Hong Kong, La tensión se adueña de unas calles con decenas de miles de manifestantes reclamando democracia

Más de 50.000 personas exigen democracia en Hong Kong.

Eran las 22:00 horas del domingo y se suponía que Michelle Li, una bailarina de 22 años, iba a estar en su cuarto haciendo tarea. Pero leer en Facebook cómo la policía disparaba gas a los manifestantes prodemocracia en el centro de Hong Kong la agitó demasiado como para seguir estudiando. En minutos, siguió las publicaciones en línea hacia la protesta; y pronto también le dispararon gas lacrimógeno.

Hong Kong vive días de tensión. La disputa es por la forma en que será elegido el próximo líder de esta región china. Y el movimiento "Occupy Central" cobra un protagonismo que incomoda a las autoridades centrales en Pekín.

"Occupy Central with Love and Peace" (Ocupa Central con Paz y Amor), conocido como "Occupy "Central", es un movimiento de desobediencia civil propuesto por activistas a favor de la democracia en Hong Kong.
Los activistas quieren una reforma política y elecciones democráticas que cumplan normas internacionales. Las elecciones son en 2017 pero a fines del mes pasado el gobierno de China emitió una resolución que limita quién puede presentarse como candidato.
Activistas a favor de más democracia en el territorio se han manifestado en la ciudad en las últimas semanas. Y planean ocupar el distrito financiero como protesta.
El último domingo la policía usó gases lacrimógenos para dispersar a manifestantes prodemocracia fuera de la sede del gobierno.
La tensión se apoderó del centro de Hong Kong cuando miles de personas se fueron sumando a las movilizaciones en favor de la democracia y se enfrentaron a las cargas de la policía, que utilizó gases lacrimógenos para intentar dispersarlos. Desde Pekín, el Gobierno chino mostró su apoyo a una gestión firme de la crisis por parte de las autoridades locales.
Las calles del centro de la excolonia británica se convirtieron ayer en un raro escenario de enfrentamientos entre policías y manifestantes, que reclaman democracia plena para Hong Kong. Los distritos de Admiralty, donde se halla la sede del gobierno local, y de Central, corazón financiero de la ciudad, se vieron sumidos en el caos y la circulación quedó paralizada.
Sus calles vivieron los enfrentamientos entre miles de manifestantes y fuerzas del orden, equipadas con cascos y chalecos antibala, que utilizaron gases lacrimógenos (algo prácticamente desconocido en la excolonia) para dispersar a la multitud.
La iniciativa de la policía, sin embargo, produjo el efecto contrario. Los manifestantes, lejos de amedrentarse, se reagruparon,equipados con impermeables, gafas de protección y paraguas, con el fin de mantener la protesta. al tiempo que se encaraban con la policía y coreaban consignas como "Queremos democracia real" y "Vergüenza, vergüenza", por sus cargas violentas. "¡Lucharemos hasta el final (...) nunca nos rendiremos!", dijo Peter Poon, uno de los líderes de la movilización. Animado por la actitud de los estudiantes, uno de los líderes del movimiento pro democrático Occupy Central, Benny Tai, anunció que su organización adelantaba a hoy lunes su campaña de ocupar el distrito financiero de Hong Kong, para protestar contra la actitud de Pekín. Un llamamiento que refuerza las movilizaciones estudiantiles.
Los organizadores de la concentración contabilizan en torno a 80.000 el número de personas que se congregaron en Admiralty, alentados por las detenciones de los estudiantes en la noche del viernes y que fueron puestos en libertad ayer, incluido su líder Joshua Wong, de 17 años.
Las autoridades locales no se quedaron de brazos cruzados ante el cariz que tomaba la situación. El jefe del Ejecutivo, Leung Chun-ying, declaró a la prensa que estaba "determinado a luchar contra las acciones ilegales de ocupación de forma resuelta". Una advertencia dirigida a los líderes de Occupy Central que habían lanzado su convocatoria de bloquear el distrito financiero para protestar contra la reforma electoral aprobada en agosto por Pekín y que restringe la aplicación del sufragio universal para elegir el jefe del Ejecutivo de la excolonia en el 2017.
Desde Pekín las autoridades comunistas también lanzaron un mensaje de apoyo a Leung Chun-ying. Según Xinhua, un portavoz de la Oficina para los Asuntos de Hong Kong y Macao declaró que "el Gobierno central se opone rotundamente a los diversos actos ilegales que se han producido en Hong Kong, susceptibles de dañar el Estado de derecho y poner en peligro el orden social" y que "apoya al Gobierno local".

