Palestina, Radiografía de los hospitales palestinos

Niños heridos por las bombas de Israel.

El portal BBC Mundo publica hoy en espeluznante artículo sobre la situación de los hospitales, y los pacientes, en Palestina tras un mes de bombardeos indiscriminados hacia la población civil.

"En un cuarto del hospital kuwaití en Rafah, en la Franja de Gaza, los cadáveres de cuatro niños son apilados en una nevera para helados y comestibles, porque ya no hay espacio en las morgues", esta es la escena que se encuentra periodistas que cubren in situ el conflicto, y que describe el mencionado artículo.

"Frente al edificio yacen los cadáveres de toda una familia, mientras los cuerpos más pequeños son besados por mujeres que sollozan".
La escena atestiguada hace 24 horas por un corresponsal de la agencia Associated Press en Gaza apunta al horror que los médicos presentes en el territorio deben confrontar cada día.
Sólo el domingo hubo más de 180 bombardeos israelíes en Gaza según corresponsales y el número de palestinos muertos, en su mayoría civiles, supera 1.800 desde el inicio de la ofensiva hace cuatro semanas. Los heridos son más de 9.000.

Un niño herido en el hospital Al Shifa este lunes. Los médicos en Gaza dicen estar "más y más desesperados".

"La mayoría de las heridas son muy serias. Mi impresión es que cerca del 70% de los heridos permanecerán discapacitados, su vida jamás sera la misma", dijo a la agencia AFP el doctor Ghassan Abu Sitta, cirujano plástico de la Universidad Americana en Beirut quien llegó a Gaza con la organización Ayuda Médica para los Palestinos (MAP, por sus siglas en inglés).
"Yo operé a un niño de 8 años que había perdido a toda su familia y la mitad de su cara, incluyendo un ojo. Y el otro ojo fue perforado por la explosion de una munición", relató Abu Sitta.
"Tuve que reconstruir de alguna manera su rostro y cubrir sus heridas. No tiene futuro, y todo el tiempo pregunta por qué se apagó la luz", añade el cirujano.
Para Abu Sitta, "la escala de la carnicería en Gaza excede totalmente la capacidad del sistema de salud".

Un tercio de los hospitales han sido afectados por los bombardeos y la mitad del personal no puede llegar a sus lugares de trabajo, según corresponsales.

Michelle Beck, integrante del equipo de Médicos sin Fronteras en Gaza, le dijo a la BBC que el flujo de heridos es incesante. "Algunas de las heridas son tan horribles que es realmente deprimente", comenta el mismo.

"Recibimos heridos cada día y cada noche y debemos realizar operaciones de emergencia para intentar salvar vidas, vemos todo tipo de heridas en extremidades, en pulmones, producto de los bombardeos y explosiones", asegura, entristecido, para la cadena británica.
La BBC preguntó a Beck si los médicos están logrando responder a las necesidades.
"No, no, debo confesar que no lo logramos. Hacemos lo mejor que podemos pero muchas veces las heridas de los pacientes son tan profundas que debemos dejarlos morir para enfocarnos en los que podemos salvar".
"Y en cuanto a la situación general de la salud en Gaza, de las 54 clínicas que operábamos hay sólo 17 funcionando, que ven más de 200 pacientes cada una", agregó Beck.
"El personal palestino trabaja sabiendo que su familia está en zonas que están siendo bombardeadas, y nosotros, poco más de 10 que somos personal internacional, estamos cada vez más y más deseperados. Podemos tratar dos, cuatro, seis pacientes cada noche, pero llega un punto en que es muy difícil manejar esta situación y algunas de las heridas son tan horribles que es realmente deprimente", concluye para la BBC.
Yusuf Al Suaity, médico de un hospital en el norte de Gaza, dijo a la BBC que los médicos enfrentan una grave carencia de todo tipo de material, desde guantes hasta antibióticos, así como combustible.

Cuatro semanas de bombardeos israelíes dejaron al menos 1.800 palestinos muertos y más de 9.000 heridos.

"Intentamos conseguir algo del mercado local y hacemos nosotros mismos manualmente lo que podemos. Tambien recibimos constantemente pacientes por abortos y nacimientos prematuros porque somos el único centro que recibe esos casos", afirmó Al Suaity a la cadena británica.
David Nott, médico británico con el Comité Internacional de la Cruz Roja en Gaza, describió una de las escenas que presenció en el hospital Al Shifa, donde los pacientes deben ser operados en camillas comunes o trolleys de emergencia porque no hay suficientes salas de operaciones.
"Gaza está llena de gente, de casas. Cuando escuchamos ataques sabemos que pronto arribará un gran número de heridos". Y añade, "Nadie en Gaza está a salvo. Yo estaba en el hospital cuando de pronto llegaron más de 180 heridos. Un cirujano junto a mí estaba llorando, acababa de amputar la pierna de una joven de 19 años que había perdido a su bebé. La paciente era su hermana".
El ataque israelí al hospital Al Shifa muestra las deplorables condiciones en las que sobrevive la población en Gaza, donde los civiles "no tienen un lugar en el que refugiarse", denunció Médicos sin Fronteras (MSF) la pasada semana.
"El ataque a este hospital, donde 2.000 personas habían encontrado refugio, demuestra que los civiles no tienen un lugar a donde ir, y muestra las actuales dificultades para proveer ayuda de emergencia a Gaza", se indica en un comunicado de la organización.
La ONG "condena de la forma más contundente el ataque al hospital Al Shifa, donde hay un equipo quirúrgico de MSF trabajando, y recuerda que se trata del cuarto bombardeo a un centro hospitalario desde que comenzó la ofensiva israelí, el pasado día 8, tras los del hospital General Europeo, el Al Aqsa y el Beit Hanoun".
"Atacar hospitales y sus alrededores es completamente inaceptable y supone una seria violación de la Ley Humanitaria Internacional", dijo Tommaso Fabbri, jefe de la misión de MSF en los Territorios Palestinos Ocupados.
"Cualquiera que sean las circunstancias, los centros de salud y el personal médico debe ser protegido y respetado", agregó.
"¿Cuando el Ejército israelí ordena a los civiles que evacúen sus casas y sus barrios, dónde van a ir? Los ciudadanos de Gaza no tienen libertad de movimientos y no pueden encontrar refugio fuera de Gaza. Están atrapados", dijo a su vez Marie-Noëlle Rodriguez, directora de operaciones de MSF.
La organización denunció, además, que tanto MSF como otras ONG y la Media Luna Roja tampoco puedan trabajar con libertad de movimientos y hayan sido objeto de los ataques israelíes.

