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| Imagen de la mansión Cargill en Minneapolis |
Según el informe "Divide y
Comprarás. Una nueva forma de concentrar tierras baldías en Colombia",
elaborado por Oxfam, Cargill, la mayor comercializadora de materias
primas agrícolas del mundo, adquirió las tierras baldías a través de 36
sociedades con las que eludió la restricción legal de 1.725 hectáreas, como cantidad máxima de tierra que puede ser comprada, por una unidad familiar en este departamento.
En el informe también figuran otras empresas nacionales y extranjeras que infringieron la ley en este aspecto.
Las tierras baldías son unidades agrícolas que el Estado ha entregado
en diferentes momentos de la historia a campesinos con el objetivo de
repartir la propiedad de la tierra, siendo la Ley 160 de 1994 la última
estructura legal que las ampara.
Según informaron los
autores del informe, Oxfam paró la investigación después de identificar
52.576, hectáreas por la complejidad de conseguir la información, aunque
se sospecha que la cifra total puede alcanzar las 90.000 hectáreas.
De las tierras que se identificaron, unas 24.000 hectáreas se encuentran en el
municipio de La Primavera, 22.000 en Santa Rosalía y casi 6.000 en
Cumaribo, todos ellos en el departamento del Vichada, fronterizo con
Venezuela y con una activa presencia de grupos armados al margen de la
ley y del narcotráfico.
Por esas 52.576 hectáreas,
Cargill y sus sociedades habrían pagado unos 73.000 millones de pesos
colombianos (unos 38,5 millones de dólares).
En el
documento se recoge además que Cargill hizo estas adquisiciones por
medio de su filial Black River Asset Management, uno de los mayores
fondos de inversión a nivel global en el sector del agro.
"Estas 36 sociedades que fueron constituidas entre 2010 y 2012
comparten un mismo domicilio, un mismo miembro de junta directiva, la
misma representación legal y una misma actividad económica: el cultivo
de cereales, legumbres y semillas", explicó Stephanie Burgos, asesora
política de Oxfam en Washington, en la presentación del informe en
Bogotá.
"No hay duda que Cargill es el dueño de todas las tierras compradas", dijo Burgos, quien añadió que Oxfam considera
que "la práctica de compras fraccionadas ha violado el espíritu de la
ley, ese espíritu que busca la democratización de la propiedad de la
tierra".
"Las tierras adquiridas por Cargill eran originalmente baldías, lo que en Colombia implica que tienen una función social", destacó Stephanie Burgos.
"Las tierras adquiridas por Cargill eran originalmente baldías, lo que en Colombia implica que tienen una función social", destacó Stephanie Burgos.
Colombia es el undécimo país con mayores
índices de concentración de la tierra a nivel mundial, con el 80 por ciento de los terrenos propiedad de 14 por ciento de los propietarios de tierras, y el segundo en
América Latina, solo por detrás de Paraguay.
En las
recomendaciones del informe, Oxfam pide al Gobierno colombiano que
declare una moratoria en la adquisición de tierras con precedentes
baldíos para evitar que se reproduzcan situaciones como la denunciada.
Cargill, por su parte, criticó el informe de Oxfam, lo calificó de "impreciso" y
negó que cualquier subsidiaria suya, que efectuara las compras de tierra, haya
violado las leyes colombianas.
Lori Johnson, portavoz de Cargill, declaró a la agencia Reuters que la tierra en cuestión "no
era adecuada para el cultivo en cualquier escala sin una inversión
significativa", por ejemplo para corregir los suelos ácidos o construir
la infraestructura necesaria para el transporte de las cosechas.
Johson añadió, "En lo que no estamos de acuerdo con Oxfam es sobre cuáles son las políticas que realmente conducen a la estabilidad, la reducción de la pobreza y el aumento de la seguridad alimentaria. Y, en este caso particular, no estamos de acuerdo claramente con su interpretación de la ley".
El acceso de los campesinos a la tierra fue uno de los motivos que provocaron un conflicto de cinco décadas de lucha sangrienta, en la que la guerrilla del FARC, y el grupo menor ELN, ha estado intentando, de forma continuada, derrocar a los gobiernos colombianos.
El documento de Oxfam, según recoge el diario colombiano El Espectador, señala que a partir de 2004 Cargill estableció varias empresas subsidiarias en Colombia, aunque todas ellas integraron la misma cúspide empresarial. Desde ese momento, mediante la constitución de sociedades por acciones simplificadas (SAS), se crearon 36 firmas más, que fueron utilizadas para comprar, uno por uno, 39 predios en los municipios de Santa Rosalía, Cumaribo y La Primavera, hasta acumular una extensión equivalente a seis veces la isla de Manhattan.
El senador opositor Jorge Robledo le dijo a BBC Mundo que la discusión de fondo tiene que ver con el modelo económico adoptado por Colombia y con los tratados de libre comercio.