China limitó quién puede presentarse como candidato en las elecciones en Hong Kong y estallaron las protestas.

La evolución de las movilizaciones sitúa, sin embargo, a las autoridades de Hong Kong y de Pekín ante un complejo dilema político. Y es que si se muestran flexibles y actúan de manera sutil, corren el peligro de perder la iniciativa ante el movimiento pro democrático. Por otra parte, si optan por mostrarse contundentes, corren el riesgo de provocar una actitud contraproducente en la clase media de Hong Kong, que podría decidir apoyar a los manifestantes.
Hasta ahora, buena parte de la clase media de la excolonia británica ha evitado pronunciarse respecto a la actitud de Pekín. Integra una mayoría silenciosa que acepta el estatus político actual porque lo único que quiere es estabilidad política y social. Una garantía imprescindible para que la excolonia británica mantenga su primacía financiera internacional.
"La situación se complica por momentos", comentó ayer un observador occidental vía telefónica. "La realidad es que además de las cuestiones de orden público lo que sucede ahora es que en cada hongkonés hay una batalla entre su mente y su corazón", añadió.
Anoche, mientras las fuerzas de policía reforzaban la seguridad en el distrito financiero de Hong Kong, un grupo de estudiantes emitió un comunicado en su página de Facebook en el que instaba a retirarse del centro de la ciudad. La Federación de Estudiantes de la excolonia británica pedía a los estudiantes que se replegaran ante el temor de que las fuerzas del orden pudieran utilizar a partir de ahora balas de goma para dispersar a los manifestantes.

Hay mucho en juego en los 1.100 kilómetros cuadrados que ocupa Hong Kong. La región especial actúa como el gran centro financiero de China, canaliza la inversión exterior de buena parte de los cuatro billones de dólares en reservas del gigante asiático y atrae a inversores de todo el mundo, gracias a la libre circulación de capitales y a su capacidad para operar en yuanes, la divisa china, que no es convertible. La Bolsa de Hong Kong es el sexto mercado financiero del mundo, el segundo de Asia, después de Tokio, y ha escalado también al sexto puesto en el mercado global de divisas.

Concentración cerca de la sede del Gobierno local en Hong Kong. Foto: AFP

Al Gobierno local de Hong Kong le salió por la culata el permiso que concedió a la policía para usar gas lacrimógeno y gas pimienta contra los manifestantes prodemocracia el domingo. Ayer lunes, desafiantes, muchos más manifestantes que en días previos, 100.000 según los organizadores, ocuparon las principales arterias de la ciudad. Pero sin apenas presencia de fuerzas antidisturbios, por orden del jefe del ejecutivo, Leung Chun-Ying. Una victoria para los ciudadanos, aún airados por lo que consideran que fue un uso desproporcionado de la fuerza pero que también declaraban su satisfacción por haber logrado hacerse con la calle, en una evocación del espíritu de los sucesos de la plaza de Tiananmen en 1989. En aquella ocasión las protestas multitudinarias en Pekín fueron duramente reprimidas incluso con tanques.
El ambiente era muy diferente de las tensiones de los días previos. Decenas de miles de hongkoneses, en su mayoría jóvenes, abarrotaban las calles en el centro de la excolonia británica en actitud festiva. Algunos habían pasado allí la noche, durmiendo sobre el suelo. Muchos habían traído bocadillos y bebidas, y se sentaban sobre el asfalto en una suerte de romería laica. Otros, los más cercanos a la sede del Gobierno local, junto a la cual habían tenido lugar las peores cargas policiales, sin espacio para sentarse, permanecían de pie mientras coreaban eslóganes. Muchos reconocían que no hubieran acudido sin la represión policial previa.
Pero ¿qué piensa la gente de Hong Kong?. Según diversos medios de comunicación hay un gran abanico de opiniones. Las manifestaciones de uno y otro lado han reunido a miles de persones pero las que son a favor del gobierno son menos comunes. Y medios locales han dicho que se le ha pagado a alguna gente para que asista.
Hong Kong es una ciudad con visión empresarial y muchos se muestran reacios a participar en las manifestaciones contra el gobierno o a molestar a Pekín por temor a que la economía se vea perjudicada. Sin embargo, un número significativo de personas quiere más democracia y ha expresado su enojo por la decisión de la China argumentando que no ofrece ninguna posibilidad real de elección.
La policía informó que durante tres días de protestas había detenido a 78 manifestantes. El sábado habían resultado heridos 29 estudiantes y policías durante los peores enfrentamientos registrados desde que comenzó la ola de protestas.
Las protestas se desataron después de que el régimen comunista en Pekín diera a conocer una reforma electoral que prevé elecciones directas en 2017 pero sin la libre designación de candidatos.
Tras la devolución de la antigua colonia británica a China, Hong Kong tiene un régimen político autónomo basado en el principio de "un país, dos sistemas".