Un niño es atendido en un hospital de Gaza.

Por otra parte, la ONG Save the Children alertó la pasada semana del posible cierre de los hospitales de la Franja de Gaza en los próximos días ante la falta de combustible y suministros de agua y electricidad básicos para poder funcionar, lo que conllevaría un considerable incremento de las dificultades para atender, en la zona, a el importante número de heridos que se produce diariamente.

Tras más de cuatro semanas de bombardeos las instalaciones sanitarias de Gaza están funcionando al límite pues se enfrentan a un alto número de casos de traumas, a un aumento de los partos prematuros y a la disminución de suministros médicos, ha indicado Save the Children en un comunicado.

Según la ONG, la falta de suministros básicos y el posterior cierre de los centros sanitarios ante esta falta de existencias podría dejar a un millón de niños sin servicios de salud en "territorio de guerra".

El Comité Internacional de la Cruz Roja se unió a la condena de ONG´s por los ataques que reciben las instalaciones y trabajadores sanitarios.  "La alarmante serie de ataques contra los trabajadores humanitarios, las ambulancias y los hospitales, en la ofensiva israelí contra Gaza, constituyen una grave violación del derecho de la guerra", reza un comunicado hecho público por la organización.

El Comité Internacional precisó que hace unos días un voluntario de la Media Luna Roja Palestina murió mientras intentaba auxiliar a los heridos en Juza (sur de la ciudad de Gaza) y cuando otros voluntarios paramédicos trataron de socorrerlo también fueron tomados como blanco.

También el pasado viernes, otro voluntario fue asesinado y tres resultaron heridos en Beit Hanún.

"Este conflicto está haciendo pagar un costo abrumadoramente alto a los civiles", dijo en un comunicado el CICR, que colabora de forma muy estrecha con la Media Luna Roja Palestina para que ésta pueda cumplir su misión de auxilio a través de los 400 voluntarios con los que cuenta. 

Palestina, Israel bombardea una nueva escuela de la ONU

Varios palestinos lloran la muerte de los alcanzados por un misil israelí que atacó este domingo una escuela de la ONU en el sur de Gaza. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa.

Las tropas israelíes han vuelto a bombardear este domingo una escuela de la ONU en el sur de Gaza a pesar de estar aún en vigor la tregua de 72 horas pactada entre el Gobierno de Benjamin Netanyahu y Hamas a petición de la ONU y EEUU y que fue violada apenas dos horas después de haber comenzado. En este último ataque aéreo han muerto al menos diez refugiados palestinos y otros 30 han resultado heridos.
Un misil lanzado por un avión destruyó la entrada de la escuela ubicada en la ciudad de Rafah, informaron varios testigos, entre ellos, médicos. Cientos de palestinos se encontraban en ese momento refugiados en la zona. El Ejército israelí ha declinado hacer ningún comentario al respecto.
La ONU ha condenado el ataque y exigió una rápida investigación y que los responsables respondan ante la justicia. "Es un ultraje moral y un acto criminal", denunció el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en un comunicado de su portavoz, en el que se refirió al suceso como "otra grave violación de la ley humanitaria internacional". Ban subrayó que los refugios de la ONU deben ser zonas seguras y recordó que se "ha informado repetidamente a las Fuerzas Armadas de Israel de la ubicación de esas instalaciones". "Este ataque, junto a otras violaciones de la legislación internacional, debe ser investigado rápidamente y los responsables deben pagar por ello", defendió Ban. El secretario general de la ONU no ha querido endulzar sus críticas al ataque contra una escuela de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) en Rafah, en el sur de Gaza, que ha causado la muerte de al menos diez civiles palestinos.
Ashraf Al Qidra, portavoz del Ministerio de Sanidad en Gaza, dijo que aviones de guerra israelíes atacaron el complejo y que decenas de personas que se encontraban en el inmueble han resultado también heridas.
El Ejército israelí asegura no tener aún información del ataque, el segundo que cae sobre una escuela esta semana y el tercero en lo que va de ofensiva, y que éste está siendo investigado mientras que la UNRWA aún no se ha pronunciado.
El misil disparado desde un avión impactó en la entrada del colegio de Rafah, según han declarado médicos y testigos presenciales. El lugar se había convertido estas últimas semanas en refugio para miles de palestinos.
El portavoz de UNRWA, Chris Gunness, afirmó en su cuenta de Twitter que la explosión se produjo en las proximidades de la escuela en Rafah que sirve de refugio para unos 3.000 palestinos que han dejado sus casas huyendo de la violencia en Gaza.
Durante la actual ofensiva militar, proyectiles del Ejército israelí han alcanzado en al menos otras cinco ocasiones distintos complejos de la ONU, en varios casos ocasionando numerosas víctimas mortales. El último caso se produjo el pasado 30 de julio cuando quince palestinos murieron y medio centenar resultaron heridos en otro bombardeo en una escuela de la UNRWA en Yabalia, en el norte de Gaza, lo que desató una ola de condenas internacionales contra Israel.
Ban, en su comunicado de hoy, se declaró "profundamente consternado por la espantosa escalada de violencia y por la pérdida de cientos de vidas de palestinos civiles desde la ruptura del alto el fuego humanitario el 1 de agosto". "La vuelta de los combates solo ha exacerbado la crisis humanitaria y sanitaria que está causando estragos en Gaza", lamentó Ban, que urgió una vez más a retomar el alto el fuego y a iniciar negociaciones entre las partes. "Esta locura debe detenerse", subrayó el secretario general de la ONU.
Sanaa Abugerad estaba entre los 3.000 palestinos en el albergue cuando fue atacado. "Vimos las bombas cuando impactaron, y los fragmentos caían como lluvia", dijo para la CNN. "Tenía mucho miedo y la escuela se llenó de humo. Nos echamos agua en nuestros ojos para poder ver", añadió el mismo.

