todos los casos, las autoridades no adoptaron medidas oportunas ni exhaustivas para buscar a las víctimas ni investigar lo sucedido". Por ese motivo solicita al actual presidente, Peña Nieto, cuyo triunfo fue impulsado en parte por el descontento con la política de seguridad del anterior gobierno, que presente, a la mayor brevedad, un proyecto de reforma de la justicia que evite este tipo de acciones en el futuro y advierte "si el gobierno de Peña Nieto repite esta estrategia fallida y no establece un plan integral y efectivo para investigar desapariciones ocurridas en el pasado y ayudar a prevenirlas en el futuro, los casos de desapariciones, muy problamente, continuarán en ascenso".
Recordemos que infelizmente los sucesos de México no son un caso único en este tipo de violación de los derechos humanos a nivel masivo, aunque si uno de los más graves en cuanto al número de desaparecidos en las últimas decadas. Guatemala, Argentina y Colombia poseen el penoso privilegio de compartir los primeros lugares en el ranking de Desapariciones Forzadas, como se denomina jurídicamente a las mismas.
Los desaparecidos de México, informe resumido de Human Rights Watch
YURI CORTEZ/AFP/GETTY IMAGES. Imagen obtenida en una manifestación en México D.F. |
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