México, Tras el asesinato del diputado federal Gabriel Gómez Michel, ayer fue asesinado Braulio Zaragoza (PAN)

El operativo fue milimétrico. Después de las 17:00 de la tarde del pasado lunes, en el períférico que conduce del municipio de Tlaquepaque, Jalisco, hacia la ciudad de Guadalajara, la camioneta Suburban azul en la que viajaba el diputado federal Gabriel Gómez Michel fue interceptada por al menos seis vehículos. Un automóvil blanco obliga al vehículo del diputado a detenerse junto al muro de contención de cemento que divide el periférico.
Una camioneta Odissey blanca lo bloquea por la derecha, mientras un mini cooper se sitúa detrás de la Suburban y un auto gris tras la camioneta blanca. A corta distancia, un jeep Liberty también se detiene y espera.
De la camioneta blanca descienden dos hombres armados que obligan al diputado del Partido Revolucionario Institucional a bajar del puesto de copiloto de la Suburban. Luego se la llevan. En el interior iba Heriberto Nuñez Ramos, asistente de Gómez Michel.
El diputado, de 49 años, deambula desorientado por unos instantes por la vía. El jeep Liberty lo sobrepasa, se detiene y de él bajan varios hombres que lo suben a empellones al vehículo.
Todo el operativo fue captado por cámaras de seguridad callejeras. La filmación dura un minuto 16 segundos.
Ocho horas después, la camioneta Suburban es encontrada calcinada en el municipio de Apulo del vecino estado de Zacatecas. Adentro, también calcinados, están los cuerpos del diputado y su asistente.
Al condenar los asesinatos, Manilo Fabio Beltrones, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados dijo que estaba seguro de que el objetivo directo de los criminales era matar a su compañero de partido y no pedir dinero por su libertad, pues fue asesinado menos de 24 horas después del secuestro.
Por su parte, el fiscal del estado de Jalisco, Luis Carlos Nájera, dijo que "lo que sí podemos asegurar es que se trata del crimen organizado, pues el video muestra que se trata de un grupo muy bien estructurado".
El fiscal también indicó que no tenía conocimiento de que el diputado o su asesor estuvieran involucrados en actos ilícitos o fueran amenazados. Si se trata del crimen organizado, ¿qué grupo está detrás?
Por su influencia en la región donde se perpetró el doble homicidio, las primeras sospechas recaen en el Cartel Jalisco Nueva Generación, uno de los de más reciente formación en México.
Según conocedores, se creó en 2007, como escisión del llamado Cartel del Milenio.
Además de Jalisco, Nueva Generación tiene presencia en los estados de Michoacán, Colima, Quintana Roo y Veracruz. Se especializa en la producción y tráfico de drogas sintéticas.
Su principal líder es Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho".
Supuestamente tienen mortales disputas con los Caballeros Templarios y los Zetas (de hecho, cuando surgieron se les conoció como "Los Matazetas").
Sin embargo, hace poco se conoció de una reunión entre los Zetas, Jalisco Nueva Generación, los Beltrán Leyva y el Cartel de Juárez para unir fuerzas. "El Mencho" asistió a nombre de su grupo.
Diversos medios destacan que el cartel Jalisco Nueva Generación tiene fuerte presencia en el municipio del Grullo, de donde era oriundo el diputado y donde este jueves se realizó su sepelio.
Los colegas de Gabriel Gómez Michel en la Cámara de Diputados dijeron a los medios que no le gustaba utilizar guardaespaldas.
"Mientras hagas las cosas bien, Dios te proteje", dicen que decía cuando tocaba al tema.
Cuando fue secuestrado, el diputado se dirigía al aeropuerto de Guadalajara para viajar a Ciudad de México y reanudar sus actividades legislativas.
¿Está relacionado el crimen con su labor política? Es algo que no se puede descartar. Sin embargo, como dijo un analista a BBC Mundo, era un diputado de "bajo perfil". Y eso parece reflejarse en sus labores como legislador.
Gómez Michel fue elegido como diputado federal en 2012, a nombre del Partido Verde (antes había sido alcalde du su localidad, el Grullo). Después de empezar la legislatura se pasó a la bancada del PRI.
En la actualidad era secretario de la Comisión de Derechos Humanos y formaba parte de las comisiones de Ganadería, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Especial para impulsar la el cultivo de la palma de coco y sus productos derivados.
Según los medios, en 2102 y 2013 presentó 47 iniciativas, de las cuales 26 fueron desechadas, 11 aprobadas y diez pendientes.
Este año había presentado siete iniciativas. Fue desechada una que buscaba incluir una hora por día de deportes en los progamas de estudios.
Las otras seis estaban pendientes. Entre ellas hay propuestas para una automedicación responsable; proteger a los adultos mayores del maltrato o buscar mejor movilidad urbana.
En una columna publicada en el diario El Universal, el periodista Ricardo Alemán se pregunta ¿por qué matar a un diputado federal sobre todo si las bandas criminales saben que se puede desatar una cacerías de las fuerzas del Estado contra ellos?. Más aún si se trata de un legislador del partido gobernante. La columna no ofrece respuesta, pero la reacción de las autoridades a nivel nacional parecen confirmar lo que dice Alemán.
La Procuraduría General de la Nación "atrajo" (el término jurídico que se utiliza en México) la investigación y se hará cargo de ella. Así lo habían solicitado varios copartidarios de Gómez Michel.
Esto, dijeron analistas a BBC Mundo, puede significar que no se confía en las investigaciones que puedan realizar los organismos locales en Jalisco, estado al que con más frecuencia comparan con Michoacán por sus problemas con la delincuencia organizada.
Como sea, de la investigación que realice la PGR depende que se respondan las múltiples preguntas que hay por el brutal asesinato de Gabriel Gómez Michel y Heriberto Nuñez Ramos.
El presidente Enrique Peña Nieto lamentó la forma en que perdió la vida el diputado federal del PRI, Gabriel Gómez Michel, y su colaborador Heriberto Núñez Ramos.
Al celebrar el Día Mundial de Turismo, el mandatario manifestó su pésame a los familiares y amigos del diputados priista y su colaborador.
"De igual forma a los representados de esta entidad que lamentablemente se vieron lastimados y afectados por el deceso y más en la forma en que ocurrió de quién fuera diputado federal y un colaborador", dijo el mandatario.

