México, Aumentan un 600% las denuncias por torturas

Protesta. Activistas de derechos humanos, al difundir el informe./DPA.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha mostrado una deficiente actuación en la protección de las víctimas de tortura y otras violaciones a los derechos humanos, exhibió el investigador para México de Amnistía Internacional (AI), Rupert Knox.
Al presentar el informe, "Fuera de control. Tortura y otros malos tratos en México" de esta organización internacional, el investigador declaró que "tenemos graves dudas acerca de la actuación de la CNDH".
Y es que de acuerdo con el informe de Amnistía Internacional, presentado este lunes en la ciudad de México, la CNDH no suele llevar a cabo investigaciones exhaustivas y oportunas de todas las quejas que recibe, ni defiende los derechos de las víctimas como debe. De las 7.000 quejas que recibió de 2010 a 2013, sólo emitió recomendaciones públicas que confirmaban la tortura en 44 casos.
Amnistía observa una "enorme" disparidad entre el número de quejas que recibe la CNDH y las recomendaciones que emite.
Aunque a lo largo del año 2013, este organismo recibió 3.842 denuncias de violaciones a los derechos fundamentales, cometidas por instituciones federales de seguridad pública -el ejército, la marina, la PGR, la policía federal y el personal penitenciario federal-, en relación con detenciones arbitrarias, malos tratos, allanamientos ilegales, intimidación y uso ilegal de la fuerza, sólo emitió 35 recomendaciones contra las autoridades implicadas en estos abusos.
"En otras palabras, menos del 1% de las denuncias desembocaron en un informe público que documentaba los abusos y recomendaba medidas concretas", reporta Amnistía Internacional.
Rogelio Anaya, tiene 31 años y el 13 de agosto de 2010, esposado y con los ojos vidriosos, fue presentado al mundo por la Policía Federal como uno de los autores del atentado con coche bomba que había segado la vida de tres personas y herido a siete en Ciudad de Juárez. Tras ser exhibido, su confesión, grabada en vídeo por los agentes, fue emitida en las grandes televisiones. En aquel momento, Anaya era escoria. Ahora, tras un largo infierno, las tornas han girado. Le han retirado todos los cargos y él es quien denuncia en público.
Las denuncias por torturas y malos tratos aumentaron en México un 600% en la última década, en el marco de la militarización de la seguridad pública provocada por la guerra contra el narcotráfico. El dato es parte de un alarmante informe de la organización Amnistía Internacional, elaborado a partir de cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de ese país.
"El resultado de nuestra investigación muestra que la tortura y los malos tratos son generalizados en México, donde además prevalece la impunidad y el acceso a la justicia es escaso, cuando no nulo", advirtió Rupert Knox, responsable de investigación de Amnistía Internacional (AI) para México, difundida el jueves.
"El aumento de las denuncias es paralelo al despliegue de las fuerzas armadas durante la guerra contra el narco", agregó.
El informe "Tortura y otros malos tratos en México" muestra que el número de denuncias por esta causa creció en un 600% en relación a 2003, y que las cifras reales son probablemente más altas debido al temor de presentar denuncias.
Sólo en 2013 se presentaron 1.505 denuncias y más de 7.000 quejas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos.



Perseo Quiroz, Director Ejecutivo de Amnistía México, señaló que el país "cuenta con un sistema institucional que, de funcionar, podría generar cambios efectivos", pero la organización presentó a las víctimas y familiares de tres casos de tortura que ofrecieron sus testimonios e hicieron hincapié en denunciar el uso de estas violaciones a los derechos humanos para conseguir autoinculpaciones de inocentes.
El informe afirma además que quienes torturan "gozan de una impunidad casi total". Según datos del Consejo de la Judicatura Federal, los tribunales federales tramitaron 123 enjuiciamientos por tortura entre 2005 y 2013; sólo siete desembocaron en condenas en aplicación de la legislación federal. Además, "los organismos oficiales encargados de registrar las denuncias no cumplen con su deber", señala AI. Las personas que detiene la policía "pueden permanecer bajo custodia durante periodos prolongados, sin que se presenten cargos en su contra", agrega la investigación.
Este es el caso de Ángel Amílcar Colón, hondureño y negro garífuna, lleva en una cárcel del noroeste de México desde 2009 sin una sentencia en contra. En enero de aquel año, decidió buscar fortuna para su familia a la desesperada, su primogénito acababa de ser diagnosticado con cáncer, entrando de manera ilegal a Estados Unidos, para lo cual debía atravesar antes Guatemala y México.