"Hace 20 años Colombia importaba un millón de toneladas de alimentos al año, hoy importa 10 millones de toneladas y vamos para 20 millones de toneladas", sostuvo. El mismo también declaro que los negocios de Cargill se hicieron "no para el cultivo sino para la venta inmobiliaria".
Por su parte, la directora de Oxfam en Colombia, Aída Pesquera, declaró a BBC Mundo que su organización "no está en contra de la apertura del comercio ni de los tratados de libre comercio". "Nosotros trabajamos para que los pequeños productores del campo tengan la propiedad y el control sobre la tierra y sus animales, y que la inversión extranjera sea de calidad y no viole la ley", declaró Pesquera.
El informe también dice que Cargill fue asistida en las compras por el bufete de abogados Brigard y Urrutia, del que un ex embajador de Colombia en Estados Unidos, Carlos Urrutia , era socio principal en el momento de las compras de Cargill . Él renunció a su cargo diplomático en julio, cuando aparecieron, por primera vez, noticias respecto a las tierras que compró la multinacional estadounidense Cargill, comentaron desde Oxfam.
La Sociedad de Agricultores de Colombia, los mismos autores de uno de los borradores de la llamada ley Urrutia, que adelanta el gobierno Santos y que busca sanear los problemas de concentración de tierras en los que presuntamente habrían incurrido varias empresas, son los portavoces de Cargill en el país.
Para Stephanie Burgos, asesora política de Oxfam, este tipo de acciones "resultan especialmente preocupantes cuando el país se esfuerza por resolver sostenidas y masivas protestas y movilizaciones sociales a favor de la economía campesina, y por superar un conflicto armado estrechamente vinculado a los conflictos por la tierra que ha asolado a Colombia durante más de medio siglo".
Johson añadió, "En lo que no estamos de acuerdo con Oxfam es sobre cuáles son las políticas que realmente conducen a la estabilidad, la reducción de la pobreza y el aumento de la seguridad alimentaria. Y, en este caso particular, no estamos de acuerdo claramente con su interpretación de la ley".
El acceso de los campesinos a la tierra fue uno de los motivos que provocaron un conflicto de cinco décadas de lucha sangrienta, en la que la guerrilla del FARC, y el grupo menor ELN, ha estado intentando, de forma continuada, derrocar a los gobiernos colombianos.
El documento de Oxfam, según recoge el diario colombiano El Espectador, señala que a partir de 2004 Cargill estableció varias empresas subsidiarias en Colombia, aunque todas ellas integraron la misma cúspide empresarial. Desde ese momento, mediante la constitución de sociedades por acciones simplificadas (SAS), se crearon 36 firmas más, que fueron utilizadas para comprar, uno por uno, 39 predios en los municipios de Santa Rosalía, Cumaribo y La Primavera, hasta acumular una extensión equivalente a seis veces la isla de Manhattan.
El senador opositor Jorge Robledo le dijo a BBC Mundo que la discusión de fondo tiene que ver con el modelo económico adoptado por Colombia y con los tratados de libre comercio.
"Hace 20 años Colombia importaba un millón de toneladas de alimentos al año, hoy importa 10 millones de toneladas y vamos para 20 millones de toneladas", sostuvo. El mismo también declaro que los negocios de Cargill se hicieron "no para el cultivo sino para la venta inmobiliaria".
Por su parte, la directora de Oxfam en Colombia, Aída Pesquera, declaró a BBC Mundo que su organización "no está en contra de la apertura del comercio ni de los tratados de libre comercio". "Nosotros trabajamos para que los pequeños productores del campo tengan la propiedad y el control sobre la tierra y sus animales, y que la inversión extranjera sea de calidad y no viole la ley", declaró Pesquera.
El informe también dice que Cargill fue asistida en las compras por el bufete de abogados Brigard y Urrutia, del que un ex embajador de Colombia en Estados Unidos, Carlos Urrutia , era socio principal en el momento de las compras de Cargill . Él renunció a su cargo diplomático en julio, cuando aparecieron, por primera vez, noticias respecto a las tierras que compró la multinacional estadounidense Cargill, comentaron desde Oxfam.
La Sociedad de Agricultores de Colombia, los mismos autores de uno de los borradores de la llamada ley Urrutia, que adelanta el gobierno Santos y que busca sanear los problemas de concentración de tierras en los que presuntamente habrían incurrido varias empresas, son los portavoces de Cargill en el país.
Para Stephanie Burgos, asesora política de Oxfam, este tipo de acciones "resultan especialmente preocupantes cuando el país se esfuerza por resolver sostenidas y masivas protestas y movilizaciones sociales a favor de la economía campesina, y por superar un conflicto armado estrechamente vinculado a los conflictos por la tierra que ha asolado a Colombia durante más de medio siglo".
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