El diputado federal del PRI Gabriel Gómez Michel secuestrado y asesinado junto a su asistente.

Ayer, un grupo de individuos no identificados mató a balazos a Braulio Zaragoza, secretario general del Partido Acción Nacional (PAN), de oposición, en el estado de Guerrero.

Zaragoza se encontraba en la terraza del restaurante del hotel El Mirador, en el puerto de Acapulco.
La fiscalía estatal informó que Zaragoza recibió tres tiros en la espalda por el grupo de tres sujetos armados.
Se dijo que estaba desayunando con otros dos políticos locales y que tenía planeado reunirse con líderes regionales de su partido en Acapuldo.
Zaragoza, de 35 años, murió antes de que los paramédicos llegaran al lugar.
Varios políticos locales han sido blanco de ataques de cateles de drogas que operan en el área.
La muerte de Zaragoza ocurre pocos días después de la del diputado Gabriel Gómez Michel, del dirigente Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el estado occidental de Jalisco, cuyo cadáver calcinado fue encontrado pocos días después de que fue secuestrado.
Gómez, de 49 años, era pediatra y se había desempeñado previamente como alcalde de El Grullo, en Jalisco.
El presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, condenó enérgicamente el crimen y envió sus condolencias a la familia de Zaragoza, mientras exigía a las autoridades estatales y federales realizar "una investigación expedita y profunda" y afirmaba que no se debe permitir este clima de inseguridad en México.

El Salvador, El drama de las mujeres que quieren abortar. Una situación generalizada en la región

Manifestación a favor del aborto en El Salvador. Foto Getty Images

Ocurrió el 24 de octubre de 2004, en San Salvador. Cristina Quintanilla tenía siete meses de embarazo y lo que debía ser un gran momento de felicidad en su corta vida -tenía 18 años- se convirtió en una pesadilla.

