El Salvador, El drama de las mujeres que quieren abortar. Una situación generalizada en la región

Manifestación a favor del aborto en El Salvador. Foto Getty Images

Ocurrió el 24 de octubre de 2004, en San Salvador. Cristina Quintanilla tenía siete meses de embarazo y lo que debía ser un gran momento de felicidad en su corta vida -tenía 18 años- se convirtió en una pesadilla.

A la medianoche se sintió mal y se desmayó en el baño. "Cuando yo me desperté estaba en el quirófano del hospital", recuerda en una entrevista con el programa Outlook de la BBC.
Además del dolor físico que sentía, recuerda también lo extraño que le pareció que dentro del quirófano hubiera varios policías los cuales empezaron a hacerle preguntas apenas despertó.
"Entonces me dijeron que estaba detenida porque había matado a mi bebé". Así fue como se enteró de que había perdido a la criatura.
Lo que siguió fue una verdadera ordalía para Cristina, debido a las estrictas leyes contra el aborto que existen en su país desde 1998.
En un reporte que divulgó el pasado jueves, la organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional dice, que cada año, la vida de miles de salvadoreñas como Cristina es afectada, ya sea por abortos clandestinos, las penas draconianas o la falta de una educación sexual adecuada.
Según esa organización defensora de los Derechos Humanos, muchas mujeres tratan de provocar abortos bebiendo raticidas o introduciendo agujas de tejer o trozos de madera en su cuello uterino.
Antes de 1998, en El Salvador se permitía abortar cuando el embarazo era el resultado de una violación, si el bebé tenía malformaciones o las madres estaban bajo riesgo de muerte.
Un nuevo código penal y la posterior reforma a la Constitución convirtió a El Salvador en uno de los cinco países del mundo -incluido El Vaticano- que prohíbe el aborto bajo cualquier circunstancia. La legislación estipula que quien practique un aborto o la mujer que se someta a uno, pueden ser encarcelados hasta por 50 años.
El suicidio es la causa del 57% de muertes de jóvenes embarazadas entre 10 y 19 años de edad según indica un informe de Amnistía Internacional.
Después de tres días en el hospital, bajo el cuidado de dos guardas de seguridad que no le quitaban la mirada de encima ni para ir al baño, Cristina fue llevada a una celda.
En su primera audiencia ante un tribunal, el juez desechó el caso en su contra por falta de evidencia.
Sin embargo, el padre de su hijo, que vivía y trabajaba en Estados Unidos, rompió la relación al leer por internet lo que había ocurrido y de lo que se la acusaba.
La fiscalía apeló la decisión. En 2005 un juez cambió la decisión original y acusó a Cristina de homicidio agravado. La sentencia fue de 30 años de prisión.
De acuerdo com Amnistía Internacional, exactamente una década después, la situación no ha cambiado.
Según el sitio Salvadoreño El Faro, en el país, en los ocho años comprendidos entre 2002 y 2009, hubo 56.000 abortos registrados -7.000 por año; 19 por día- según un estudio del Instituto Nacional para el Desarrollo de la Mujer, Isdemu, basado en cifras del sistema público.
En el informe, titulado "Al borde de la muerte: violencia contra la mujer y prohibición del aborto en El Salvador", Amnistía Internacional también se hace un vínculo entre la legislación y los suicidios entre adolescentes.
Citan al Ministerio de Salud salvadoreño, que sitúa al suicidio como la segunda causa de muerte de jóvenes entre 10 y 19 años de edad. "Lo que es más: el suicidio es la causa del 57% de muertes de jóvenes embarazadas entre 10 y 19 años de edad".
El Salvador tiene una de las mayores tasas de embarazo entre adolescentes en la región.
En el informe de AI se incluyen además casos de criminalización de mujeres que sufren abortos espontáneos, como el de Cristina Quintanilla. En la actualidad, 29 mujeres en prisión cumpliendo penas de entre 30 y 50 años por homicidio u homicidio agravado. Existen serias sospechas de que, en varias de ellas, el aborto fue espontáneo.
En El Salvador existe una fuerte polarización en torno al tema del aborto debido a su muy estricta ley.
