Brasil, La legalización del aborto, un cuestión intocable para los tres candidatos a la Presidencia del país

Manifestación, en Rio de Janeiro, por la legalización del aborto.

La brasileña Jandira dos Santos Cruz, 27 años, desapareció a fines de agosto cuando fue a una clínica clandestina a hacerse un aborto. Estaba embarazada de cuatro meses.
Sus restos calcinados fueron hallados un día después, el 27 de agosto, en el interior de un coche no muy lejos de su casa, en la localidad de Guaratiba, situada en la zona Oeste de Rio de Janeiro.
Las investigaciones preliminares han concluido que a Jandira le practicaron un aborto ilegal que culminó en su muerte. Quienes realizaron la intervención remataron la mórbida faena cortándole las extremidades, arrancándole la dentadura y prendiéndole fuego para dificultar la identificación del cuerpo. No lo consiguieron.
Cinco personas fueron acusadas y la policía aún busca otros sospechosos, incluyendo al falso médico que habría practicado el aborto.
La muerte de la joven, que tenía dos hijos, de nueve y doce años, volvió a plantear el costo humano de una realidad trágica.
El aborto es ilegal en Brasil, pero cada año un millón de mujeres terminan sus embarazos en forma prematura en clínicas prohibidas o con métodos artesanales.
Una encuesta reciente señala que el 79% de la población se opone a la legalización del aborto, pero una de cada cinco mujeres aborta antes de los 40 años.
A pesar de las muertes, el tema no es debatido por los principales candidatos en los comicios presidenciales del próximo 5 de octubre.
A pocos días de la disputa electoral en la que se decidirá el rumbo que tomará Brasil en los próximos cuatro años, la espinosa cuestión del aborto permanece totalmente ausente del debate político. El problema no es menor, pues anualmente se cobra incontables vidas y deja dolorosas secuelas físicas y psicológicas en cientos de miles de mujeres brasileñas que deciden abortar. Según los datos preliminares de un estudio realizado por los investigadores Mario Monteiro y Leila Adesse, un mínimo de 685.334 y un máximo de 856.668 mujeres se sometieron en 2013 a procedimientos de aborto clandestino. Los estudios no revelan, sin embargo, cuántas de estas intervenciones desembocaron en la muerte de la paciente, ya que la clandestinidad y el oscurantismo definen a este submundo en el que resulta casi imposible extraer cifras con un mínimo de precisión. La Organización Mundial de la Salud (OMS), sin embargo, estima que una mujer brasileña muere cada dos días víctima del aborto ilegal.
El aborto continúa siendo un tema tabú en Brasil y ninguno de los tres candidatos a la Presidencia del país propone reformar una ley vigente desde hace años.
En Brasil, el aborto está considerado un delito por el Código Penal de 1984, que establece penas de uno a cuatro años en caso de aborto con consentimiento de la mujer y de tres a diez años para quién lo ejecute sin su consentimiento. Sólo está permitido en tres casos: violación, riesgo de vida para la madre o anencefalia en el feto -ausencia total o parcial de cerebro-.

Jandira Magdalena. Captura de la web R7.com

Los recientes casos de Elizângela Barbosa, de 32 años, y de Jandira Magdalena dos Santos Cruz son sintomáticos de que el aborto aun representa en Brasil un tabú social que transita en la clandestinidad, más que un gravísimo problema de salud pública. Frente a una inmensa mayoría de población católica y evangélica (ambas confesiones aglutinan el 76 % de la población) y la ausencia de un debate público en las últimas décadas, los partidos políticos brasileños optan por mirar hacia otro lado y no hurgar en un asunto que podría volverse peligrosamente contra sus intereses electorales.
A 60 kilómetros de donde fua asesinada Jandira, en la localidad de Niteroi, una ciudad del estado de Rio de Janeiro, el domingo pasado aparecía en una cuneta el cuerpo sin vida de Elizângela Barbosa , madre de tres hijos. La mujer se había sometido un día antes a un aborto clandestino por el que pagó 3.500 reales (1.440 dólares). La autopsia del cadáver encontró un tubo de plástico en el interior del útero aparte de perforaciones en el mismo órgano y en el intestino. El marido de Elizângela fue quien la acompañó hasta el lugar convenido con los abortistas y hoy se expone a una denuncia penal por haber colaborado en la logística de la operación.
Los casos de Jandira y de Elizângela han desencadenado en los último días numerosas detenciones de sospechosos y ríos de tinta en los medios cariocas. Sin embargo, ningún político se ha pronunciado aún sobre la barbarie a la que ambas mujeres fueron sometidas. Y mucho menos sobre los motivos que arrastran a miles de mujeres a someterse a esos dramáticos procedimientos ilegales.
Rosângela Talib, coordinadora de la ONG Católicas pelo Directo de Decidir, una organización que se declara alejada de la doctrina predominante en la Iglesia de Roma, opina que "estas muertes son perfectamente evitables". "La criminalización del aborto desemboca en que las mujeres más pobres caigan con facilidad en estas situaciones trágicas. Con las ricas no sucede tanto ya que pueden viajar al exterior o abortar aquí en centros privados, pero con mejores condiciones sanitarias. Creemos que hay que legalizar el aborto porque es una cuestión de salud pública", sostiene.
Tan sólo en el Estado de Río de Janeiro entre 2007 y 2011 un total de 334 mujeres fueron acusadas y procesadas por la policía por practicar abortos. Un número considerable, 54, eran adolescentes de entre 12 y 17 años. La mayoría pertenecen a familias de escasos recursos y de áreas periféricas, según un estudio de la socióloga e investigadora del Instituto de Estudios de la Religión (ISER), Carla de Castro Gomes.
"El aborto en Brasil no debe ser tratado como un crimen, sino como una cuestión de salud pública", subraya el asesor de Derechos Humanos de Amnistía Internacional, Maurício Santoro, que advierte que el país puede seguir los pasos de El Salvador "si las fuerzas retrógradas de la política brasileña ganan las elecciones".