A la medianoche se sintió mal y se desmayó en el baño. "Cuando yo me desperté estaba en el quirófano del hospital", recuerda en una entrevista con el programa Outlook de la BBC.
Además del dolor físico que sentía, recuerda también lo extraño que le pareció que dentro del quirófano hubiera varios policías los cuales empezaron a hacerle preguntas apenas despertó.
"Entonces me dijeron que estaba detenida porque había matado a mi bebé". Así fue como se enteró de que había perdido a la criatura.
Lo que siguió fue una verdadera ordalía para Cristina, debido a las estrictas leyes contra el aborto que existen en su país desde 1998.
En un reporte que divulgó el pasado jueves, la organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional dice, que cada año, la vida de miles de salvadoreñas como Cristina es afectada, ya sea por abortos clandestinos, las penas draconianas o la falta de una educación sexual adecuada.
Según esa organización defensora de los Derechos Humanos, muchas mujeres tratan de provocar abortos bebiendo raticidas o introduciendo agujas de tejer o trozos de madera en su cuello uterino.
Antes de 1998, en El Salvador se permitía abortar cuando el embarazo era el resultado de una violación, si el bebé tenía malformaciones o las madres estaban bajo riesgo de muerte.
Un nuevo código penal y la posterior reforma a la Constitución convirtió a El Salvador en uno de los cinco países del mundo -incluido El Vaticano- que prohíbe el aborto bajo cualquier circunstancia. La legislación estipula que quien practique un aborto o la mujer que se someta a uno, pueden ser encarcelados hasta por 50 años.
El suicidio es la causa del 57% de muertes de jóvenes embarazadas entre 10 y 19 años de edad según indica un informe de Amnistía Internacional.
Después de tres días en el hospital, bajo el cuidado de dos guardas de seguridad que no le quitaban la mirada de encima ni para ir al baño, Cristina fue llevada a una celda.
En su primera audiencia ante un tribunal, el juez desechó el caso en su contra por falta de evidencia.
Sin embargo, el padre de su hijo, que vivía y trabajaba en Estados Unidos, rompió la relación al leer por internet lo que había ocurrido y de lo que se la acusaba.
La fiscalía apeló la decisión. En 2005 un juez cambió la decisión original y acusó a Cristina de homicidio agravado. La sentencia fue de 30 años de prisión.
De acuerdo com Amnistía Internacional, exactamente una década después, la situación no ha cambiado.
Según el sitio Salvadoreño El Faro, en el país, en los ocho años comprendidos entre 2002 y 2009, hubo 56.000 abortos registrados -7.000 por año; 19 por día- según un estudio del Instituto Nacional para el Desarrollo de la Mujer, Isdemu, basado en cifras del sistema público.
En el informe, titulado "Al borde de la muerte: violencia contra la mujer y prohibición del aborto en El Salvador", Amnistía Internacional también se hace un vínculo entre la legislación y los suicidios entre adolescentes.
Citan al Ministerio de Salud salvadoreño, que sitúa al suicidio como la segunda causa de muerte de jóvenes entre 10 y 19 años de edad. "Lo que es más: el suicidio es la causa del 57% de muertes de jóvenes embarazadas entre 10 y 19 años de edad".
El Salvador tiene una de las mayores tasas de embarazo entre adolescentes en la región.
En el informe de AI se incluyen además casos de criminalización de mujeres que sufren abortos espontáneos, como el de Cristina Quintanilla. En la actualidad, 29 mujeres en prisión cumpliendo penas de entre 30 y 50 años por homicidio u homicidio agravado. Existen serias sospechas de que, en varias de ellas, el aborto fue espontáneo.
En El Salvador existe una fuerte polarización en torno al tema del aborto debido a su muy estricta ley.
En 2013, el caso de Beatriz (nombre supuesto) de 22 años de edad, le dio la vuelta al mundo. La Corte Suprema de Justicia salvadoreña le negó su solicitud de realizar un aborto terapéutico, pues por diversas enfermedades -entre ellas lupus- tenía serio riesgo de morir durante el parto. El bebé no tenía cerebro, por lo que moriría poco después de nacer.