En 2013, el caso de Beatriz (nombre supuesto) de 22 años de edad, le dio la vuelta al mundo. La Corte Suprema de Justicia salvadoreña le negó su solicitud de realizar un aborto terapéutico, pues por diversas enfermedades -entre ellas lupus- tenía serio riesgo de morir durante el parto. El bebé no tenía cerebro, por lo que moriría poco después de nacer.
Finalmente el gobierno permitió que a Beatriz se le realizara un "parto inducido" a través de cesárea. El bebé murió a las cinco horas de nacido.
Luego de este desenlace, el movimiento salvadoreño Vida SV divulgó un comunicado en el que decía "la vida le ganó a la muerte aún por unas horas. Nos manifestamos alegres de que la sentencia dada por la Corte Suprema de Justicia buscó y logró proteger ambas vidas".
Otras organizaciones -salvadoreñas y foráneas- que se oponen al aborto aplaudieron la decisión de la Corte y dijeron que la información sobre el caso había sido manipulada y que la vida de la joven no corría riesgo.
Después del caso, la Organización de Naciones Unidas pidió a El Salvador que reconsiderara su legislación sobre el aborto.
"Una absoluta prohibición del aborto, cuando el resultado es un grave riesgo a la vida y a la salud de las mujeres, constituye una violación de las obligaciones estatales de prevenir la tortura, y el trato inhumano, degradante o cruel" expresó un grupo de expertos de la ONU en un comunicado.
Amnistía Internacional solicita la despenalización de aborto en caso de violación, malformación del feto y riesgo para la vida de la madre. Es decir volver a la situación previa a 1998.
En 2007, el caso de Cristina Quintanilla fue tomado por el abogado Dennis Muñoz Estanley quien, en 2009, consiguió que la sentencia fuera reducida a tres años. Sin embargo, la acusación por homicidio agravado nunca se cambió.
Cristina cree que la ley antiaborto "discrimina a las mujeres con poca educación, como yo, que no entienden sus derechos o el sistema. Creo que es inconstitucional porque según nuestra Constitución todos tenemos derecho a la vida, pero la ley contra el aborto le niega ese derecho a las mujeres embarazadas".
Después de ser puesta en libertad, Cristina soñaba con ser abogada "y ayudar a tras mujeres. Pero mis antecedentes criminales me han cerrado muchas puertas. Nadie me da empleo". Por ese motivo decidió abandonar su país. Ahora vive como indocumentada en Estados Unidos.
Detrás de la determinación de abortar de cada mujer o adolescente, o peor aún de cada niña, hay un drama individual y colectivo. Entre un 25 y un 40% de los embarazos en México no son planificados y uno de cada cinco afecta a adolescentes, muchas de las cuales abortan atrapadas en su calvario porque no les queda más remedio. En buena parte de América Latina la magnitud de la tragedia aumenta por las incontables trabas médicas y legales que dificultan estas decisiones.
Las legislaciones que regulan el aborto responden a una casuística muy amplia. El Salvador, Chile, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Surinam lo prohíben totalmente. Otros países como Guatemala, Paraguay, Perú, Venezuela, Ecuador y Bolivia, lo consideran ilegal, salvo que esté amenazada la vida o la salud de la mujer. Caso contrario, se castiga con prisión tanto a las mujeres como a los médicos que lo practiquen. En el otro extremo, solo Uruguay, Cuba, Guyana, Puerto Rico, algunos (pocos) países del Caribe y el Distrito Federal en México permiten abortar de forma libre y gratuita.
El pasado mes de diciembre se cumplió un año desde la aplicación de la nueva legislación de Uruguay sobre el aborto, objeto de treinta años de una batalla política de rara intensidad. Este país era el cuarto que autorizaba el aborto en América Latina, después de Cuba, Guyana y Puerto Rico. En este último la ley teóricamente prohíbe el aborto que no esté indicado por un médico para proteger la salud de la embarazada, pero esa ley contraviene un dictamen del Tribunal Supremo de EE UU que es de aplicación también en la isla al afectar a derechos fundamentales.
La legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en Uruguay tiene, sin embargo, una importancia inédita en Latinoamérica, teniendo en cuenta las restrictivas legislaciones de los países de su entorno como Brasil y Argentina.

Mujeres salvadoreñas en una una protesta para exigir la despenalización del aborto. / EFE