Este ataque se une al que ha llevado a cabo Israel esta madrugada, cuando ha vuelto a asesinar a al menos 30 palestinos esta noche en la ciudad de Rafah, al sur de la Franja. Otras 20 personas han resultado heridas en este último ataque según informaron fuentes médicas, que elevaron el número de muertos palestinos desde el 8 de julio a 1.737.
Ashraf Al Qidra, portavoz del Ministerio de Sanidad, dijo que el peor de los ataques se produjo en la ciudad de Rafah, en el sur de la franja, donde un cazabombardero israelí alcanzó una vivienda en la que murieron diez personas y otras diez sufrieron heridas de distinta consideración. "Las ambulancias se llevaron a las víctimas mortales y a los heridos a un hospital cercano, mientras se busca a posibles supervivientes bajo los escombros del edificio", señaló el portavoz al destacar que varios edificios a su alrededor sufrieron también graves daños. Los otros cinco palestinos murieron a primera hora de hoy en ataques en varias zonas de la Franja, entre ellas el campo de refugiados de Nusseirat, cerca de Rafah.
Después de que las fuerzas israelíes se hayan retirado de los centros urbanos en el norte y este de la franja, en el sur permanece aún una fuerte presencia militar israelí. Con las últimas víctimas, el número de muertos en Gaza desde que comenzó la operación Margen protector se ha elevado a 1.737 y los heridos a 9.080, según Al Qidra.
El periódico digital Público, publicaba, hoy, en una editorial sobre el conflicto que "El Gobierno israelí ya ha comenzado a trabajar para la posguerra formando una comisión interministerial, dirigida por el Ejército, para hacer frente a posibles acusaciones de crímenes de guerra en los foros de justicia internacionales".
Tras matar a más de 1.700 palestinos, dos terceras partes de ellos civiles, con su ofensiva militar en la Franja de Gaza, Israel ya ha empezado a trabajar para evitar posibles acusaciones de crímenes de guerra en una eventual investigación internacional sobre la llamada operación Margen Protector.
La ONU reclama una "investigación rápida" del ataque y que los responsables "respondan" ante la justicia. Los refugios de Naciones Unidas deben ser "zonas seguras, no zonas de combate", insistió el organismo internacional, manifestando que las Fuerzas Armadas de Israel han sido informadas "repetidamente" sobre la localización de este tipo de refugios.
La Unión Europea, por su parte, también pidió el fin "inmediato" de la "intolerable" violencia en Gaza, aunque también insistieron en el derecho "proporcionado" de Israel a defenderse de los cohetes de las milicias de Hamás.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU acordó el pasado 23 de julio crear una comisión internacional para investigar las posibles violaciones cometidas durante la ofensiva israelí en Gaza pero el Gobierno israelí puede estar tranquilo, de la misma manera que puede estar tranquilo los pilotos de los F-16 estadounidense que dispararon sus bombas estadounidenses sobre la casa de las familias palestinas y luego regresaron a sus bases como tenían previsto. Las posibles denuncias que se hagan después de la guerra caerán en saco roto, como cayeron las de guerras anteriores contra los palestinos, o la terrible destrucción civil que causaron las bombas israelíes en la guerra de Líbano de 2006, sin contar con los aproximadamente 1.300 libaneses muertos, en su inmensa mayoría civiles.
El sistema democrático, con su vistoso juego democrático incluido, tiene estas cosas. Los grandes paladines de la democracia en Europa, con los dirigentes de Alemania (Angela Merkel) Reino Unido (David Cameron) y Francia (François Hollande) a la cabeza, no moverán un dedo para perseguir las tropelías que se han cometido en Gaza durante los pasados 27 días que ya dura el bombardeo.
Poco importa que el sistema sea palmariamente injusto. Lo importante es meter miedo a la gente y mantener la lucha contra viento y marea llenándose la boca con la palabra "democracia", aunque lo que suceda tenga muy poco que ver con la democracia.