Finalmente el gobierno permitió que a Beatriz se le realizara un "parto inducido" a través de cesárea. El bebé murió a las cinco horas de nacido.
Luego de este desenlace, el movimiento salvadoreño Vida SV divulgó un comunicado en el que decía "la vida le ganó a la muerte aún por unas horas. Nos manifestamos alegres de que la sentencia dada por la Corte Suprema de Justicia buscó y logró proteger ambas vidas".
Otras organizaciones -salvadoreñas y foráneas- que se oponen al aborto aplaudieron la decisión de la Corte y dijeron que la información sobre el caso había sido manipulada y que la vida de la joven no corría riesgo.
Después del caso, la Organización de Naciones Unidas pidió a El Salvador que reconsiderara su legislación sobre el aborto.
"Una absoluta prohibición del aborto, cuando el resultado es un grave riesgo a la vida y a la salud de las mujeres, constituye una violación de las obligaciones estatales de prevenir la tortura, y el trato inhumano, degradante o cruel" expresó un grupo de expertos de la ONU en un comunicado.
Amnistía Internacional solicita la despenalización de aborto en caso de violación, malformación del feto y riesgo para la vida de la madre. Es decir volver a la situación previa a 1998.
En 2007, el caso de Cristina Quintanilla fue tomado por el abogado Dennis Muñoz Estanley quien, en 2009, consiguió que la sentencia fuera reducida a tres años. Sin embargo, la acusación por homicidio agravado nunca se cambió.
Cristina cree que la ley antiaborto "discrimina a las mujeres con poca educación, como yo, que no entienden sus derechos o el sistema. Creo que es inconstitucional porque según nuestra Constitución todos tenemos derecho a la vida, pero la ley contra el aborto le niega ese derecho a las mujeres embarazadas".
Después de ser puesta en libertad, Cristina soñaba con ser abogada "y ayudar a tras mujeres. Pero mis antecedentes criminales me han cerrado muchas puertas. Nadie me da empleo". Por ese motivo decidió abandonar su país. Ahora vive como indocumentada en Estados Unidos.
Detrás de la determinación de abortar de cada mujer o adolescente, o peor aún de cada niña, hay un drama individual y colectivo. Entre un 25 y un 40% de los embarazos en México no son planificados y uno de cada cinco afecta a adolescentes, muchas de las cuales abortan atrapadas en su calvario porque no les queda más remedio. En buena parte de América Latina la magnitud de la tragedia aumenta por las incontables trabas médicas y legales que dificultan estas decisiones.
Las legislaciones que regulan el aborto responden a una casuística muy amplia. El Salvador, Chile, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Surinam lo prohíben totalmente. Otros países como Guatemala, Paraguay, Perú, Venezuela, Ecuador y Bolivia, lo consideran ilegal, salvo que esté amenazada la vida o la salud de la mujer. Caso contrario, se castiga con prisión tanto a las mujeres como a los médicos que lo practiquen. En el otro extremo, solo Uruguay, Cuba, Guyana, Puerto Rico, algunos (pocos) países del Caribe y el Distrito Federal en México permiten abortar de forma libre y gratuita.
El pasado mes de diciembre se cumplió un año desde la aplicación de la nueva legislación de Uruguay sobre el aborto, objeto de treinta años de una batalla política de rara intensidad. Este país era el cuarto que autorizaba el aborto en América Latina, después de Cuba, Guyana y Puerto Rico. En este último la ley teóricamente prohíbe el aborto que no esté indicado por un médico para proteger la salud de la embarazada, pero esa ley contraviene un dictamen del Tribunal Supremo de EE UU que es de aplicación también en la isla al afectar a derechos fundamentales.
La legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en Uruguay tiene, sin embargo, una importancia inédita en Latinoamérica, teniendo en cuenta las restrictivas legislaciones de los países de su entorno como Brasil y Argentina.