En Tijuana conoció a un pollero que, en lugar de ayudarle a cruzar la frontera, lo llevó a una "casa de seguridad" (oxímoron que nombra las viviendas donde se custodian armas, drogas y secuestrados), donde lo obligaron a realizar tareas de limpieza a cambio de hospedaje y de conservar su propia vida. Cuatro días después, la casa fue objeto de una redada policial y Ángel fue detenido, acusado de delincuencia organizada, posesión de armas y narcotráfico. La única prueba que lo incrimina a día de hoy es una confesión arrancada bajo tortura. Ángel no volvió a ver a su mujer hasta el lunes pasado; no ha visto a su hijo menor crecer; no vio a su hijo mayor morir de cáncer, nueve meses después de salir de su casa.

Claudia Medina es uno de los casos de clara violación de los derechos humanos que incluye Amnistía Internacional (AI) en su informe "Fuera de control. Tortura y otros malos tratos en México".Entre los métodos más comunes están los golpes, las amenazas, la asfixia, las descargas eléctricas, la violencia sexual y la simulación de ejecuciones, utilizados para obtener "confesiones".
"La tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes desempeñan un papel central en la actuaciones policiales y las operaciones de seguridad pública de las fuerzas militares y policiales en México", señala el informe.
"Estas prácticas son generalizadas y es habitual que otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, superiores, miembros del ministerio público, jueces y algunas comisiones de derechos humanos las justifiquen, las toleren o hagan caso omiso de ellas. El resultado es una impunidad casi total para los autores de los abusos y un auténtico temor entre la población a que cualquier detención pueda desembocar en torturas", agrega.
Según explica el periódico La Vanguardia "A pesar de que México ha adoptado protocolos internacionales que dicen que las confesiones obtenidas mediante torturas no son válidas en un proceso judicial, lo que se constatado al estudiar estos casos "es que eso no es cierto", explicó Knox.
Por ello, los jueces "ignoran" las evidencias de que una detención es arbitraria y esta "negligencia ante pruebas de abusos de esa naturaleza es el camino para la tortura".
Otro de los problemas es la "deficiencia terrible en la investigación" y "la negación al acceso a la defensa" a través de abogados distintos al de oficio impuesto por el Estado, añadió.
Y es que es habitual que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, superiores, miembros del Ministerio Público, jueces y algunas comisiones de derechos humanos "justifiquen, toleren o hagan caso omiso" de estas prácticas, señala el informe.
El resultado, añade, "es una impunidad casi total para los autores de los abusos y un auténtico temor entre la población a que cualquier detención pueda desembocar en torturas"".

El pasado 4 de septiembre Amnistía Internacional publicó en su página web un pequeño resumen del informe bajo el epígrafe: La tortura en México: 14 datos.
Esta organización exhorta a que se aprueben reformas legales para facilitar que las víctimas de tortura tengan acceso a la reparación del daño, así como a elaborar una ley sobre el uso de la fuerza acorde con los tratados internacionales de derechos humanos. "Amnistía Internacional cree que, con voluntad política y determinación, el gobierno mexicano puede implementar los cambios necesarios para poner fin al uso de la tortura y otros malos tratos. Es hora de que esto se haga realidad", concluye el documento.

Rogelio Anaya, uno de los afectados por torturas de la policía mexicana. / Mario Guzmán (EFE).