Un grupo de palestinos intenta rescatar a un chico de entre los escombros del edificio destruidos por las bombas.

IBRAHEEM ABU MUSTAFA (REUTERS).

Argentina, Paula: La historia de una joven que persiguió a su abusador sexual por 13 años

Jueves, 19 horas. Paula frente a Tribunales. Fue hasta allí a esperar que trasladaran a la cárcel a su abusador, el empresario Alberto Pampín. Lo habían detenido el día anterior./JUAN MANUEL FOGLIA web Clarín.

Esta es la historia de una mujer de 27 años que estuvo en el infierno. Cuando era sólo una nena, sus padres permitían que abusaran de ella a cambio de dinero. A los 14, la entregaron para que otros la prostituyeran. Hasta que se animó a contar su situación en el colegio. El diario argentino Clarín publica su historia en la edición de hoy domingo.
"Yo no entendía por qué la vicerrectora lloraba mientras me escuchaba", recuerda, hoy, para el diario argentino.
Aquel fue el disparador de una lucha que empezó hace 13 años, cuando logró liberarse de los proxenetas, y que tuvo uno de sus capítulos finales este miércoles, el día en que condujo a la Policía hasta un empresario condenado por haber pagado para abusarla y que se encontraba prófugo.
"Yo no podía permitir que se salieran con la suya", le dice Paula a Clarín. La parte judicial de su batalla tuvo un punto inédito en 2005, cuando la Justicia autorizó su pedido de querellar a sus propios padres. La causa los incluyó a ambos, a los dos proxenetas que alquilaban los departamentos donde la explotaban sexualmente y también al empresario que cayó el pasado miércoles: Alberto Pampín, un "cliente especial", propietario de una gigantesca empresa de iluminación de eventos.
La Corte Suprema confirmó la condena de los cinco imputados en 2013, pero los tres hombres se fugaron y se pidió su captura a Interpol. Paula se involucró en la búsqueda y fue ella quien localizó al empresario, lo siguió y llevó a la Policía hasta el banco del barrio porteño de Villa Mitre donde finalmente lo arrestaron.
A Paula –el nombre es ficticio, para protegerla– no le resulta sencillo contar su drama. Le tiembla la voz y le cuesta respirar. Sus ojos verdes y tristes no dejan de mirar la puerta de la Alcaidía de Tribunales. Es el jueves pasado, son las 19 y ella se plantó allí para mirar salir a Pampín esposado, rumbo a la cárcel. "Quiero verle la cara a ese hijo de puta y gritarle por todo lo que me hizo", le decía a Clarín en una entrevista publicada este domingo.
Y empieza su relato. "Desde los cuatro años, mi papá, un policía de la Federal, dejaba que abusaran de mí a cambio de plata. Mi mamá lo permitía. Incluso cuando estaba en lo de mi tía y la iban a visitar amigos, ella miraba para otro lado mientras me violaban. Después, le dejaban unos pesos en una mesita", describe su infancia en Moreno, antes de que naciera su hermanita y de sus tres intentos de suicidio.
En marzo de 2001, cuando tenía 14 años, la mandaron a una casa ubicada en la calle Sánchez de Bustamante, en Capital diciéndole que iba a cuidar a mellizos.
"Mi papá me entregó. Y el dueño abusaba de mí. Si a esos chicos los vi dos veces fue mucho. No hacía nada más que ir al colegio", dice Paula. De aquel hombre, según consta en la causa, no recuerda ni el nombre y por eso nunca pudieron hallarlo.
Desde allí la enviaron a prostituirse a dos lugares diferentes: uno estaba en el primer piso de Uruguay 459 y, el otro, en Gallo 1527. En ese lugar, donde la llamaban "Florencia", conoció a Alberto Pampín. "Me obligaba a consumir cocaína cada vez que estaba conmigo porque le gustaba hacerlo así. Lo consideraban un cliente especial", relata. "Había que atenderlo mejor que a otros porque, además de ir seguido, dejaba una cantidad de dinero importante", añade a continuación. Para explicar después que la recepcionista del lugar le había pedido que intentara "no contradecirlo en sus pretensiones para no perderlo".
Parte del dinero que cobraban por sus servicios se lo entregaban a su madre, previa quita para pagar "su lugar" en los departamentos. "Mi mamá me amenazaba con que, si huía, mi hermanita de 2 años iba a sufrir las consecuencias", le dice Paula al periódico argentino.
Paula nunca dejó de ir al colegio. Un día se animó a contarle a una profesora lo que le pasaba y empezó su lucha. Nunca más volvió a los lugares donde le obligaban a prostituirse. "Fui a la Defensoría de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de Flores y luego a un hogar", cuenta. Habían pasado ocho meses desde que la obligaron a prostituirse la primera vez.
El 21 de mayo de 2005, a los 17 años, logró impulsar definitivamente la causa judicial. Patrocinada por abogados del Consejo de los Derechos de los Niños de la Ciudad de Buenos Aires, le pidió a la Justicia querellar a sus papás.
La autorizaron. En 2010, el Tribunal Oral N° 17 condenó a sus padres, Delmar S. y Mónica R., a 10 años de prisión por abandono de persona agravado por el vínculo; a Osvaldo Aníbal Valdéz y a Hugo César Peña, a 8 años por promoción de la prostitución de una menor (eran los explotadores); y a Pampín, a 5 años por el mismo delito. Según la causa, el empresario quedó involucrado porque pagaba con cheques por los "servicios" de prostitución y a su vez los proxenetas los endosaban para abonar el alquiler de los departamentos.
Los padres fueron presos, sin embargo, en un absurdo de la justicia, los tres hombres lograron esperar en libertad la confirmación de las condenas. En 2013 la Corte, con el voto en disidencia del juez Eugenio Zaffaroni, ratificó las mismas. Pero los proxenetas y Pampín no se presentaron; Valdéz sigue prófugo, a Peña lo arrestaron este año y al empresario lo halló Paula.
"En noviembre lo vi lo más feliz y contento en una foto de Tecnópolis. No lo podía creer. Tenía pedido de captura de Interpol. Hice que una amiga llamara a su empresa y atendió él. Monté guardia ahí y lo reconocí. Le avisé a la Policía y lo agarraron", le explica a Clarín.
Paula ahora quiere encontrar a Valdéz, mientras prepara el cumpleaños de 15 de su hermana, de quien obtuvo la guarda a los 21 años. Ahora, y tras un largo calvario, estudia Derecho: quiere ser penalista.