Mujeres salvadoreñas en una una protesta para exigir la despenalización del aborto. / EFE

Irán, Ghoncheh Ghavami encarcelada por asistir a un partido de voleibol masculino

Ghoncheh Ghavami, quien lleva detenida tres meses, pasó 41 días en régimen de aislamiento.

Según publica el periódico británico The Independent, mañana se cumplirán tres meses desde que la británica de origen iraní Ghoncheh Ghavami, licenciada en derecho por la Universidad de Londres, fue detenida en Teherán tras asistir a un partido de voleibol masculino.

Fue el 20 de junio en un juego por la Liga Mundial de este deporte. Irán venció a Italia en un estadio repleto de aficionados que celebraron el triunfo contra la medallista de bronce de los pasados Juegos Olímpicos en Londres.
La alegría de Ghavami, de 25 años, se transformó en angustia cuando fue detenida y llevada a una comisaría.
En principio fue dejada en libertad, pero cuando regresó unos días más tarde para recoger sus pertenencias fue arrestada y trasladada a la prisión de Evín, conocida por ser el destino de los reclusos políticos.
Desde entonces ha pasado 87 días detenida, 41 de los cuales los pasó en régimen de aislamiento.
La orden que prohíbe a las mujeres presenciar encuentros de fútbol entró en vigencia en 1979 y se extendió a los de voleibol en 2012, según informó Amnistía Internacional. Esta organización y otros movimientos realizan campañas pidiendo la liberación de Ghoncheh Ghavami y el acceso de mujeres a los recintos deportivos.
La organización de defensa de los derechos humanos explicó que el debate sobre la prohibición se había reactivado unos días antes cuando se les permitió a las mujeres de la delegación brasileña el acceso al estadio para el partido entre su selección e Irán el 13 de junio. Las mujeres iraníes no pudieron pasar.A raíz de esta discriminación, decenas de mujeres y hombres se congregaron delante del estadio Azadi de Teherán para reclamar el derecho a la igualdad de acceso para todos durante el partido frente a Italia. Varias de las personas presentes fueron detenidas, entre ellas Ghoncheh.
Su hermano, Iman Ghavami, aseguró a la BBC que ella "sólo había ido al estadio a mirar el juego".
"Está viviendo una pesadilla. Todos queremos que acabe", pidió el hermano de Ghoncheh Ghavami.
Esta semana las autoridades iraníes presentaron formalmente cargos contra Ghoncheh acusándola de propaganda contra el Estado.
La cancillería británica es consciente de la situación, pero advirtió que su capacidad para asistir a ciudadanos británicos en dificultades "es limitada" en Irán y que es "poco probable que permitan cualquier acceso consular".
El caso tampoco se incluyó en la agenda de la conversación que sostuvo el primer ministro británico, David Cameron, y el presidente de Irán, Hassan Rouhani, durante la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York. 
Las mujeres iraníes no tienen problemas de seguir a las selecciones de su país cuando juegan en otros países. 
Más de 450.000 firmas se han sumado a la petición de libertad para Ghoncheh Ghavami, la joven iraní con pasaporte británico detenida en Teherán. Su hermano, Iman, ha movido la campaña en la página web Change.org y ha intentado llevar su caso esta misma semana en Nueva York ante el pesidente iraní Hassan Rouhani.
"Mis padres están devastados: nos han negado la posibilidad de visitarla en la prisión", declaró Iman antes de partir hacia Nueva York. "Lo único que sabemos es que su caso va a acabar en manos de un tribunal revolucionario", añadió el mismo.
"La incertidumbre es total y mi padre, que es médico, ha sido incapaz de trabajar durante tres meses", declaró Iman a The Guardian, antes de partir hacia Nueva York. "Mi hermana tiene la sensación de que va para largo. Es una chica dura y está bastante entera, pero está angustiada por lo que pueda pasar", añadió para el periódico inglés.

Una mujer sostiene un cartel para reclamar la liberación de Ghoncheh Ghavami en Lodz (Polonia). EFE

España, 27 de septiembre de 1975: Últimas ejecuciones de la Dictadura de Franco

Las últimas ejecuciones del franquismo fueron también los últimos fusilamientos del régimen franquista y se produjeron el 27 de septiembre de 1975 en las ciudades españolas de Madrid, Barcelona y Burgos, siendo ejecutadas por fusilamiento cinco personas: tres militantes del FRAP, José Humberto Baena, 24 años, José Luis Sánchez Bravo, 33 años, y Ramón García Sanz, 27 años, y dos militantes de ETA político-militar, Juan Paredes Manot (Txiki), 21 años, y Ángel Otaegui, 33 años. Estas ejecuciones, las últimas de la dictadura franquista, poco antes de la muerte del general Francisco Franco, levantaron una ola de protestas y condenas contra el gobierno de España, dentro y fuera del país, tanto a nivel oficial como popular.
En los juicios sumarísimos celebrados en Madrid y Barcelona, a mediados de septiembre, habían sido condenadas once personas, pero la "magnanimidad" de Francisco Franco, Caudillo de España, permitió que la pena de muerte fuese conmutado por la cadena perpetua a seis de los condenados. El 27 de septiembre, haciendo caso omiso a las peticiones de clemencia que llegaron de todo el mundo, incluyendo al entonces Papa Pablo VI, Jefes de Gobierno de una gran multitud de países, diversas organizaciones humanitarias, etc. Franco ordenó los fusilamientos de los cinco condenados cuyas penas nos fueron conmutadas. Dos meses antes de su propia muerte, Franco no tuvo piedad.
José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz, Angel Otaegui y Juan Paredes Manot (Txiki) fueron asesinados por diversos grupos de voluntarios de la Guardia Civil y la Policía Armada en otros tantos pelotones de ejecución mientras eran jaleados por muchos.
A Txiki lo fusilaron junto al cementerio de Collserola, en las afueras de Barcelona. Otaegi, fue fusilado sin testigos, a las nueve menos veinte de la mañana, en la prisión de Burgos. José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz fueron fusilados en el campo de tiro de artillería del ejército de Hoyo de Manzanares. A las 9:10, el pelotón de fusilamiento compuesto por guardias civiles o policías disparó contra Ramón García Sanz, al cabo de 20 minutos era José Luis Sánchez Bravo quien enfrentaba a sus asesinos. Posteriormente los guardias civiles dispararon contra Baena. A las 10:05 todo había concluido. José Humberto Baena tenía 24 años cuando lo ejecutaron. Su triste destino fue ser el último fusilado del franquismo.
En la tumba de Juan Paredes Manot está escrita, como epitafio, una frase del Che Guevara: "Mañana, cuando yo muera, no me vengáis a llorar, nunca estaré bajo tierra, soy viento de libertad".
El único civil que presenció las ejecuciones fue el párroco de Hoyo de Manzanares, "D. Alejandro". Durante estos años, siempre ha rechazado relatar lo que vio, pero, lejos de las cámaras fotográficas, accedió posteriormente a recordar el horror: "Además de los policías y guardias civiles que participaron en los piquetes, había otros que llegaron en autobuses para jalear las ejecuciones. Muchos estaban borrachos. Cuando fui a dar la extremaunción a uno de los fusilados, aún respiraba. Se acercó el teniente que mandaba el pelotón y le dio el tiro de gracia, sin darme tiempo a separarme del cuerpo caído. La sangre me salpicó".
El dictador, al que apenas le quedaban dos meses de vida, ignoró como había hecho siempre todas las peticiones de clemencia (lo mismo que todos los ministros de su gobierno que aprobaron por unanimidad el fusilamiento).
En el País Vasco, hubo una huelga general, seguida mayoritariamente, en pleno Estado de Excepción; en diferentes ciudades españolas se multiplicaron paros y protestas. El clamor mundial contra las ejecuciones no cesaba. El abogado suizo Chistian Grobet que asistió como observador al consejo de guerra de Txiki, en nombre de la Federación Internacional de Derechos del Hombre y de la Liga Suiza de Derechos del Hombre, dijo en su informe del 12 de septiembre: "Jamás el abajo firmante… ha tenido un impresión tan clara de asistir a un tal simulacro de proceso, en definitiva a una siniestra farsa…".
La respuesta del régimen fue convocar una manifestación, el día 1 de octubre, de adhesión en la madrileña Plaza de Oriente que el dictador, en muy mal estado físico, presidió acompañado del entonces príncipe Juan Carlos. Con voz trémula, y aquejado de fuertes temblores, el general dijo a la multitud que: "Todo lo que en España y Europa se ha armao obedece a una conspiración masónico-izquierdista, en contubernio con la subversión comunista-terrorista en lo social, que si a nosotros nos honra, a ellos les envilece". Fue la última aparición pública del dictador Francisco Franco, que fallecería poco después: el 20 de noviembre de 1975.

Los fusilamientos del 27 de septiembre horrorizaron a la opinión pública nacional e internacional. Las irregularidades en los procesos, en los que se acusaba a los condenados de ser autores directos o indirectos de la muerte de varios miembros de las fuerzas del orden, habían sido abundantemente puestas de manifiesto por relevantes juristas europeos. El día 29, el presidente mexicano, Luis Echevarría, quien había ayudado sin disimulo al nacimiento de la Junta Democrática, pidió al secretario general de las Naciones Unidas que suspenda la pertenencia de España a la ONU. La reacción del régimen fue fulminante: se prohibió a las emisoras de radio emitir rancheras.
Luis Eduardo Aute compuso tras los fusilamientos la canción "Al alba", dedicada a los cinco condenados. Para burlar la censura, convirtió la protesta en un bello poema de amor que enseguida grabó la cantante Rosa León.

Nuestro eterno recuerdo para: José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz, Angel Otaegui y Juan Paredes Manot (Txiki).