Paraguay, Un nuevo Informe Chokokue denuncia los indiscriminados asesinatos de líderes campesinos

Manifestación contra la inseguridad que viven los campesinos. Codehupy

La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), una organización que nuclea a 26 organizaciones sociales y no gubernamentales titulares y a 5 organizaciones adherentes, presentará el próximo 6 de agosto una nueva edición del informe Chokokue, en el que denuncia la muerte todavía impune de 115 campesinos paraguayos entre los años 1989 y 2013. Si bien el detalle del informe aún se desconoce, sus investigadores adelantan que "existe un plan sistemático de ejecuciones en el país. Desde el año 1989 al 2013, suman 115 los campesinos e indígenas asesinados".
El informe Chokokue será presentado frente al Panteón de los Héroes, en Asunción, para documentar públicamente la espiral de violencia que ha segado la vida de 115 campesinos paraguayos en los últimos años. La cifra aumenta dramáticamente si se tiene en cuenta el primer informe de este estilo presentado el 28 de junio de 2007, cuando se informaba sobre las ejecuciones arbitrarias de 77 dirigentes y militantes de las organizaciones campesinas. En 7 años, el crecimiento de víctimas ha sido exponencial y no ha cesado en este 2014.
"Los datos obtenidos demuestran la existencia de un inaceptable patrón de violaciones de derechos humanos en contra de un sector social organizado, caracterizado por su gran capacidad de incidencia para la transformación de la injusta e inequitativa estructura de la tenencia de la tierra.
Estas organizaciones exigen el cumplimiento efectivo por parte del Estado de una reforma agraria integral que facilite la distribución de lotes agrícolas a la gran proporción de población rural que no accede por sus propios medios a ese recurso, necesario para la protección de sus derechos al trabajo, a la alimentación y a la vivienda adecuada, entre otros", decía el primer informe Chokokue.
El estudio registra, caso a caso, los asesinatos registrados por distintas vías y modus operandi en el territorio paraguayo, afectando especialmente al campesinado en su lucha por la tierra.
"Se documenta el patrón de violencia estatal e impunidad judicial en contra de organizaciones campesinas en el marco de la lucha por la tierra", se indica desde Codehupy. Esta edición a presentarse este mes de agosto comprende una actualización de los casos, con el objetivo de dar seguimiento a esa investigación, abarcando el periodo de 1989 a 2013.
Todas las muertes están impunes, asegura el informe Chokokue, y es la principal conclusión de un texto que supera el centenar de páginas y de víctimas. El informe recoge datos y recrea la historia y los posibles móviles de la muerte de estas personas, sus reparaciones, casos llevados a la Justicia y la movilización de esos actores sociales hoy desaparecidos físicamente.
"Muchos dirigentes campesinos (Mariano Jara, Toto Lezcano, Vidal Vega, por citar a algunos emblemáticos, líderes de sus comunidades) fueron víctimas ya del modelo sicario. Personas jóvenes que van, preguntan por la personas y, al salir éstas, llenan sus cuerpos de balas", se adelanta. En diferentes capítulos se expone el escenario en el cual se registran las muertes, como el avance de las empresas agro industriales en el campo paraguayo, la presión de las grandes corporaciones para frenar el modelo de agricultura familiar, la insensibilidad estatal y su sometimiento al poder económico trasnacional. La investigación llega más lejos aún al denunciar un "plan sistemático de ejecuciones en la lucha por el territorio campesino". El equipo de investigación de este informe estuvo encabezado por el abogado Hugo Valiente.
"La protesta campesina durante la democracia sufrió la violenta represión de los organismos de seguridad del Estado y la criminalización de sus medios de expresión. Además de la prisión por el delito de invasión de inmueble ajeno, violentos desalojos, destrucción de viviendas y bases de supervivencia alimentaria, la acción represiva del Estado y de los propietarios implicó la eliminación física de activistas por parte de agentes del Estado y de civiles armados que habrían sido organizados por terratenientes que empezaron a operar en las zonas rurales". El texto citado es parte del primer informe Chokokue. Allí la Codehupy denuncia que en este contexto se produjeron al menos 75 ejecuciones arbitrarias y 2 desapariciones forzosas de dirigentes y miembros de organizaciones de trabajadores rurales, en el periodo comprendido entre el 3 de febrero de 1989 y el 26 de junio de 2005.
"Estas graves violaciones al derecho a la vida respondieron a un plan encaminado a detener espirales de protesta, atemorizar a comunidades y organizaciones campesinas y desalentar las ocupaciones. Las ejecuciones arbitrarias y desapariciones forzosas se concentran en las zonas geográcas del país en donde se dieron los principales focos de conflicto por el derecho a la tierra. Afectaron a las organizaciones de campesinos sin tierra, pobres en su lucha contra el latifundio y por la reforma agraria", señala el texto.
Una víctima de aquel informe, que se encuentra en el presente documento, es Gumercindo Pavón Díaz (CI N° 2.974.519), quien nació el 13 de enero de 1976 en Colonia Sargento José Félix López (Puentesiño), departamento de Concepción, hijo de Luis Pavón Gayoso y Santa Díaz.
Tenía 22 años cuando fue víctima de una ejecución arbitraria. Su padre trabajó como peón durante 35 años en la estancia Santa Sofía, establecimiento propiedad de la firma CIPASA; su madre era ama de casa, y había fallecido unos 5 años antes de la ejecución de Gumercindo, como consecuencia de una mordedura de una serpiente venenosa en el establecimiento. Al igual que su padre, trabajaba como peón por temporadas en la estancia Santa Sofía y como agricultor en la tierra propia que habían conseguido en la lucha por la expropiación del latifundio CIPASA, en el asentamiento Norte Pyahu, departamento de Concepción, donde vivía con su padre y hermanos cuando fue víctima de una ejecución arbitraria.
El martes 10 de noviembre de 1998, Gumercindo Pavón Díaz se encontraba en su casa, en el asentamiento Norte Pyahu, en compañía de su primo Víctor Fernández Tavares. Narra el documento que fueron emboscados por parapoliciales de la empresa, quienes les dispararon. Gumercindo cayó herido de bala y murió horas más tarde cuando sus familiares intentaban trasladarlo a un centro de salud.
"La protesta campesina en reclamo de una reforma agraria integral, que explotó vivamente después de la caída de la dictadura del general Alfredo Stroessner (1954-1989), fue objeto de una violenta represión durante los años de la democracia. La estrategia represiva conllevó la eliminación física de militantes por parte de agentes del Estado y de civiles armados que empezaron a operar en las zonas rurales, organizados por terratenientes.
Este contexto marca una preocupante continuidad con la política de violación flagrante de los derechos humanos en contra de disidentes políticos, como sucedía durante la dictadura", denuncia el informe.
Durante el periodo posterior al cubierto por el Informe Chokokue (2005 en adelante), los casos de ejecuciones arbitrarias, torturas y criminalización de la protesta social continuaron perpetrándose a medida que el conflicto agrario se desarrollaba. Estos hechos fueron recogidos en los informes "Derechos Humanos en Paraguay" correspondientes a los años 2005-2011 y demuestran que persistió el patrón de respuestas represivas al problema social derivado de la inequitativa estructura de tenencia de la tierra, incluso con posterioridad a la salida del partido Colorado del Poder Ejecutivo en el 2008.
Paraguay sigue arrastrando los efectos de las políticas sobre la propiedad de las tierras del siglo XIX, y según un estudio del Ministerio de Agricultura y  Ganadería de 1991, el 1% de las explotaciones de más de 1.000 hectáreas representan cerca del 80% de la superficie total, mientras que el 80,6% de las explotaciones agrícolas poseen menos de 20 hectáreas y ocupan el 6,1% de la superficie.
Según el informe Chokokue, una distribución de tierras con esa desigualdad no existe en otro país del mundo.

Campesinos paraguayos marchan en una protesta contra la política de tierras.

Uno de los casos más mediáticos de la lucha entre los latifundistas, las autoridades y los campesinos tuvo lugar en Campos Morombí, o Marina Kue, como se conoce comúnmente entre los vecinos de la ciudad de Curuguaty. Esa localidad fue el escenario del mortal enfrentamiento entre los labriegos y la policía. Posteriormente, la masacre sirvió como pretexto para destituir al presidente Fernando Lugo, democráticamente elegido, tras un juicio político enturbiado por falta de procedimientos adecuados y declaraciones infundadas.
Los campesinos afirmaron que la propiedad pertenece al estado y que el exdictador paraguayo
Alfredo Stroessner, la había cedido ilegalmente a Blas Riquelme. Exsenador del Partido Colorado, poderoso hombre de negocios y uno de los amigos íntimos del dictador, Riquelme había declarado que la tierra era de su propiedad.
Casos como este son frecuentes en Paraguay, uno de los países de Sudamérica con mayor desigualdad y donde, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura (FAO), más del 80% de la tierra está en manos de menos del 2% de la población.
Cuando 300 policías antidisturbios entraron en Marina Kué para desalojar a 50 campesinos que habían ocupado los campos, incluyendo mujeres y niños, se produjo un tiroteo que causó las muertes tanto de policías como de campesinos. Aunque no está claro quién ni cuándo empezó el tiroteo, el Fiscal del Estado se apresuró a presentar cargos contra once campesinos.
Para añadir ambigüedades al caso, la investigación judicial se ha centrado únicamente en las muertes de los policías, mientras que las de los campesinos, las denuncias de tortura, las ejecuciones sumariales y otras violaciones de los derechos que sufrieron los civiles han pasado desapercibidas.
El pasado mes de marzo Eusebio Torres, dirigente campesino paraguayo, que llevaba años luchando por recuperar tierras estatales ocupadas por latifundistas, fue asesinado a balazos por presuntos sicarios. Torres, de 67 años, recibió cinco disparos mientras conversaba con su hija sentado en la puerta de su casa en la colonia campesina Santa Lucía, distrito de Itakyry, departamento de Alto Paraná.
Según Codehupy, la violencia estatal e impunidad judicial actúan en un contexto de avance de los agronegocios, lo que representa una presión sobre la agricultura familiar y la sujeción del Estado a los poderes empresariales.
"Estas organizaciones (campesinas) exigen el cumplimiento efectivo por parte del Estado de una reforma agraria integral que facilite la distribución de lotes agrícolas a la gran proporción de población rural que no accede por sus propios medios a ese recurso, necesario para la protección de sus derechos al trabajo, a la alimentación y a la vivienda adecuada, entre otros", sostuvo Codehupy en el año 2010.
En noviembre del año pasado, un informe de una Misión Internacional de DDHH denunció que con el argumento de la "persecución al enemigo interno" – Ejército Popular Paraguayo- el Estado Nacional instauró un “estado de excepción” a través de cual profundizó la prácticas represivas.
"El Estado asocia las reivindicaciones por el acceso a la tierra y por un ambiente sano a una problemática de seguridad interna que legitima abusos de autoridad y la instalación de un estado de excepción permanente", destacó el documento elaborado por organizaciones de DDHH de países de todo el continente.

El año pasado la organización civil Servicio Paz y Justicia (Serpaj) de Paraguay denunciaba las vejaciones y violaciones de derechos humanos y civiles cometidas por la Policía Nacional sobre familias campesinas de la localidad de Tacuatí, en el central departamento de San Pedro.

La organización humanitaria visitó la localidad e hizo públicas las denuncias de los campesinos de la zona, quienes aseguran ser víctimas de constantes atropellos perpetrados por fuerzas policiales, e incluso sufrir arrestos arbitrarios sin la existencia de cargos penales en su contra.

En un informe divulgado en Asunción, el ONG denunciaba que al menos 400 familias campesinas son sometidas al acoso de elementos policiales, quienes "se introducen en sus domicilios y usan la violencia para incriminarles con falsedades", además de robarles pertenencias. También denunciaban maltratos y detenciones arbitrarias.

"Los trabajadores rurales son constantemente amenazados de detenciones y maltratados, con el objetivo de vincularlos con hechos de violencia", exponía el texto.
 

Campesinos acusados de la masacre de Curuguaty. Foto de Articulación Curuguaty.

Pakistán, Los ahmadíes: musulmanes sin derecho a serlo

Un centenar de personas acude al lugar en el que tres personas, una mujer y dos niños, fallecieron y otras siete resultaron heridas en un ataque contra una comunidad de la minoría ahmadi. Muhammad Owais - EFE.

Los ahmadíes son un grupo religioso que se considera parte del islam, aunque no se adhieren al sistema de creencias aceptado en opinión de muchos grupos musulmanes ortodoxos.
Los musulmanes ahmadía forman, de acuerdo a su propia opinión, un movimiento reformado dentro del islam, reflexionando sobre la esencia de esta religión. Los musulmanes ahmadía se separan claramente de los grupos militantes y fundamentalistas destacando los elementos pacíficos y tolerantes del islam. No obstante, la gran mayoría de los musulmanes tradicionales consideran que el movimiento ahmadí es apóstata y hereje y que no forma parte del islam. La Liga Mundial Islámica declaró en su conferencia anual de 1974 que los ahmadí no eran musulmanes. Debido a esto los ahmadí han sufrido graves casos de persecución religiosa en muchos países, principalmente en Pakistán donde tiene prohibido predicar, declararse públicamente como musulmanes, orar en público ó en mezquitas no ahmadíes, etc. Se han reportado ataques violentos contra ahamadíes en Pakistán, Bangladés e Indonesia.
Ser ahmadí es una osadía que, en Pakistán, se paga con la vida. Un joven de esta comunidad desató la ira de la mayoría musulmana que les niega. La turba, enloquecida, le acusaba de haber publicado mensajes blasfemos en Facebook. No dudaron en tomar la justicia por su mano. La violencia contra los ahmadíes regresaba a las calles. La impunidad vuelve a ser cuestionada.
Un bebé de ocho meses, de nombre Kainat, una niña, Hira, de siete años y una mujer, Bashiran Bibi de 55 y abuela de las dos menores, se convirtieron el pasado domingo en las últimas víctimas del fanatismo religioso en Pakistán. Pertenecían a la secta más perseguida de Pakistán: los ahmadíes. Murieron asfixiadas después de que una turba de cientos de hombres, guiados por el hijo de un imán, prendiera fuego al pequeño barrio ahmadí en Gujranwala, una ciudad 220 kilómetros al sureste de Islamabad, la capital del país, por una supuesta blasfemia. Como es habitual en estos casos, el pillaje precedió a la destrucción. No en vano los ahmadíes son una comunidad relativamente próspera, en la república islámica de Pakistán. Y como de costumbre, los crímenes fundamentalistas quedarán impunes.
No fueron las únicas víctimas de esta barbarie. De acuerdo con el comunicado de prensa emitido por Ahmadiyya Muslim Community, un total de ocho casas fueron saqueadas e incendiadas por los extremistas. Mubashara Bibi, embarazada de siete meses, sufrió un aborto involuntario.
"La mayoría de ahmadíes optaron por Pakistán -antes que por la India- en 1947, y la ciudad de Rabwah sustituyó a Qadian como centro neurálgico de la comunidad. En pocas décadas su nuevo país los despojó de derechos, arrojando a muchos a la emigración, aunque uno de cada tres ahmadíes siga viviendo allí, como ciudadanos de segunda", comenta el periódico La Vanguardia.
Hace cuarenta años, el padre de Benazir Bhutto, para contentar a los mulás suníes más conservadores, negó a los ahmadíes la condición de musulmanes (a diferencia de lo que sucede en India o Bangladesh). Diez años más tarde, el dictador Zia ul Haq aumentó las restricciones hasta niveles paranóicos. Desde entonces los ahmadíes no pueden saludar con un Salam Aleikum -bajo pena de tres años de cárcel- ni hacer nada "que lleve a pensar que son musulmanes". El término mezquita ya no puede aplicarse a los lugares de culto de los ahmadíes, que tampoco pueden rezar ya con el resto de musulmanes, ni citar versículos coránicos, ni poseer un Corán, ni llamar a la oración, ni peregrinar a la Meca. Ante el cúmulo de coacciones, el jefe espiritual de los ahmadíes, el "sucesor del mesías", se trasladó a Londres, donde sigue. Desde entonces, las críticas a los ahmadíes como "títeres de Occidente" han arreciado entre los islamistas.
"Su humillación se perfecciona cada año. Los pakistaníes musulmanes que quieren un pasaporte deben afirmar por escrito que los ahmadíes no son musulmanes. Esta comunidad tiene muchas dificultades para estar en el censo electoral y suelen boicotear las elecciones. A pesar de todo ello,aún hay religiosos y exjueces que se reúnen con regularidad, arropados por cientos de estudiantes coránicos, en lugares de fuerte población ahmadí, para pedir "que se les apriete más la soga". Que se les niegue el derecho de imprenta y el acceso a empleos públicos. Recientemente, más de cien abogados de Lahore consiguieron el boicot de cierta bebida refrescante en los juzgados, por ser propiedad de ahmadíes", según comenta el corresponsal de La Vanguardia en Nueva Delhi.
Los que han podido emigrar al Reino Unido o a Australia -como también es el caso de los chiíes hazaras- lo han hecho. Hasta en China hay decenas de refugiados ahmadíes.
El punto de inflexión fue en el 2010, cuando dos atentados casi simultáneos contra dos mezquitas ahmadíes en Lahore provocaron 94 muertos y más de cien heridos. Desde entonces, acercarse a los ahmadíes es como intentar acceder a un búnker. El asedio y la vulnerabilidad legal -la ley antiblasfemia está pensada para atenazar a las minorías- les impide abrir la boca. Identificarse o protestar les puede salir muy caro. La protección policial es permanente, a veces con agentes cristianos, más inclinados a solidarizarse con ellos. Pero no logra enmascarar la inquina oficial: los versículos del Corán esgrafiados en la fachada de su templo están zafiamente tapados con plásticos. El muecín lleva treinta años mudo.
Del mismo modo, el único premio Nobel pakistaní, el físico Abdus Salam, ahmadí que quiso ser enterrado en su país, ha sido víctima de una humillación póstuma. En su lápida, que lo reconoce como primer Nobel musulmán, una escarpa ha borrado el epíteto musulmán por orden judicial.

"En Pakistán tratan de convivir diferentes creencias. Se trata de un país de mayoría musulmana: el 97% de los paquistaníes profesan esta religión. Después del Islam, el hinduismo y el cristianismo son las creencias que reúnen a más fieles. La Constitución establece el Islam como religión del Estado y acepta la libertad religiosa de las minorías. 
Sin embargo, una enmienda a la misma realizada en 1974, declara a los ahmadíes una comunidad no musulmana, herética. Ellos se consideran musulmanes. Pero esta consideración despierta la ira de la mayoría musulmana, respaldada por la ley contra la blasfemia. Esta norma legal hunde sus raíces en la era colonial. Fue ideada por los británicos con el fin de prevenir los choques religiosos. En 1980, en cambio, una serie de reformas auspiciadas por el dictador Zia ul Haq endurecieron la ley abriendo la veda al abuso", se puede leer en la web The Objective.
Las minorías en Pakistán sufren las consecuencias del código penal que rige en el país. Según "State of Human Rights in 2013" un informe de Human Rights Watch, la blasfemia se ha convertido en un arma política. Una baza perfecta para castigar a las minorías religiosas que conviven en el país gracias a la legislación vigente.
El artículo 298 del código penal de Pakistán es claro: los ahmadíes no son musulmanes. En base a esta afirmación, el apartado "C" especifica que ninguna persona de esta comunidad que "directa o indirectamente, se plantee a sí mismo como un musulmán, o se refiera a su fe como el Islam, o predique o propague su fe, o invite a otros a aceptar su fe, por medio de palabras, ya sea de forma oral o escrita, o representaciones visibles, o de cualquier manera, atentando contra los sentimientos religiosos de los musulmanes, será castigado con prisión de cualquier tipo durante un período de tiempo que podría extenderse a tres años y podrá ser objeto de una multa", continúa diciendo la web The Objective.